Huelga de empleados judiciales en Costa Rica se suspende luego de 13 días
Los trabajadores están en contra de que se suba la edad de retiro de 60 a 65 años y a 35 años de trabajo el periodo mínimo para retirarse
Unos 13 mil empleados judiciales retornaron sus puestos de trabajo después de 13 días de huelga general para exigirle a los diputados acoger su propuesta de reforma de las pensiones en el Poder Judicial de Costa Rica. Durante la huelga no hubo juicios, no se emitieron certificaciones, no hubo diligencias internas, ni se atendieron investigaciones criminales. En algunos casos, tampoco se recibieron denuncias.
La Defensoría de los Habitantes publicó el desamparo de una mujer que no pudo denunciar un caso de agresión en que su vida corría peligro, en San Isidro de El General, una ciudad al sureste de San José. En la prensa local y las redes sociales las opiniones consideraban que el gremio judicial solo quería aferrarse a sus privilegios sin importar los crecientes apuros fiscales del país.
La amenaza a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones ha provocado este año un debate público intenso y preocupación a lo largo de todo el país, sobre todo a los 2,8 millones de afiliados al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el principal en Costa Rica. Sus condiciones son inferiores a las del sistema del Poder Judicial, lo que provoca críticas y censura a la huelga iniciada desde el 19 de julio. Para los afiliados al IVM, la huelga carece de validez y solo unos pocos pelean por algo que es de beneficio total nacional, las críticas a los miembros del poder judicial no se hicieron esperar y crearon un aire de descontento frente al resto de la población nacional que queda ante situación más vulnerable y con beneficios más reducidos.
Ahora los 13.000 empleados judiciales podrán jubilarse a los 60 años si son mujeres o 62 los varones; incluso antes si a los 55 si tienen 30 años de servicio. Al pensionarse reciben el 100% del promedio salarial de los últimos dos años, el período de mayores ingresos en la carrera. En la cotización el empleado aporta el 11% del sueldo y el Estado debe aportar el 15,6%, aunque especialistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) consideran que los aportes deberían duplicarse para lograr el equilibrio en el futuro, lo cual aseguran también sería imposible de aplicar. El déficit del fondo de pensiones ronda un monto equivalente a los $9.300 millones de dólares o al 60% del Presupuesto Nacional de 2017.
La huelga, además de paralizar la administración en los juzgados, afectó los servicios de la morgue donde se comenzaron a acumular los cadáveres mientras los familiares de los muertos exigían la entrega de los cuerpos. Los trabajadores de estas oficinas regresaron a sus trabajos al quIGNORE INTO día de huelga aunque el paro no había sido culminado, en parte presionados por un recurso de la Sala Constitucional que se los ordenaba y por el problema sanitario que representaba la aglomeración de restos humanos.
Latin American Post | Carlos Eduardo Gómez Avella
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