Indígenas denuncian malas prácticas de las empresas canadienses en Latinoamérica

Una delegación de representantes de organizaciones de la sociedad civil latinoamericana, muchas de ellas defensoras de los derechos indígenas, ha viajado esta semana a Ginebra para denunciar los múltiples abusos de las corporaciones canadienses en sus territorios.

La delegación con representantes de 50 organizaciones, coordinada por la ONG internacional Amazon Watch, quiere llamar la atención sobre las violaciones de derechos sufridas por pueblos indígenas y otras comunidades en nueve países de la región por al menos 34 firmas canadienses, principalmente empresas mineras y petroleras.

Aunque Canadá no es el único país cuyas firmas participan en este tipo de expolios, la delegación quiere aprovechar que este país será pronto sometido al examen periódico universal sobre su cumplimiento de libertades fundamentales, el próximo mes de noviembre ante el Conejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

"Buscamos que Canadá asuma responsabilidad como cómplice de empresas extractivistas que violan los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo en la Amazonía", señaló a EFE una de las componentes de la delegación, Kari Guajajara, asesora legal de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas del Amazonas Brasileño.

Las organizaciones denuncian por ejemplo que muchas empresas actúan sin el consentimiento expreso ni la consulta a los pueblos indígenas de los territorios, o dañan el frágil ecosistema local al contaminarlo.

Además, "actúan con empresas de seguridad privada y armada para amenazar a los pueblos", y "causan divisiones internas dentro de las comunidades", señala Guajajara.

El ejemplo del Putumayo

El colombiano Brayan Mojanajinsoy, secretario general de la Asociación de Consejos Indígenas de Villagarzón Putumayo, explica como funcionan esas tácticas divisorias en su localidad, donde opera la petrolera canadiense Gran Tierra Energy, que ha causado una grave contaminación al Putumayo, importante afluente del Amazonas.

"Fuimos señalados y estigmatizados por parte de las comunidades no indígenas de la zona, y nuestros líderes fueron amenazados o perseguidos", después de que la firma canadiense ofreciera a los no indígenas puestos de trabajo e inversiones locales tales como pistas deportivas.

"De algún modo buscan cómo comprar y callar a nuestros líderes, aprovechándose del mismo desconocimiento", lamenta Mojanajinsoy, quien subraya que en muchos casos estas actividades de multinacionales atraen la actividad de guerrillas y grupos armados, que ofrecen a esas firmas protección.

La delegación quiere además mostrar el doble rasero de un país, Canadá, cuya imagen exterior es la de un Estado progresista ante la crisis climática y protector del medio ambiente y de los indígenas, algo que según los responsables de esta misión cumple más de puertas adentro que hacia el exterior.

"Dentro de su territorio Canadá cumple con los derechos humanos, incluso seguramente mejor que otros países en América, pero fuera de sus fronteras está violando sus obligaciones de respetar y proteger las libertades fundamentales", subrayó Ana María Suárez, de la organización por el derecho a la alimentación FIAN.

"Queremos evidenciar las contradicciones de Canadá cuando aplica su diplomacia económica en el sur global", añadió Mauricio Terena, coordinador jurídico de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil.

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El oro, la explotación con más abusos

La delegación considera que las firmas canadienses han violado sus obligaciones internacionales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y República Dominicana, concretamente en 37 proyectos, 21 de ellos dedicados a la extracción de oro, 11 a la plata y ocho al petróleo.

Algunas firmas señaladas por la delegación, que ha elaborado tres informes al respecto, son Frontera Energy (responsable de 105 derrames de crudo en Perú), Solaris Resources (que usó "tácticas divisorias" en el pueblo warintza de Ecuador) o Belo Sun, que perjudicó prácticas tradicionales con su proyecto en Volta Grande do Xingu (Brasil).

La delegación busca que su visita a Ginebra ayude no sólo a denunciar las conductas de las firmas canadienses, sino también a mostrar la necesidad de un tratado global que obligue a todas las multinacionales a cumplir determinadas obligaciones en materia de derechos humanos sin importar el lugar donde operan.

Tal tratado, recordó Suárez, se negocia desde 2013 en el Consejo de Derechos Humanos (el mismo órgano que someterá a Canadá a su examen periódico), y según ella las demandas de los actores civiles "se han ido debilitando" conforme avanzan los debates, por la presión de los Estados desarrollados y sus empresas.

"Los testimonios de las comunidades demuestran que es necesario tener un estándar internacional que se aplique a todos los Estados, pues de lo contrario, hay competencia y se van bajando los niveles de protección para atraer inversión, en una suerte de 'dumping' de derechos humanos", aseguró la representante de FIAN.

Aunque en esta ocasión el principal objeto de denuncia, multinacionales de otras procedencias como EEUU, Europa o China también son denunciadas por abusos en sus operaciones en América Latina.

Una delegación similar, de hecho, viajará también a Ginebra a finales de año para denunciar de manera similar los abusos cometidos por firmas chinas en Latinoamérica, aprovechando que en diciembre China también será sometida a su examen periódico por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.