La comunidad internacional pide claridad en las torturas en Venezuela

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Las torturas a presos políticos en Venezuela no son un tema nuevo, pero la muerte de un capitán de la armada ha despertado alarma por violaciones a los derechos humanos

El 29 de junio se supo acerca de la muerte de Rafael Acosta Arévalo, un capitán de corbeta que había desaparecido desde el 21 de junio, cuyo paradero era desconocido hasta dos días antes de su muerte. Después de que su esposa lo había reportado como desaparecido, el 27 de junio se conoció un listado con 13 arrestados acusados de planear un golpe de Estado. 

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Además de las extrañas condiciones en las que había sido acusado, los rastros de tortura en su cuerpo despertaron inquietudes una vez más sobre las condiciones en las que están los presos políticos y sobre las violaciones que se presentan en el régimen de Maduro. En una entrevista para EVTV Miami, Walewska Pérez, esposa del capitán, afirmó que en el tribunal al que fue llevado un día antes de su muerte “estaba sumamente golpeado, en silla de ruedas, no podía hablar, no se valía por sí mismo (…). Lo torturaron mucho, tanto lo torturaron que lo mataron. Lamentablemente no estuvo de acuerdo con lo que estaba pasando en el país”.

Al conocerse la autopsia, se determinó que la muerte había sido a causa de un “edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, debido a rabdomiolisis por politraumatismo generalizado", según publicó el periodista Eligio Rojas en su cuenta de Twitter. Este edema podría haber sido causado por traumatismos que terminaron por romper los vasos sanguíneos y producir una hemorragia. En ella, se determinó también que Rafael Acosta había sufrido quemaduras graves y presentaba 38 lesiones.

Por esto, dos militares fueron detenidos y ahora serán juzgados por el delito de homicidio preterintencional con causal, mas no por tortura, que es el juicio de la comunidad internacional.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado a las organizaciones internacionales para revisar lo que está pasando en Venezuela, pues este es solo un caso más de los cientos que se especula.

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El rechazo por parte de la oposición en Venezuela es evidente. El jueves 4 de julio, el Alto Comisionado publicó un reporte en el que ha trabajado durante el último año en el que evidenció las violaciones a derechos humanos en el país. El excesivo uso de la fuerza y las muertes durante manifestaciones contra el Gobierno son unos de los ejemplos más recurrentes a violaciones que recopiló este informe. En ellas ,“la GNB (Guardia Nacional Bolivariana), la PNB (Policía Nacional Bolivariana), las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) y algunas policías estatales y municipales presuntamente hicieron uso excesivo de la fuerza de manera deliberada, con la finalidad de infundir miedo y desalentar futuras manifestaciones”.

Sin embargo, esta es solo una fracción de lo que las organizaciones internacionales como el Alto Comisionado o Human Rights Watch (HRW) han denunciado. Los presos políticos y las torturas a ellos han sido otro de los puntos a considerar al momento de actuar en contra del régimen de Maduro. 

En cuanto a esto, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización, afirmó que “el gobierno venezolano ha arremetido brutalmente contra militares acusados de conspiración. Los agentes de inteligencia no solo están deteniendo y torturando militares, sino que en algunos casos también van tras sus familiares u otros civiles cuando no pueden encontrar a los supuestos responsables a quienes buscan”. El caso del capitán Rafael Acosta es uno de ellos, pero otros casos se han presentado que han dejado en evidencia la presencia de las ejecuciones extrajudiciales por parte de algunos militares. 

Según HRW, hay información sobre 32 casos de tortura, entre los cuales hay antiguos miembros de las Fuerzas Militares que están siendo acusados de conspirar contra el gobierno. Por su parte, Bachelet afirmó que solo en enero de 2019 se habían presentado 37 casos de muertos, cuyas condiciones no eran claras. En 2018, el Instituto Casla, otra organización internacional, denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) 106 casos de tortura, de los cuales el 61% habían sido a militares y el porcentaje restante a civiles. Mientras tanto, otra ONG venezolana denunció ante Caracol Radio que hay más de 200 militares presos actualmente y que la mayoría presenta signos de tortura.

Esta falta de concordancia en las cifras no han permitido que las organizaciones definan a ciencia cierta el número de torturas, muertes y presos políticos. A la diferencia en los datos que proporcionan las ONG, se le suman otros dos factores. Por un lado, según afirmó Michelle Bachelet después de su visita al país entre el 19 y 21 de junio, muchas personas no denuncian ciertas violaciones a los derechos humanos por temor a lo que pueda pasarles, al igual que también se ha visto con muchos miembros de las Fuerzas Militares.

Por otro lado, y aún más preocupante para la comunidad internacional, el Gobierno de Nicolás Maduro no tiene cifras oficiales en muchos de los temas, como en torturas, pues oficialmente no se han contado esas muertes como torturas. Un ejemplo de eso es el hecho de que los dos militares implicados en la muerte de Acosta Arévalo sean juzgados por otro delito menos grave. Además, en los temas en los que sí tienen cifras, como en número de manifestaciones, no cuadran tampoco con los números de las ONG.

Por ello, el informe publicado por el Alto Comisionado “insta al Gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país”. Asimismo, se ha hecho un llamado a la comunidad internacional y a órganos internacionales como la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos a tomar cartas en el asunto para evitar que estas violaciones se perpetúen.

LatinAmerican Post | Juliana Suárez

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