AMÉRICAS

La crisis de seguridad infantil en América Latina enfrenta datos, política y decisiones

Un nuevo informe regional de UNICEF y la OPS muestra cómo la violencia contra la niñez se superpone en hogares, escuelas, calles y pantallas. La pregunta ya no es qué está pasando. Es si los gobiernos financiarán soluciones comprobadas antes de que el silencio se convierta en herencia.

La sala de espera donde la política se vuelve personal

En la sala de espera de una clínica en algún lugar de América Latina y el Caribe, las sillas son de plástico moldeado y el aire lleva ese leve olor a desinfectante que nunca se va del todo. Un niño se sienta cerca de un adulto, con las rodillas recogidas, la mirada fija en las baldosas del piso. Nada dramático ocurre en ese momento. Ese es el punto. La violencia contra la niñez rara vez llega como un solo evento cinematográfico. Se acumula en silencio, y para cuando llega a un hospital, un aula o una comisaría, ya ha hecho su trabajo.

Esta escena cotidiana está implícita a lo largo de un informe regional elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Panamericana de la Salud. Su enfoque es directo: la violencia contra niños, niñas y adolescentes incluye abuso físico, psicológico y sexual, y se manifiesta a través de violencia armada, disciplina violenta, acoso escolar y violencia en línea, muchas veces al mismo tiempo. Esto genera superposición, donde un daño se convierte en la puerta de entrada a otro.

El informe insiste en que no hay una sola causa. La violencia está ligada a la pobreza, la discriminación por edad, raza, género y discapacidad, sistemas de protección débiles y las presiones del crimen y el conflicto. No todos los niños enfrentan el mismo riesgo. Aquellos que viven en pobreza, en zonas expuestas a pandillas y crimen organizado, o en hogares ya marcados por la violencia son más vulnerables. La historia no trata solo de actos individuales. Se trata de condiciones que hacen que esos actos sean previsibles.

El problema es que quienes ejercen la violencia muchas veces no son extraños. Son padres, familiares, maestros, cuidadores, amigos o parejas. A veces policías. A veces miembros de pandillas y crimen organizado. La violencia vive incómodamente cerca del niño, y a veces dentro de las instituciones que dicen protegerlo.

Y perdura. No un día. Una vida entera. El informe vincula la violencia en la infancia con problemas de salud física y mental, dificultades de aprendizaje y problemas de conducta. Sufrir abuso o presenciarlo también aumenta el riesgo de experimentar violencia más adelante en la vida. Un ciclo que se extiende hacia la siguiente generación, mucho después de que la herida original haya sido olvidada por todos, excepto por quien la carga.

Las mujeres y las niñas carecen de acceso a cualquier forma de protección social en América Latina. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda ARCHIVO 

Armas, pandillas y la edad del reclutamiento

La violencia armada está aumentando en algunas partes de la región, impulsada por una combinación que resultará familiar para cualquiera que haya visto cambiar un barrio: desigualdad creciente, menos espacios públicos seguros, comercio ilegal, normas de género dañinas, crimen organizado y poco control sobre las armas. El informe describe a niños de apenas diez años, a veces de tan solo seis o siete, siendo reclutados por pandillas y utilizados como vigilantes y mensajeros de droga, o para portar armas. A medida que crecen, los roles se vuelven más oscuros. Extorsión. Asesinatos.

Las niñas enfrentan peligros específicos dentro de estas estructuras, como abuso sexual, trata y explotación por parte de líderes de pandillas. El informe no pretende que el reclutamiento sea siempre la misma historia. Algunos niños son forzados. Otros se unen porque buscan seguridad, respeto, dinero o simplemente una forma de sobrevivir. El reclutamiento puede ocurrir cara a cara o en línea, incluso a través de plataformas de videojuegos. En ese detalle hay un matiz moderno: la frontera entre la calle y la pantalla es más delgada de lo que los adultos quieren admitir.

Los datos del informe muestran cuán mortal puede ser esto. En 2019, el homicidio fue la principal causa de muerte entre adolescentes de diez a diecinueve años en América Latina y el Caribe. Entre 2018 y 2022, el número de adolescentes varones de quince a diecisiete años víctimas de homicidio disminuyó en la región, aunque la tasa siguió siendo muy alta. Entre 2021 y 2022, el número de adolescentes mujeres de quince a diecisiete años asesinadas aumentó. Desde 2023, las tasas de homicidio han subido en algunos países, lo que hace probable que más niños, niñas y adolescentes se vean afectados.

Los niños no son solo víctimas. Entre 2015 y 2022, alrededor de diez mil quinientos niños, niñas y adolescentes de cero a diecinueve años fueron arrestados o sospechosos de homicidio. La mayoría eran adolescentes de 15 a 19 años, pero uno de cada 14 tenía apenas entre 10 y 14 años. Los varones tenían trece veces más probabilidades que las niñas de ser arrestados o sospechosos, aunque el informe señala que no todos han cometido realmente estos delitos. La apuesta aquí es si las sociedades verán a estos niños solo como amenazas o como evidencia de sistemas que fallaron temprano y repetidamente.

El informe no deja a los gobiernos adivinando qué puede funcionar: hacer cumplir las leyes y políticas sobre armas de fuego, interrumpir la violencia mediante mediación y acción comunitaria, ofrecer programas sociales y educativos integrales para niños y familias en riesgo, reducir los incentivos económicos para unirse a pandillas, ampliar los servicios de salud mental y atención a adicciones, y construir sistemas de justicia adaptados a la niñez que prioricen caminos restaurativos en lugar de más daño.

En memoria de una mujer que perdió la vida por violencia de género.  EFE/ Miguel Toña

Hogares, escuelas y la violencia que toleramos

No toda la violencia viene con un arma. La disciplina violenta sigue siendo una de las formas de abuso más extendidas en la región, y el informe la ubica donde corresponde: dentro de los hogares y las escuelas. Más de seis de cada diez niños y niñas de cero a catorce años son sometidos a disciplina violenta, la mayoría en casa o en la escuela. El abuso emocional es el más común, con un 46% que lo reporta, mientras que el 38% ha sufrido castigo físico. Niños, niñas y adolescentes con discapacidad enfrentan riesgos especialmente altos, y el informe estima que 19,1 millones de niños, niñas y adolescentes en la región viven con alguna discapacidad.

Muchos cuidadores aún creen que la disciplina violenta es la única forma de enseñar respeto y buen comportamiento. El informe sostiene lo contrario. Lastimar o amenazar a un niño no funciona. Daña la salud y el bienestar, dificulta el aprendizaje, perjudica las relaciones familiares y enseña que la violencia es una forma aceptable de resolver conflictos. El ciclo continúa porque la lección se aprende y luego se repite.

Hay avances legales, pero son desiguales. Hasta agosto de 2025, once países de la región habían prohibido la disciplina violenta en todos los ámbitos, y otros avanzan en esa dirección. Pero el informe advierte que las prohibiciones no son suficientes cuando las leyes no se aplican, cuando se excluye el abuso emocional y cuando los sistemas no protegen a los niños en la práctica.

Las escuelas arrastran las mismas contradicciones. El acoso escolar y la violencia en las escuelas siguen siendo generalizados, amenazando el derecho de los niños a una educación segura e inclusiva. Uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes sufre acoso escolar. Los varones tienen más probabilidades de enfrentar acoso físico, mientras que las niñas están más expuestas al acoso psicológico y al acoso sexual. El acoso también ocurre en las comunidades y en línea. Quienes lo sufren enfrentan mayores riesgos de depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, aislamiento social y bajo rendimiento escolar. Las respuestas en la región son desiguales, y muchos países carecen de un compromiso nacional coordinado.

Las soluciones del informe aquí no son místicas. Las leyes y políticas sólidas son parte, pero también lo son los aspectos prácticos: capacitar al personal escolar, crear servicios de respuesta, desafiar normas sociales y de género dañinas, y establecer programas escolares que duren lo suficiente para cambiar comportamientos, no solo para adornar un semestre.

La violencia en línea suma una capa final que ya no es opcional. Los agresores usan redes sociales y videojuegos para captar, acosar y explotar a niños y niñas. Nuevas herramientas, como imágenes sexuales falsas generadas por inteligencia artificial, se usan para extorsionar. El informe señala que los datos son limitados porque pocos países realizan encuestas, pero la evidencia disponible muestra una exposición considerable al ciberacoso y a conductas ofensivas en línea. Los gobiernos han tomado medidas mediante leyes y sistemas de protección infantil, pero en muchos lugares aún faltan marcos legales integrales y una aplicación efectiva.

De vuelta en esa sala de espera de la clínica, el niño sigue sin levantar la mirada. La observación cotidiana es dolorosamente simple: el silencio puede convertirse en rutina. UNICEF y la OPS sostienen, con datos y ejemplos comprobados, que la región ya sabe cómo romper esa rutina. Lo que falta no es el mapa. Es la decisión de seguirlo.

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