El departamento evidencia el fenómeno de la corrupción y los retos que representa la descentralización en el país

La descentralización está planteada como un modelo que permite mayor eficiencia y transparencia en la ejecución de recursos del gobierno. El objetivo es garantizar el desarrollo de las regiones y con ello del país en general. En Colombia se materializa la descentralización administrativa a través de las Alcaldías a nivel municipal y, por medio de las gobernaciones a nivel departamental. 

En la Guajira, los recursos son en mayor medida administrados por la gobernación, teniendo en cuenta las necesidades que tiene las regiones dispersas. Esto explica, de cierto modo, que en los últimos 24 años se hayan presentado actos de corrupción en esta entidad administrativa. 

La Guajira: De la política a la cárcel 

Desde 1997, con Álvaro Cuellar, quien fue destituido e inhabilitado por irregularidades en la contratación de obras, se ha presentado una cadena de actos de corrupción por parte de los mandatarios de la región. Sin embargo, durante las últimas administraciones, los actos ilegales han sido más mediáticos y con consecuencias judiciales y disciplinarias más dicientes. 

Ejemplo de ello es el caso de Francisco “Kiko Gómez”, quien llegó al poder en el año 2011 y fue capturado en el 2013, por tener nexos con los paramilitares. Gómez fue judicializado por homicidio agravado y concierto para delinquir; además, fue sustituido por irregularidades en la contratación pública. 

Posteriormente, en el año 2016 llegó al poder Oneida PIGNORE INTO, quien estuvo en el cargo durante seis meses, toda vez que tenía inhabilidades para ser nombrada por doble militancia. Por este motivo, fue nombrado Jorge Enrique Vélez como gobernador encargado. Durante este periodo, se abrió un proceso judicial contra Oneida PIGNORE INTO por las presuntas amenazas a Vélez, lo cual generó tensiones en la región. Adicionalmente, PIGNORE INTO fue investigada por irregularidades en los contratos durante su gestión en la alcaldía de Albania. 

El caso más reciente de corrupción fue el de Wilmer González, quien llegó al cargo en noviembre de 2016 con elecciones atípicas y a quien se acusó de corrupción sufragante y fraude procesal. 

Teniendo en cuenta esta cadena de sucesos, inhabilidades, irregularidades y corrupción, el departamento ha tenido en los últimos 24 años 12 gobernadores. La situación ha ocasionado que no se haya podido garantizar el bienestar de la población. Asimismo, ha provocado que en la actualidad se presente un alto índice de necesidades básicas insatisfechas. 

Adicionalmente, la situación política del departamento evidencia la debilidad institucional, las consecuencias de la influencia de grupos armados ilegales, y los retos que representa el modelo de descentralización actual. Lo anterior se debe a la alta cantidad de recursos son ejecutados por una sola entidad administrativa. 

LatinAmerican Post | Tatiana Restrepo

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