La Megacárcel de El Salvador y las Preguntas Sin Respuesta en la Represión de Bukele
En un rincón aislado de El Salvador, el extenso Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) se ha convertido en el símbolo de la victoria del presidente Nayib Bukele contra las pandillas. Sin embargo, la llegada de nuevos reclusos—migrantes venezolanos deportados, acusados de pertenecer al Tren de Aragua—ha generado preocupaciones a nivel mundial.
Una prisión nacida de la guerra contra las pandillas
El Cecot, promovido como la cárcel más grande de América Latina, tiene capacidad para albergar a 40,000 reclusos y fue concebido como el eje central de la “guerra” de El Salvador contra las pandillas. Esta instalación ha colocado las políticas de justicia del país bajo la mirada internacional. Mientras el gobierno la presenta como un avance hacia la estabilidad en una nación asediada por la violencia, los críticos la consideran una institución opaca que contraviene los estándares internacionales.
Ahora, la atención se centra en quiénes están realmente tras las rejas, especialmente después de informes que señalan que más de 200 migrantes venezolanos deportados por EE.UU., presuntamente miembros de la banda transnacional Tren de Aragua, fueron trasladados a esta prisión. Organizaciones de la sociedad civil exigen claridad sobre la situación legal de estos migrantes y si tienen acceso a abogados o comunicación con el exterior.
Bukele declaró un “régimen de excepción” en marzo de 2022 tras un repunte en los homicidios atribuidos a la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Esto otorgó amplios poderes a las fuerzas de seguridad para arrestar sospechosos sin las garantías constitucionales habituales. Ante el desbordamiento del sistema penitenciario, el gobierno aceleró la construcción del Cecot, inaugurado en febrero de 2023.
Desde el principio, se describió como una fortaleza destinada a los “más peligrosos”: líderes de pandillas, figuras clave en redes de extorsión y responsables de gran parte de la violencia en El Salvador. Según un informe de agosto de 2024, basado en declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aproximadamente 14,500 personas están detenidas en el Cecot, una fracción del total arrestado bajo el régimen de excepción.
Expertos en seguridad consideran que la prisión representa la política de mano dura de Bukele, lo que ha elevado su popularidad, pero también ha generado críticas dentro y fuera del país. Grupos de derechos humanos han pedido información sobre los costos de construcción y las garantías legales para los detenidos. Hasta ahora, ninguna agencia independiente ha podido inspeccionar las instalaciones.
¿Quiénes están dentro?
El gobierno sostiene que los reclusos del Cecot son “líderes y operadores” de las principales pandillas. Se han publicado imágenes de estos traslados, mostrando a hombres tatuados, esposados y vestidos solo con pantalones cortos blancos. Estas imágenes han servido para demostrar avances en la lucha contra las pandillas y liberar espacio en otras prisiones.
Sin embargo, recientes informes sugieren que el Cecot ya no alberga solo a pandilleros salvadoreños. Más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos deportados bajo sospecha de pertenecer al Tren de Aragua, fueron enviados allí en octubre. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado si recibieron asistencia legal o reconocimiento como extranjeros con derecho a apoyo consular.
“No podemos verificar sus condiciones dentro de la prisión”, señaló Dina Martínez, directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), en entrevista con EFE. “No tenemos datos oficiales sobre cómo son tratados o si se respetan sus derechos al debido proceso”.
El gobierno no ha explicado cómo maneja las deportaciones ni ha aclarado la legalidad de albergar a detenidos extranjeros. Algunos críticos advierten que la administración de Bukele podría estar sobrepasando los límites legales al mantenerlos en el Cecot. Mientras la mayoría de la población respalda la lucha contra el crimen, surgen dudas sobre si estos reclusos reciben las protecciones legales adecuadas.
Acceso restringido y preocupaciones sobre derechos humanos
Uno de los aspectos más polémicos del Cecot es la falta de supervisión externa. Expertos en derecho y activistas denuncian que ni familiares, ni periodistas, ni muchos abogados pueden visitar a los detenidos. La prisión está fuertemente custodiada por militares, lo que refuerza su imagen de una fortaleza inaccesible.
Organizaciones humanitarias han intentado monitorear las condiciones carcelarias, pero no se les ha permitido el acceso. “La falta de acceso de organismos internacionales impide corroborar denuncias de malos tratos”, afirmó Martínez. Agregó que el gobierno sí ha permitido visitas de ciertos influencers extranjeros, quienes solo han mostrado el lado positivo de la cárcel.
Esto ha generado especulaciones sobre las condiciones dentro de la prisión. Ubicada en una región árida de Tecoluca, a unos 75 kilómetros de San Salvador, la cárcel enfrenta altas temperaturas. Algunos temen que la ventilación sea insuficiente, la atención médica inadecuada y la alimentación limitada. Funcionarios aseguran que los internos reciben atención médica y alimentación adecuada, pero no hay verificación independiente que lo confirme.
Curiosamente, desde su apertura no se han reportado muertes en el Cecot, algo inusual en un país donde las prisiones tradicionales registran múltiples fallecimientos al año. La abogada Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), dijo a EFE: “No tenemos información oficial de torturas o golpizas, y parece que garantizan el derecho a la salud de los internos. O, al menos, no sabemos de ningún fallecimiento”.
Escobar advirtió que la falta de muertes registradas es inusual y podría deberse a un estricto control de la información. “O nadie ha muerto, o lo ocultan tan bien que no nos enteramos”, concluyó.
El destino incierto de los migrantes deportados
A finales de octubre, la atención se centró en los migrantes deportados desde EE.UU., en su mayoría venezolanos, algunos acusados de vínculos con el Tren de Aragua. Aunque la legislación salvadoreña permite detener a extranjeros involucrados en actividades criminales, la falta de transparencia genera muchas dudas.
El gobierno no ha aclarado si estos deportados enfrentan cargos formales ni cómo se verificó su vinculación con pandillas. Esto podría abrir la puerta a impugnaciones legales, especialmente si los detenidos argumentan haber sido trasladados sin un proceso legal adecuado.
Los críticos advierten que recibir constantemente a presuntos pandilleros extranjeros podría sobrecargar el sistema penitenciario salvadoreño, que ya alberga a miles de detenidos locales. Además, algunos migrantes podrían no tener vínculos criminales y ser encarcelados injustamente.
Hasta ahora, no hay información independiente sobre cómo el gobierno distingue a delincuentes de migrantes comunes. En lugar de ello, las autoridades han insistido en que la prioridad es “erradicar los grupos criminales”, sin concesiones para quienes representen una amenaza a la seguridad nacional.
Una fortaleza llena de incógnitas
El Cecot fue diseñado como una respuesta contundente al problema de las pandillas en El Salvador. Aunque se construyó para albergar a los delincuentes más peligrosos, la falta de transparencia y la llegada de migrantes deportados han generado preocupaciones sobre su funcionamiento.
El gobierno de Bukele ha mostrado poco interés en permitir auditorías independientes o proporcionar datos completos sobre la prisión. Como resultado, abogados, activistas de derechos humanos y familiares siguen preguntándose qué sucede realmente dentro de la megacárcel más nueva y posiblemente más secreta del mundo.
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El país enfrenta un dilema complejo: garantizar la seguridad ciudadana en una nación con un historial de violencia extrema, sin sacrificar derechos fundamentales ni violar normas internacionales. Por ahora, las preguntas siguen sin respuesta. Sin mayor transparencia, el Cecot podría convertirse en un símbolo de la mano dura contra el crimen, o en un punto de creciente preocupación sobre derechos y legalidad en El Salvador.
