La minería amenaza a los indígenas shuar en Ecuador

El 19 de febrero, Lenín Moreno, el candidato oficialista del actual presidente Rafael Correa, que ha gobernado el país por una década, no solo no ganó la presidencia en la primera vuelta sino que obtuvo sus peores resultados en la Amazonía Sur y en la Sierra Central, las regiones más pobres y con mayor población indígena de Ecuador. Para un partido que se define de izquierda y cuyas prioridades son luchar contra la pobreza y promover el desarrollo con base en la cosmovisión indígena, esta es una paradoja. En la segunda vuelta del domingo 2 de abril, el partido indígena Pachakutik apoyará al candidato de oposición Guillermo Lasso, un banquero de derecha. La Confederación de Nacionalidades Indígenas tampoco respaldará al partido de gobierno, Alianza País. ¿Qué explica el desencanto indígena con Correa?

La Amazonía Sur es una zona amenazada por la expansión de la minería a cielo abierto y ha sido escenario de enfrentamientos entre indígenas y fuerzas armadas. En agosto de 2016, policías y militares desalojaron a indígenas shuar de la comunidad de Nankints. El operativo buscaba dar paso a la explotación de cobre a cielo abierto por Explorcobres S. A., propiedad de las empresas estatales chinas CRCC y Tongling. En noviembre, los comuneros retomaron el campamento minero argumentando que era ilegal, pues el gobierno no había realizado la consulta previa que establece la Constitución. La refriega dejó varios heridos y un policía muerto.

El gobierno declaró el estado de excepción, envió tanques y helicópteros, allanó viviendas y apresó a dirigentes comunitarios. Las fuerzas de seguridad desalojaron varias comunidades de la zona minera. Los desplazados fueron en su mayoría mujeres y niños, ya que los hombres habían huido. Según testimonios, los militares entraron al poblado disparando y sembraron los campos y las casas con bombas incendiarias. Cientos de mujeres y niños caminaron aterrorizados por la selva en medio de la noche huyendo de la represión.

El presidente de la Federación Shuar, Agustín Wachapá, emitió un duro pronunciamiento contra la minería e instó a la nacionalidad shuar a defender su territorio. Después, el gobierno allanó la organización y detuvo violentamente a Wachapá, quien todavía está preso en una cárcel de alta seguridad. El único cargo en su contra es incitar a la discordia entre ciudadanos. Además, el gobierno trató de cerrar la organización ambientalista Acción Ecológica y silenció la radio comunitaria Arutam. Estas acciones fueron acompañadas de declaraciones oficiales y artículos de prensa que cuestionaban a los indígenas presentándolos como grupos de revoltosos que se dedican al robo de ganado y al hostigamiento de colonos.

Correa fue elegido por primera vez en 2006 con apoyo de indígenas, ambientalistas y otras fuerzas progresistas. Ecuador posee un legado de propuestas innovadoras desde los movimientos sociales que el gobierno aseguró que implementaría en sus primeros años. Contó con el movimiento indígena más poderoso del continente y consiguió declarar al país plurinacional. Fue el primer país reconocer los derechos de la naturaleza. Propuso dejar el petróleo bajo la tierra en el parque nacional Yasuní a cambio de apoyo financiero internacional.

Pero el desarrollo de estas propuestas fue abandonado por un gobierno autoritario que no pudo superar la dependencia de los recursos no renovables. Una razón es que su estrategia política fue distribuir las ganancias petroleras para mantenerse en el poder, lo que lo ha hecho más vulnerable a los ciclos de materias primas. Al caer los precios del petróleo, el gobierno se ha enfocado agresivamente en la minería, particularmente de cobre.

Este mineral ha cuadruplicado su precio en la última década debido a la escasez e importancia para la industrialización de los países. China consume el 40 por ciento del cobre mundial y de allí que haya buscado asociarse con Ecuador para explotar una de las mayores reservas del mundo localizada en la Cordillera del Cobre de la Amazonía ecuatoriana, donde reside la nacionalidad shuar. Como en otros países de la región, el gobierno chino se ha asegurado el acceso a las materias primas mediante préstamos que han sido claves para mantener el gasto público.

Los shuar argumentan que la minería a cielo abierto los desplazará de sus territorios, acaparará y contaminará el agua, afectará la agricultura, la cría de ganado, la caza y la pesca. Tres activistas shuar antimineros han muerto en circunstancias no aclaradas, por lo que los shuar han llevado el caso al Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, el conflicto entre el gobierno ecuatoriano, las transnacionales mineras y los shuar es un ejemplo de una tendencia más amplia.

Después de algunas décadas de afianzamiento de los derechos indígenas que culminó en la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, la situación de estos grupos ha empeorado. El Banco Mundial ha retrocedido en su política de apoyo a estos derechos por presión de países africanos, asiáticos y latinoamericanos que ven a los pueblos como obstáculos a sus planes de desarrollo.

Muchos gobiernos que empujan agresivamente proyectos de desarrollo mineros y de otros tipos a través de las compañías transnacionales están en conflicto con comunidades indígenas. En Estados Unidos, los sioux buscan evitar la construcción del oleoducto Dakota que dicen contaminará el río Misuri y destruirá su patrimonio cultural. La construcción del oleoducto por territorio sioux fue suspendida por el presidente Barack Obama bajo presión de activistas, pero ha sido reanudada bajo el gobierno de Donald Trump. En Brasil, pueblos amazónicos luchan contra la expansión de la frontera agrícola. En Honduras, la activista Berta Cáceres fue asesinada por defender comunidades que trataban de impedir la construcción de una represa hidroeléctrica. En Chile y Argentina, indígenas mapuche se oponen a desarrollos hidroeléctricos y mineros.

Pareciera que los gobiernos y las compañías transnacionales se han dado cuenta de que los derechos indígenas, aunque sean superficiales, pueden perjudicar fuertemente sus intereses económicos, por lo que estamos entrando en un periodo de regresión. En este contexto, es urgente reafirmar el derecho de los indígenas al territorio y los recursos.

En Ecuador, la tensión entre las nacionalidades indígenas, las corporaciones y los gobiernos no ha dejado de aumentar en la última década. Desde 2009, los indígenas se opusieron a una ley de minería que abría la puerta a la minería a gran escala. Como represalia, el gobierno desmanteló una serie de logros históricos como la educación intercultural bilingüe, la justicia indígena y las instituciones estatales de desarrollo indígena. Así, la expansión minera ha estado ligada al desmantelamiento del Estado multicultural.

Frente a la segunda vuelta electoral del 2 de abril, el opositor Guillermo Lasso ha prometido no expandir la frontera petrolera en áreas protegidas, implementar la consulta previa vinculante y cesar la persecución a líderes sociales. El candidato del gobierno prometió a última hora fortalecer la regulación ambiental e impulsar proyectos productivos en las zonas mineras. A pesar de su azucarada retórica, Alianza País, el partido del gobierno, ha demostrado su desprecio por los indígenas y el medioambiente.

Los intereses en juego hacen difícil que cualquiera de los dos candidatos cumpla todo lo prometido. Pero, de ganar, Lasso podría comprometerse con la sociedad civil y los pueblos indígenas a defender la interculturalidad, el desarrollo sustentable y la naturaleza.