La paz colombiana se mueve en cámara lenta
El proceso de paz en Colombia ha sido elogiado en el exterior por su importancia histórica. Con el mismo espíritu, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su papel en los acuerdos. Y mientras el proceso ha sido difícil –los colombianos votaron en contra de los acuerdos de paz en el plebiscito hecho en octubre pasado–, el gabinete del presidente ha hecho todo lo posible para avanzar con la ejecución de la segunda versión de los acuerdos.
El año pasado, una vez que los nuevos acuerdos habían sido redactados y firmados por el gobierno y los líderes de las FARC, el presidente Santos trabajó para acelerar la implementación de los puntos más importantes del acuerdo. Sus esfuerzos se materializaron en la aprobación del “fast track”, un mecanismo político que permite reducir a la mitad el tiempo necesario para procesar las reformas legales y constitucionales. Hasta ahora, a pesar de este mecanismo político, el “fast track” solo ha permitido aprobar una cuarta parte de los proyectos de ley necesarios para avanzar en la desmovilización de los frentes guerrilleros. Ahora, después del fallo dictado por la Corte Constitucional, el proceso podría ser aún más lento.
El Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe, junto con senadores de otros partidos, interpuso una demanda contra el “fast track”, argumentando que va en contra del poder deliberativo del Congreso y afecta el equilibrio de poderes. Ahora que la Corte Constitucional ha apoyado la demanda, cada proyecto de ley pendiente (los proyectos de ley anteriores no se verán afectados por esta decisión) tiene que pasar por un debate más profundo y necesitará el apoyo de la mayoría de los aliados del gobierno.
Según un reciente análisis de la Revista Semana, los argumentos presentados por el Centro Democrático son, de hecho, una razón legítima para dudar de la validez del mecanismo. Al apresurarse para aprobar los proyectos de ley, el gobierno podría beneficiar a algunos segmentos de la población a expensas de otros. Sin embargo, el análisis de la revista también dice que los senadores podrían utilizar los debates para obtener más exposición, anticipando las elecciones presidenciales de 2018. Si este es el caso, el gabinete de Santos debe hacer todo lo posible para evitar que cualquier debate se prolongue demasiado.
Aparte de ralentizar el proceso de paz, la decisión de la Corte Constitucional podría tener una consecuencia más preocupante. Inicialmente, las FARC eran optimistas con respecto a los acuerdos de paz. La gente y los medios de comunicación parecían apoyar el proceso. Sin embargo, llegó el plebiscito y los resultados negativos redujeron su confianza. Parece que este fallo está teniendo el mismo efecto. Antes de que esto sucediera, las FARC debían entregar sus armas el 31 de mayo. Ahora, la credibilidad entre el gobierno y las fuerzas revolucionarias se ha perjudicado seriamente.
Si bien las Farc tienen razones para dudar del proceso de paz, los analistas están de acuerdo en que deben continuar con el proceso tal como estaba planeado y confiar en la eficiencia y unidad del gobierno. Si sale bien, la paz será legitimada. Si sale mal, los colombianos deben prepararse para un 2018 incierto.
LatinAmerican Post | Juan Sebastian Torres
