La Reivindicación de la Dignidad en Colombia: El Acceso a la Eutanasia se Expande en Medio de un Debate Inconcluso

El fuerte aumento de los casos de eutanasia en Colombia no es un colapso moral; es una reivindicación moral. Un nuevo informe muestra que más colombianos están ejerciendo su derecho a poner fin a un sufrimiento insoportable, incluso cuando la burocracia y la geografía aún niegan esa elección a otros. La pregunta ya no es si el país acepta la muerte digna; es si el país acepta la muerte verdaderamente digna. Es si el Estado dejará de hacer sufrir a las personas con demoras, desigualdades y un debate interminable.
Una Década que Cambió el Significado de Elegir
En 1997, Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en despenalizar la eutanasia. Pero pasaron dieciocho largos años antes de que la práctica fuera reglamentada, y el primer procedimiento legal finalmente se realizó en 2015. Desde entonces, el panorama cultural y médico ha experimentado un cambio decisivo.
Según un análisis reciente del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), los procedimientos de eutanasia se multiplicaron por 88 entre 2015 y 2024. Solo el año pasado se realizaron al menos 352 procedimientos, casi un 30% más que el año anterior —la cifra más alta registrada—. Sin embargo, en el mismo periodo, solo se aprobaron el 30% de las 1.169 solicitudes, la tasa de aprobación más baja desde que existen registros. La demanda crece, pero la aprobación disminuye.
Esta divergencia habla de avances y tareas pendientes. En 2021, la Corte Constitucional eliminó el requisito de que el paciente fuera terminal, reconociendo que condiciones incurables pero no terminales pueden ser igualmente devastadoras. Aun así, la inercia institucional continúa racionando un derecho que existe en la ley desde hace casi tres décadas.
Más Allá del Cáncer, Más Allá de los Taboos
Durante años, la eutanasia en el imaginario público se redujo a casos de cáncer en etapas finales. Los nuevos datos rompen ese estereotipo. Aproximadamente tres cuartas partes de los procedimientos desde 2015 involucraron diagnósticos oncológicos —cáncer de estómago, páncreas, pulmón y otros agresivos—. Sin embargo, una cuarta parte correspondió a condiciones no oncológicas, y esta proporción ha aumentado desde el fallo de 2021.
Para 2024, más de dos tercios de las solicitudes provinieron de personas que sufrían enfermedades avanzadas o graves e incurables, mientras que los casos estrictamente “terminales” representaron apenas una cuarta parte. Este cambio subraya que el derecho a morir con dignidad se ejerce en múltiples formas de sufrimiento, no limitado a una sola enfermedad o pronóstico.
La lección es clara: el dolor implacable, el deterioro neurodegenerativo y la pérdida irreversible de funciones pueden destruir una vida mucho antes de que un médico la declare “terminal”. Obligar a las personas a esperar a que esa casilla se marque no es compasión. Es crueldad disfrazada de precaución.
El Argumento Moral —y Sus Críticos
El argumento de principios a favor de la eutanasia se basa en tres pilares: autonomía, alivio del sufrimiento y respeto por los valores personales. En la práctica, el argumento en Colombia se fortalece porque la eutanasia coexiste con los cuidados paliativos, no los reemplaza. Elegir poner fin a una odisea médica no borra otras opciones de atención: las completa. Cuando ninguna intervención puede restaurar lo que una persona reconoce como una vida digna de ser vivida, la eutanasia se convierte en una forma de honrar el espíritu del juramento médico: no hacer daño.
Los críticos advierten de una pendiente resbaladiza. Sin embargo, la experiencia de Colombia, como la de otros países, muestra lo contrario. Las salvaguardas son rigurosas: comités multidisciplinarios, consentimiento informado y supervisión legal. El escándalo hoy no es el abuso, sino la falta de acceso, de información y de coherencia.
Algunos sostienen que el sufrimiento ennoblece, o que solo Dios decide. En una democracia plural, la teología de un ciudadano no puede dictar el destino de otro. El derecho a no elegir la eutanasia debe ser absoluto; pero también el derecho a elegirla.
Otros temen que las personas soliciten la eutanasia por pobreza, soledad o falta de atención. Estas injusticias son reales y exigen una respuesta urgente. Pero negar la eutanasia no las soluciona; solo impone resistencia a quienes ya cargan demasiado. La respuesta moral es dual: ampliar las protecciones sociales mientras se garantiza que cada solicitud de eutanasia sea evaluada cuidadosamente por elegibilidad médica y consentimiento voluntario. La dignidad no es un bien de suma cero.

EFE
Eliminar las Barreras, Mantener las Salvaguardas
Las brechas en la implementación en Colombia son evidentes. En 2024, los comités de revisión tardaron en promedio 33,5 horas en responder, incumpliendo el plazo legal de 24 horas. En el papel, es un retraso menor. En la práctica, para alguien en agonía, es una eternidad. Más preocupante aún, el 85,5% de todos los procedimientos ocurrieron solo en dos regiones: Bogotá y Antioquia. El código postal sigue siendo un indicador de acceso.
Este patrón demuestra que la garantía del derecho aún depende del lugar de residencia y de la voluntad institucional. La solución es práctica y urgente: agilizar los protocolos de los comités, hacer cumplir los plazos, capacitar equipos médicos en todas las regiones y obligar a la publicación de informes públicos para que las demoras y negaciones sean auditables y no se oculten.
La transparencia debe incluir los motivos de rechazo, las rutas de apelación y la disponibilidad de segundas opiniones independientes—salvaguardas que protegen a pacientes y médicos mientras evitan que la objeción de conciencia se convierta en obstrucción sistémica. También se debe ampliar la educación pública. Las solicitudes aún superan con creces las aprobaciones, en parte porque muchos colombianos desconocen sus derechos o cómo navegar el proceso. Un derecho confinado a fallos judiciales y hospitales de grandes ciudades no es un derecho. Es un privilegio.
Los opositores más férreos seguirán argumentando que cualquier eutanasia es demasiada. Pero el debate en Colombia ya cambió. La pregunta ya no es “si”, sino “cómo”.
Cómo garantizar que cada paciente elegible que desee esta opción pueda acceder a ella de forma justa, segura y sin demora —y cómo evitar que alguien sea empujado hacia ella por abandono.
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La eutanasia nunca será sencilla, ni debería serlo. Pero Colombia ya tiene el marco legal, la jurisprudencia y la experiencia para hacerla realidad. Lo que el país no puede permitirse es un debate perpetuo mientras la gente sufre más allá de sus límites.
La dignidad es un verbo. Es hora de actuar como tal.