La retórica bélica de Trump vuelve a poner a México y Colombia en la mira
Mientras Donald Trump sopesa extender el poder militar de Estados Unidos sobre México y Colombia, América Latina enfrenta un viejo temor bajo una nueva forma: la intervención extranjera disfrazada de guerra contra las drogas, con comunidades costeras, migrantes y democracias frágiles pagando nuevamente el costo silencioso.
Viejas guerras antidrogas, nuevas miras militares
Al ser consultado sobre si usaría la fuerza más allá de Venezuela, Donald Trump no titubeó. “Claro que lo haría”, respondió, según declaraciones reportadas por The Daily Mail en una entrevista con Politico que mencionó a México y Colombia—aliados formales—como posibles objetivos, reavivando recuerdos de intervenciones pasadas de Estados Unidos.
Trump citó los mercados de drogas de México y Colombia como justificación. México es la principal ruta de entrada de heroína, fentanilo y cocaína a Estados Unidos, mientras que Colombia es el mayor productor de cocaína. Para muchos en la región, esas etiquetas significan más soldados, más retenes y pocas alternativas a la economía ilícita.
Desde principios de septiembre, su administración ha lanzado 22 ataques contra supuestas embarcaciones de contrabando de drogas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico Oriental, dejando al menos 87 personas muertas. Las autoridades llaman a la campaña una operación antidrogas, pero investigaciones en el Journal of Latin American Studies vinculan esta militarización a largos ciclos de violencia con poco impacto en las estructuras financieras más profundas del narcotráfico.
Indultos, operadores de poder y una impunidad de otro tipo
En este contexto, el indulto de Trump al ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández resulta impactante. Condenado en Estados Unidos por múltiples cargos de narcotráfico y cumpliendo una larga sentencia, Hernández quedó en libertad tras la intervención de Trump a principios de este mes, quien, según The Daily Mail, afirmó que “gente muy buena” le dijo que el exmandatario fue injustamente señalado.
El vínculo clave entre Hernández y Trump es Roger Stone, el veterano operador republicano cuyos lazos con el presidente se remontan a sus años en la ciudad de Nueva York. Como relata The Daily Mail, Stone presentó a Hernández como víctima de persecución de la izquierda y de la era Biden, una narrativa que se percibe muy diferente en Centroamérica, donde los acusados comunes rara vez reciben tal defensa.
Estudios en Latin American Research Review describen un patrón de “impunidad selectiva”: castigo severo para actores de bajo nivel, flexibilidad y acuerdos para las élites. En ese sentido, liberar a un ex jefe de Estado condenado por narcotráfico mientras se amenaza con el uso de la fuerza contra México y Colombia debilita la pretensión de Washington de tener una agenda antinarcóticos coherente.
Ataques en el mar, vidas humanas y el incierto futuro latinoamericano
Mientras tanto, el USS Gerald R Ford, otros buques de guerra y fuerzas especiales terrestres se han desplazado al Caribe, coincidiendo con nuevos ataques a embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas. Oficialmente, se trata de una misión antidrogas; extraoficialmente, muchos venezolanos y figuras de la oposición lo interpretan, según The Daily Mail, como una presión creciente sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
Críticos afirman que los asesinatos selectivos son extrajudiciales. El Pentágono no ha presentado pruebas públicas de que las embarcaciones transportaran narcóticos o representaran una amenaza inminente para Estados Unidos, mientras que el Congreso ahora amenaza con retener fondos hasta recibir las grabaciones sin editar de los ataques. El Secretario de Guerra Pete Hegseth está bajo especial escrutinio por un ataque del 2 de septiembre en el Mar Caribe.
En ese incidente, un primer misil inutilizó una lancha rápida que supuestamente transportaba cocaína y mató a la mayoría de los tripulantes. La vigilancia mostró luego a dos sobrevivientes aferrados a los restos e intentando aparentemente pedir ayuda por radio. Un segundo ataque los mató; funcionarios del Pentágono, citados por The Daily Mail, insisten en que la acción respondió a una amenaza persistente.
Para las familias de la costa caribeña, el lenguaje legal importa menos que la ausencia de nombres y cuerpos. En pueblos pesqueros y puertos informales, los rumores sobre los muertos corren más rápido que las explicaciones oficiales, alimentando la sensación de que las vidas latinoamericanas son un daño colateral prescindible en la guerra de otros.
Para México y Colombia, las palabras de Trump convierten esas imágenes en advertencia. Investigaciones en el Journal of Illicit Economies and Development muestran que el control antidrogas militarizado rara vez reduce la oferta; las rutas cambian, los mercados se adaptan y las comunidades absorben las bajas. La posibilidad de ataques de Estados Unidos contra “objetivos” dentro de territorio aliado profundiza el temor de que el ciclo simplemente se amplíe.
Así, cuando Trump dice que no va a “descartar ni confirmar” el uso de tropas en Venezuela, México o Colombia, resuena en una región que recuerda 1965 en Santo Domingo, 1989 en Panamá y la larga sombra del Plan Colombia. El guion resulta familiar: decisiones tomadas en Washington, riesgo asumido primero por quienes viven cerca de las plantaciones, puertos y aguas costeras que la guerra contra las drogas dice proteger.
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