Ambientalista paraguayo en problemas legales por recolectar baterías
Rubén Figueredo apelará una sentencia de 2 años por procesamiento ilícito de desechos
Read in English: Paraguay: punished by law for wanting to recycle batteries?
Rubén Figueredo era el presidente de la fundación Itá Enramada, una organización ambientalista que abanderó una campaña de recolectar pilas y desechos tecnológicos en Paraguay. Sin embargo, recientemente un juez lo declaró culpable por almacenar estos desechos en su fundación sin los requerimientos necesarios.
El caso
Hace 9 años, en el 2007, la fundación Itá Enramada y Rubén FIgueredo empezaron una campaña nacional para recolectar baterías y desechos tecnológicos de las casas de las personas y de lugares que no fuesen los adecuados. La idea era almacenar estos elementos antes de enviarlos a un lugar donde le darían buen manejo.
Al principio, la campaña no contaba con el apoyo necesario. Sin embargo, luego de unos años fue ganando relevancia nacional. De acuerdo con Esteban Aranda, el actual presidente de Itá Enramada, solo en la fundación se recolectaron 27 toneladas de baterías, pilas y desechos tecnológicos.
“En un comienzo, muchos colegios, el Ministerio de Ambiente del Paraguay y muchas otras organizaciones se adhirieron a la campaña y la declararon un evento de Interés Nacional. Incluso, la misma Fiscalía se unión y apoyó la campaña. Todas las entidades públicas felicitaron a Figueredo y a la fundación por lo que estaban haciendo”, comentó Aranda a Latin American Post.
Cuando la fundación empezó a ver los resultados de la campaña, le ofrecieron a las municipalidades paraguayas buscar un lugar adecuado para depositar las baterías viejas y prevenir contaminación. Sin embargo, Aranda explicó al medio que “las municipalidades no hicieron nada porque era un costo”.
Sin embargo, lo que empezó como un éxito en la lucha contra la contaminación y una alternativa para los ciudadanos, terminó convirtiéndose en un problema legal; la Fiscalía paraguaya acusó a Figueredo y a la fundación de recolectar desechos sin los permisos o los equipos necesarios. Los investigadores utilizaron la ley 716/96 del código civil de crímenes contra el medio ambiente. El pasado octubre, un juez lo declaró culpable y lo sentenció a 2 años de cárcel.
Los crímenes contra el medio ambiente son punibles, pero tienen una responsabilidad suspendida. Por esto, en Figueredo se encuentra en libertad esperando a que el Tribunal de Apelación de Paraguay tome la última decisión.
El actual presidente de Itá Enramada aseguró a LatinAmerican Post que Figueredo se convirtió en una víctima de una persecución legal. Aranda afirmó que mientras ellos estaban buscando un lugar para enviar los desechos tecnológicos, Figueredo lideraba la campaña y continuaba denunciando varios problemas ambientales de Paraguay, como la deforestación que sufre el país. La organización aseguró que muchas personas se molestaron con el líder del proyecto y por eso necesitaban detenerlo. De acuerdo con Aranda, estas personas utilizaron la excusa de almacenar 27 toneladas de baterías.
Aranda sostiene que el manejo indebido de las pilas y los desechos tecnológicos puede ser destructivo para el medio ambiente. El ambientalista explica que muchos de los componentes de las pilas, como el litio, pueden filtrarse por la tierra y contaminar el agua subterránea.
Estaban Aranda explicó que, en estos momentos, en el país no hay ninguna regulación que explique cuál es el límite de pilas que una persona puede tener en su casa, antes de que sea un crimen y que el Gobierno no da soluciones para la ciudadanía en la forma de disponer estos desechos. El ambientalista dice que para el gobierno paraguayo es un crimen mantener pilas en las casas, pero también es un crimen y es peligroso tirarlas a la basura. Por esto, las personas no saben qué hacer con estos elementos.
“El Gobierno de la ciudad capital de Paraguay no sabe qué es una pila, menos van a tener un proyecto, programa o una campaña para el manejo de estos elementos tóxicos (…) no hay ninguna alternativa más que botar las pilas y contaminar”, sentencia Aranda.
Latin American Post | Santiago Gómez Hernández
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