Brasil: Se secaron el “Lava Jato” y las megapresas
En una sorpresiva declaración, el gobierno de centro derecha, liderado por Michel Temer, a través del secretario ejecutivo del Ministerio de Minas y Energía, anunció del fin de la construcción de más mega represas en la cuenca del amazonas en el país suramericano.
Con este importante giro, se replantea la matriz energética de Brasil y se afrontan las responsabilidades del gobierno frente a las sensibilidades sociales y el detrimento ambiental que representa la construcción de estas mega obras, que fueron consideradas en el pasado como “energía limpia”. El concepto fue revaluado por algunos sectores al demostrar el grave impacto ambiental ocasionado en las cuencas de los ríos abastecedores de estas fuentes generadoras de energía.
Luego de que en América Latina se deforestaron millones de hectáreas de bosques, se sedimentaron cuencas hídricas y, fueron vertidas billones de toneladas de hormigón para levantar presas que embalsaran los ríos, Brasil adopta esta medida. Para algunos, la decisión responde a solicitudes y demandas de grupos ambientales, el malestar popular y de comunidades indígenas que se oponían a la inundación de decenas de miles de hectáreas en sus territorios.
Sin embargo, se presume que el apogeo en la construcción de mega obras en los anteriores gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff se debió a la necesidad que tenía el Partido Obrero de otorgarle mega obras a empresas como Odebrecht por las enormes sumas de dinero entregadas a sus campañas políticas.
LatinAmerican Post | Alberto Castaño
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Al secarse el ‘Lava Jato’ y al cambiar el panorama político de Brasil, con la privatización de Eletrobras, el país se ve obligado a replantear la posibilidad de centrar su producción de energía en proyectos eólicos, solares o hidroeléctricas de muy pequeña escala y más cercanas a los sitios de consumo.
Uno de los proyectos que más controversia produjo en Brasil fue el de Belo Monte, el cuarto proyecto hidroeléctrico más grande del mundo. El proyecto bloqueó el río Xingu, uno de los más importantes afluentes del Amazonas con una extensión de 1600 kilómetros aproximadamente. Como consecuencia, 670 kilómetros cuadrados de bosques quedaron sumergidos bajo las aguas de este inmenso embalse causando graves impactos al ecosistema en el que habitan más de 500 especies de peces, algunos de ellos endémicos de la región y por supuesto con las graves afectaciones sociales forzando a más de 20 mil personas a desplazarse.
Por supuesto, en la construcción de esta mega obra tuvo injerencia directa la empresa Odebrecht cuestionada en toda Latinoamérica. Los sobornos hechos por la compañía han llevado a la cárcel a sus principales fichas directivas y a varios políticos de diferentes países Latinoamericanos y del Caribe. Por ejemplo, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Perú y por supuesto Brasil.
En Chile, uno de los proyectos más cuestionados fue Ralco en el alto Bio Bio. La obra fue puesta en operación en el 2004 y operada por Endesa luego de seis años de construcción. Casi una década después, el proyecto ha generado toda suerte de conflictos sociales con la población Pehuenche que habitaba la zona.
Los conflictos sociales que generó la construcción de esta represa y la inundación de territorios ancestralmente indígenas, llevó casos de acusaciones falsas por terrorismo a activistas indígenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior, obligó al gobierno chileno a retractarse de las acusaciones e indemnizar a varios líderes Mapuches, como el reconocido dirigente Víctor Ancalaf.
El Colombia, la construcción de estas mega obras tiene varios ejemplos de conflictos generados por las multinacionales y la permisividad del estado. Sin embargo, tal vez uno de los más renombrados es el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo en el Huila, que embalsa al río Magdalena, principal afluente del país suramericano.
Fueron más de ocho mil 500 hectáreas inundadas por la empresa Emgesa, del mismo grupo ítalo – español ENEL, al que pertenece la Chilena Endesa. Para que esta represa entrara en operación, tuvo que depender de la reducción de las obligaciones ambientales contenidas en la licencia entregada por la autoridad ambiental, la ANLA, en Colombia.
En toda Latinoamérica, este tipo de proyectos han sufrido la resistencia de las comunidades que se ven afectadas por su construcción y el desplazamiento forzado que se ejerce sobre algunas poblaciones, el deterioro ambiental y el desequilibrio en los ecosistemas.
La tormenta de protestas en Brasil se intensificó en el 2016, cuando gracias a manifestaciones populares e indígenas se suspendió la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el Río Tapajos. El proyecto habría inundado parte del territorio de la comunidad Munduruku de Sawre-Muybu.
No obstante, el gobierno nunca canceló oficialmente la licencia de construcción de esta mega obra, por lo cual las comunidades han temido por mucho tiempo la continuación de esta edificación.
Ante la tendencia mundial de volcar los esfuerzos por la generación de energías limpias a través de generadores eólicos, mareomotrices, solares y geotérmicas, así como descentralizar la generación eléctrica produciendo más cerca del lugar de consumo y finalmente, al secarse el Lava Jato de Odebrecht y ante las sospechas de prácticas similares por parte de otras multinacionales, no hay más remedio que replantear la matriz de producción energética tanto para Brasil como para el resto del planeta.
