Oficialmente, más de 24 mil barriles de crudo se han vertido en caños y pastizales en el municipio de Barrancabermeja

El 2 de marzo pasará a la historia como el día en el que se reportó el inicio de la peor tragedia ocurrida en Colombia a causa de un derrame de hidrocarburos, la cifra oficial hasta el momento es de más de 24 mil barriles de crudo vertidos en caños, plantaciones y pastizales en el municipio de Barrancabermeja en Santander, sin embargo, asalta la duda frente a las cifras entregadas por Ecopetrol, la empresa operadora del pozo 158 del campo petrolero de La Lizama.

La incertidumbre sobre las causas de este desastre que ha cobrado la vida de miles de organismos vivos en la zona es el común denominador entre las voces institucionales y la comunidad, ni el mismo Ecopetrol se atreve a afirmar con certeza el detonante de esta difícil situación.

René Mauricio Dávila Moreno, Secretario de Ambiente del municipio de Barrancabermeja asegura que después de más de 20 días de ocurrido el primer afloramiento de crudo a apenas 220 metros del pozo 158, “aún no sabemos cuáles son los orígenes y las causas de este derrame que afecta nuestras fuentes hídricas como las quebradas La Lizama, Caño Muerto e indiscutiblemente ya el Río Sogamoso”.

“La empresa Ecopetrol nos manifiesta que puede haber una relación entre el pozo 158 y el afloramiento, lo que ya nos puede ir generando un responsable directo de esto y eso nos indica que ya hay más posibilidades de que sea una falla operacional y no una falla geológica como están manifestando ellos”, puntualizó el funcionario local.

Por su parte, Daisy Triviño Camargo, delegada de la Junta de Acción Comunal en la zona manifiesta que “tenemos miedo, vemos la destrucción tan grande, nosotros usábamos esta quebrada para nuestro sustento, ahí nos bañábamos, lavábamos, traíamos el agua para consumir, pescábamos y ahora no hay nada”.

La representante de la comunidad asegura que “sólo en el corregimiento de La Fortuna hay más de 70 familias afectadas por el derrame, pero todavía no se ha censado la gente que está padeciendo este desastre”, manifiesta Triviño Camargo.

También Dávila Moreno agregó que, “nos estamos enterando que pescadores de Puerto Wilches, Puente Sogamoso y Buenavista están siendo afectados y por supuesto los que se encuentran en el corregimiento de La Fortuna y de la Meseta de San Rafael en donde extraían, no sólo su sustento económico, también su seguridad alimentaria”.

Las denuncias de la comunidad incluyen afectaciones a la salud, pues no sólo petróleo está vertiendo el conjunto de 14 afloramientos registrados en la zona, también lodos, agua contaminada y gases. Dolores de cabeza, vómitos y otras afectaciones, sumadas a las grandes pérdidas económicas y al deterioro del ecosistema ponen en evidencia que la protección ambiental es un tema transversal a todos los demás.

El ministro de ambiente y desarrollo sostenible, Luis Gilberto Murillo, declaró ante la comunidad que “en este momento debemos concentrarnos en responder a la emergencia, cuando esté controlada la emergencia y logremos parar los afloramientos, podemos hacer mesas de trabajo para mirar otro tipo de tareas que nos quedan pendientes, el tema de la restauración, por ejemplo”.

Héctor Manosalva Vicepresidente de desarrollo y producción de Ecopetrol en reunión con la comunidad, el Ministro de Ambiente, el director de la CAS (Corporación Autónoma Regional de Santander) y la directora de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), afirmó que “hoy hay un parte de tranquilidad en este momento en la fuente”, a pesar de que los afloramientos no se han detenido.

Y agregó que “Ecopetrol responsablemente verificó qué infraestructura había cerca de ese afloramiento, responsablemente (reiteró) verificamos y nos dimos cuenta que lo más cercano es efectivamente el pozo 158, desplazamos un equipo para encontrar algún vínculo de ese pozo con la emanación”.

El día 3 de marzo, Ecopetrol ofició poniendo en conocimiento de la situación a la ANLA que llegó al sitio de la emergencia 10 días después de ser informada. Situación que puso de presente una vez más en Colombia que el seguimiento ambiental que se adelanta por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es insuficiente en incompetente.

El 12 del mismo mes se presentó una irrupción mucho más grave, pues uno de los afloramientos lanzó petróleo a más de 10 metros de altura y se evidenciaron hasta 14 afloramientos en la misma zona.

La empresa fijó diques de contención para el derrame y así evitar que el hidrocarburo llegara  las fuentes hídricas, sin embargo, en la madrugada del 20 de marzo, se desprendió una fuerte tormenta que desbordó la infraestructura y se perdió la contención, por escorrentía el crudo llegó a los caños aledaños, Caño Muerto y La Lizama, desprendiendo la mancha por el área cobrando la vida de miles de animales y afectando de gravedad todo el ecosistema.

Si bien este es un pozo de extracción convencional, genera cuestionamiento frente a la posibilidad de que en Colombia se apruebe el fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales o fracking.

Claudia Victoria González, directora de la ANLA anunció que se abrirán dos actos administrativos ante la emergencia, el primero de ellos es el seguimiento y la investigación del origen del evento, el segundo es referente al seguimiento y monitoreo de la recuperación del ecosistema.

Manosalva explicó que “Ecopetrol tiene más de 2.700 pozos en el Magdalena Medio y nunca se había presentado un problema de integridad de uno de ellos”, si bien afirmó al inicio de su intervención que “algunas experiencias de afloramientos naturales hemos tenido en otras regiones del Magdalena Medio”, luego se contradice enunciando que “sería la primera vez que tenemos un problema de integridad , que indudablemente cuando un pozo presenta un problema de integridad, genera estos efectos”.

Sobre las causas, todos los actores tiene un común denominador: no saber qué pasó, ni la entidad encargada de evaluar y expedir las licencias ambientales para la operación de proyectos extractivos de gran magnitud, posterior a ello hacer el seguimiento, ni la empresa encargada de la operación de este yacimiento, ni las entidades del nivel nacional como el Ministerio de Ambiente, encargado de definir las políticas ambientales del país, manifiestan tener idea alguna de las verdaderas causas del desastre, lo cierto es que de llegar a saberlo, con un pobre seguimiento por parte de la ANLA y una política abiertamente extractivista en Colombia, la verdad difícilmente se sabrá.

*De parte del equipo editorial de Latin American Post pedimos disculpas a todo aquel afectado por la versión anterior de este artículo

Latin American Post | Alberto Castaño Camacho
Copy edited by Susana Cicchetto