El problema con respecto a la minería en el Páramo de Santurbán va más allá del impacto ambiental

La inversión de 1.000 millones  de dólares para minería en Colombia por parte de los Emiratos Árabes ha sido uno de los temas controversiales en boca de los colombianos. Las últimas semanas la balanza se juega entre el detrimento del páramo de Santurbán por la extracción de oro que perjudicaría a más de 30 municipios que se abastecen de agua gracias a esta zona y la declaración del Presidente Juan Manuel Santos de que dicha zona no se verá afectada.

La disputa últimamente se desarrolla en torno a la delimitación de dicho Páramo, puesto que según el ministro de minas y energía, Germán Arce, el proyecto está fuera de los límites del Páramo de Santurbán. Por otro lado el presidente de la multinacional encargada del esquema, Darren Bowden, afirma que traerá beneficios como la atracción de inversión y la creación de empleos directos e indirectos y que su desarrollo sostenible se basará en acciones como el bajo uso neto del agua y, el agua que sea usada recibirá un tratamiento que permita entregarla a fuente hídricas. Sin embargo, es apenas comprensible que la inseguridad y la desaprobación por parte de los ambientalistas aún esté latente, pues la delimitación del Páramo o el desarrollo de la minería moderna no garantizan prevenir o evitar un impacto ambiental negativo, ya que en sus términos más básicos la minería en efecto requiere la explotación de recursos no renovables.

El economista Joan Martinez Alier habló con uno de los medios más importantes de Colombia en el año 2013. Durante su entrevista expuso su desacuerdo con el gobierno sobre el aumento de actividades mineras en Colombia considerando las condiciones ambientales, lo cual impide que se vea realmente un desarrollo económico y sí en cambio el deterioro del ambiente. El economista habla de un modelo en el cual es posible hacer minería sostenible en la medida en que genere un valor agregado en reparación al daño que genera la extracción, siempre y cuando se respete las zonas en las que definitivamente no es factible las actividades mineras.

Sin embargo, el problema en Colombia va más allá del impacto ambiental o la posibilidad de generar desarrollo a través de un modelo sostenible, porque la  cuestión también radica en la falta de transparencia en estos proyectos. Para que esta situación no sea solo una más de las que afecta al país se necesitan herramientas como la ley de transparencia que permitan exigir y controlar detalladamente ese tipo de propósitos en el que, solo se verá afectado el país si no se cumple a cabalidad con las condiciones, sea tomado en cuenta por las entidades y por los mismos colombianos. Estas exigencias son necesarias porque si es posible una minería sostenible, lo que la ciudadanía debe reclamar es que se pruebe que realmente se está haciendo.

Las últimas semanas ha sido tanta la controversia en contra de esta situación, que nadie exige todavía que se muestre diáfanamente los estudios realizados y sobretodo necesarios para conseguir la licencia ambiental por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Explicar con claridad, cifras y detalles las bases y resultados de dichos estudios, si bien no afectará a la ciudadanía, sí haría accesible esta información y pemitiría a los ciudadanos conocer las condiciones del proceso durante su desarrollo.

Si en un principio los colombianos vieran con pruebas que lo que dice el gobierno realmente se lleva a cabo, y si tuviesen a su alcance todos los detalles que permitan discutir el tema bajo la misma igualdad de conocimiento, podría reconocerse una posibilidad de desarrollo sin perjudicar enormemente el ambiente, o por el contrario, estarían en la capacidad de reconocer que definitivamente el proyecto no es razonable.

Latin American Post | Juliana Selene Contreras 

Copy edited by Laura Rocha Rueda