Nuevos escenarios de conflicto se advierten en relación con el recurso del que depende la vida

En 2014 la población de Porterville, en California, sufría una intensa sequía. Una de sus moradoras declaró que muchos de los afectados se mostraban muy orgullosos, y preferían abstenerse de recurrir a las ayudas dispuestas por las autoridades. A ella misma, según reconoció, le costó aceptar hacer uso de las ayudas, pues pensaba que este tipo de problemas sólo ocurría en el Tercer Mundo.

Recién en enero de 2018 el gobierno de Ciudad del Cabo, en la emergente potencia de Sudáfrica, anunció a sus habitantes que les restarían tres meses para quedarse sin suministro de agua. Este problema se desencadenó por tres años de escasas lluvias y por el aumento del consumo de la población, la cual en el curso de dos décadas llegó casi a duplicarse, rebasando el reducido incremento en la capacidad de las represas locales.

Estados Unidos y Sudáfrica han sido eficaces en la atención a sus poblaciones afectadas, pero su panorama podría recrudecer a mediano plazo. La ONU ha señalado que la escasez de agua podrá impactar a más del 40% de la población mundial en 2030, proporción que, al ritmo actual de crecimiento demográfico de aproximadamente 80 millones de personas por año, podría llegar a 66% para 2050. Se ha indicado también que de continuar la tendencia de calentamiento global, el mundo afrontará un déficit de 40% de agua en 2030. La competencia por el agua creará a su vez conflictos sociales semejantes a los que Latinoamérica ya ha vivido, sólo que en cantidades e intensidades superlativas.

Haciendo memoria

La pequeña ciudad brasilera de Itu sufrió en 2014 un prolongado desabastecimiento, con ocasión del cual se presentaron disturbios y robos, y la policía tuvo que escoltar a los camiones cisterna en servicio. En 2015, por efecto de la sequía aún en curso, el gobierno de São Paulo se encontró debatiendo con militares acerca de cómo enfrentar una posible réplica del caos de Itu en caso de desabastecimiento total de agua en la metrópolis, de casi 20 millones de habitantes. A su turno, los administradores de una represa regional, en aras de garantizar el suministro, redujeron el caudal del río Jaguari. Ello acarreó para São Paulo tensiones con el gobierno de Río de Janeiro, que vio afectadas sus hidroeléctricas y amenazó con emprender acciones judiciales.

Bolivia presenció en 2015 el secamiento total del lago Poopó, el segundo más grande del país. La situación de desabastecimiento nacional provocó a finales de 2016 protestas y bloqueo de vías en las ciudades de La Paz, Cochabamba y El Alto. Un viceministro y un gerente estatal fueron tomados como rehenes por pobladores de El Alto, y otros dos altos funcionarios del gobierno fueron removidos.

Por su parte, Ciudad de México, y más precisamente la deprimida delegación de Iztapalapa, constituyen un escenario en el que hasta hoy ocurren protestas y bloqueos constantes a causa de la deficiente provisión de agua, de la mala calidad del líquido y su alto costo. Las estaciones de Iztapalapa, donde muchas personas hacen fila día y noche para aprovisionarse, son objeto regular de motines por el desabastecimiento crónico. Éste provoca igualmente que los camiones cisterna, cuyos operadores suelen pedir sobornos a los habitantes, sean secuestrados varias veces al año. Además, como en otros países latinoamericanos, los partidos políticos disputan la gestión del agua, lo que entorpece de entrada el suministro a la población.

La normatividad

Los conflictos han tenido también repercusión contractual y legal. En el 2000, Cochabamba fue escenario de la llamada ‘guerra del agua’, una serie de protestas y disturbios ocasionados por la privatización del abastecimiento local y el incremento insostenible de sus tarifas, que llevó al gobierno boliviano a rescindir el contrato suscrito para la prestación del servicio. En el estado mexicano de Puebla, en marzo de 2017, seis alcaldes municipales impugnaron, con respaldo popular, una reforma legal que en su concepto viabiliza la privatización de los operadores de agua. De igual forma, para septiembre del mismo año ciudadanos del estado de Oaxaca solicitaron someter a consulta pública un controvertido proyecto de ley de aguas. Luego, en noviembre, la Asamblea Legislativa de México DF aprobó una ley de sustentabilidad hídrica que a juicio del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), abre las puertas a la privatización del servicio. Por esta razón Morena impugnó la norma.

La ONG Blue Planet Project señala que actualmente, más del 90% de los servicios de acueducto en el mundo se encuentra bajo administración estatal como resultado de la oposición ciudadana a la privatización, que suele devenir en encarecimiento y menos responsabilidad sobre la infraestructura. A la vez, la ONG Transnational Institute registra 235 casos de comunidades que entre 2000 y 2015 lograron revertir la privatización del abastecimiento. Los gobiernos continúan debatiéndose entre concesionar el acceso al agua y su suministro, y dejarlo en manos públicas. Pero de cualquier modo, un manejo acorde a la voluntad ciudadana, y más aún en manos ciudadanas y en función del derecho humano de acceso al agua, como es el caso de los acueductos comunitarios, sería de mayor utilidad para prevenir conflictos que un manejo privatizado.

Latin American Post | Ricardp Augusto Barón Ramos
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