¿Existen las Democracias Verdes?
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Ahondar en las practicas medioambientales, aprovechar el desarrollo tecnológico actual y promulgar leyes en favor del medio ambiente es un deber de cada país
En la actualidad temas como el cambio climático, las tecnologías verdes y las energías renovables parecen ganar cada vez más terreno no solo en los medios de comunicación, sino en acciones practicas concretas, lo que refleja –o al menos en apariencia- un cierto avance de la conciencia de los seres humanos sobre la relación recíproca y armoniosa que debemos tener con la naturaleza y el planeta entero.
Read in english: Do Green Democracies really exist?
No es para menos. El mundo moderno, este que conocemos gracias a la revolución industrial y su impacto en el aumento significativo en la producción masiva de bienes y servicios elevando en consecuencia el bienestar de la población, tiene su lado oscuro.
El crecimiento inexorable al que están necesariamente sometidas todas las economías del mundo, demanda cada vez más recursos, lo que implica –de seguir la tendencia y relaciones sociales actuales- no solo el agotamiento futuro de estos sino la contaminación real de océanos con islas enteras de plásticos, la erosión de suelos fértiles para la agricultura, el agotamiento de fuentes de agua dulce destinadas al consumo humano, así como el aumento de la temperatura de la tierra por el efecto invernadero.
Ante esta realidad, se han desarrollando acciones orientadas a regular y/o mitigar el impacto del metabolismo social sobre la naturaleza. El Protocolo de Kioto o el Acuerdo de Paris son par de ejemplos de alcance global (a pesar de ciertos países no firmantes). No obstante, cada país desarrolla una legislación particular en esta materia, lo que origina que se puedan calificar a los más destacados como los más verdes (ecológicamente amigables).
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Índice de Democracia Ambiental
En este sentido veremos a los países con mejor “democracia” ecológica. Nos apoyamos en el Índice de Democracia Ambiental que se basa fundamentalmente en tres parámetros de medición: 1) el derecho al libre acceso a la información sobre asuntos y problemas ambientales, 2) el derecho a participar significativamente en la toma de decisiones y 3) el derecho a impulsar la aplicación de leyes ambientales o compensaciones por daño.
Los primeros 5 son europeos: Lituania, Letonia, EEUU, Sudáfrica y Reino Unido, y justamente en ese orden encabezan el ranking con los mayores índices. Cabe destacar que este estudio solo refleja la promulgación de leyes orientadas a la protección ambiental, mas no a la aplicación de las mismas ni sus efectos en el ambiente propiamente dicho. Adicional a esto el estudio solo aborda 70 países excluyendo entre los más importantes a toda Europa occidental y los países escandinavos; por esta razón los países latinoamericanos, que sí están incluidos en su totalidad, aparecen en importantes puestos en el ranking: Panamá en el #9, Colombia #10, Ecuador #12, Perú #13, Brasil #15, México #19#, Chile #24, Argentina #25 y Venezuela #35. Del lado opuesto los peores en el ranking son Sri Lanka, el Congo, Namibia, Malasia y Haití, ocupando los puesto del #65 al #70 respectivamente.
¿Se puede ser verde desde el subdesarrollo?
Como era de esperarse los países con el peor performance son aquellos con pobreza generalizada (con excepción de Malasia), lo que nos lleva a la discusión necesaria de cómo es posible para un país atrasado tecnológicamente, que esté a la saga en muchos indicadores económicos, sociales y políticos pueda tener el desarrollo institucional suficiente o las condiciones materiales para desarrollar prácticas y legislaciones a favor del medio ambiente, cuando la competencia en el mercado mundial los devora.
De hecho uno de los argumentos esgrimidos por China para no suscribir en su momento el protocolo de Kioto era que, siendo un país emergente requería de todos los estímulos necesarios para crecer, por lo que ciertas leyes o normativas en pro del medio ambiente podían servir de obstáculo y desalentar (como de hecho lo hacen) las inversiones y por ende el crecimiento económico.
Según un estudio de la OECD, las políticas de ambientales pueden afectar la cadena de valor a nivel mundial, esto quiere decir que las grandes empresas multinacionales pueden fragmentar sus procesos productivos y trasladar los eslabones más contaminantes hacia países con legislaciones ambientales más laxas, en lo que se conoce como la Hipótesis de Refugio de la Contaminación. A partir de los años 90, países como Dinamarca, Holanda, Alemania, Suiza, el Reino Unido y los EEUU han endurecido sus políticas ambientales, tornándolas cada vez más rigurosas e impactando en sus costos de producción.
Del otro lado de la moneda, están los BRIC, cuyas políticas son muchos más indulgentes, es decir menos protectoras del medio ambiente. Por lo tanto estos últimos y todos los considerados países "emergentes" se convierten en receptores de inversiones de los eslabones de la producción que requieren politicas ambientales mas permisivas.
En resumen podemos decir que las prácticas ambientalistas, que conducen a una mayor democracia verde, no deben ser analizadas de manera aislada sino que se debe tomar en cuenta las condiciones materiales de cada país. Por supuesto, que no esto no debe ser una justificación para practicas contrarias a la naturaleza, al contrario, se deden redoblar los esfuerzos para alcanzar niveles de desarrollo teconologico acorde a la actualidad por medio de una relación simbiótica con nuestro planeta.
LatinAmerican Post | Luis Alberto Lozada
Copy edited by Vanesa López Romero
