La administración de esta ciudad colombiana mira hacia alternativas para combatir la polución

El 23 de marzo de 2017, la alerta roja ambiental fue declarada en Medellín por parte de las autoridades municipales. El aumento en la rigurosidad del pico y placa por parte de Área Metropolitana (entidad que comprende a Medellín y otros nueve municipios que forman el Valle de Aburrá), restricción del tránsito de volquetas y vehículos de carga pesada, la prohibición a instituciones educativas públicas de primaria y secundaria de realizar actividades al aire libre, así como la negativa de ejercicios a techo abierto en espacios municipales en horas de la mañana, fueron parte de las medidas tomadas para poder proteger a la ciudadanía de la mala calidad del aire. Este escenario  no fue extraño en el momento para los habitantes de la ciudad colombiana, puesto que ya se había vivido una situación similar en el 2016, cuando las estaciones de monitoreo habían marcado 109 microgramos de material particulado PM 2.5 (agente contaminante) por metro cúbico de aire, lo cual también ocasionó una declaratoria de alerta roja ambienta.

La situación topográfica del Valle de Aburrá, que tiene una profundidad máxima de 1km y su parte más ancha de 7km, lo convierte el lugar en una especie de olla de presión cuando las partículas de aire contaminado no pueden salir del Valle. Otro de los detonantes ha sido el crecimiento del parque automotor, que creció 304% en la última década; en 2005 habían cerca de 478.000 automotores, mientras que en el último censo de 2016 la cifra llegaba a 1.453.000.

Este cúmulo de factores ha obligado a las administraciones del Valle de Aburrá a tomar las medidas necesarias para poder ofrecer una calidad ambiental digna para sus habitantes. Es por esto que alcaldías como la de Medellín, se han abocado a trabajar en pro de energías renovables que puedan sustituir los combustibles fósiles.

Sólo en 2017 Medellín pasó a tener 20 estaciones de carga para vehículos eléctricos, uno de los incentivos para esta plaza que cuenta con una cuota de 400 vehículos actualmente. Desde estas estaciones con modalidades de carga rápida y lenta, se puede mantener la cantidad de energía suficiente para poder transitar en la ciudad durante todo el día. Tanto la administración municipal como su empresa de servicios de agua, energía y gas, Empresas Públicas de Medellín (EPM), anunciaron que habrá incentivos económicos a personas que consuman este tipo de energías y se verán reflejados en sus facturas mensuales.

Desde el concejo de la ciudad también se da un aporte, donde se aprobó la sustitución del sistema de transporte público en la ciudad, es decir, antes del 2030 todo el transporte masivo deberá ser eléctrico. Los primeros pasos se darán con el Metroplus donde las unidades que terminen con su vida útil deberán ser sustituidas por sistemas electrónicos.

Una tarea también establecida es enseñar a los habitantes de Medellín y el AMVA (Área Metropolitana del Valle de Aburrá) a usar el transporte masivo, por eso la necesidad de hacer crecer sus servicios y lograr que todos los lugares de la ciudad estén conectados. Proyectos como el Metrocable Picacho, un sistema electrónico que beneficiará de manera directa a 160.000 habitantes de 37 barrios de las comunas Castilla y Doce de Octubre, permitirá que estas personas puedan migrar libremente al sistema metro, sin necesidad del uso hasta de dos autobuses para llegar a sus hogares.

Son parte de los proyectos visionarios y ambiciosos que realiza la ciudad de Medellín y sus vecinos de AMVA para poder dar un salto a la energía eléctrica y, a pesar que el camino por recorrer es largo, acciones como la del cambio de clúster para energía sostenible en la ciudad y la meta del invertir el 3% del PIB en esta materia antes del 2019 hacen pensar que esta ciudad colombiana está encaminada hacia esta tarea.

Latin American Post | Julio Abella

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