182 reservas naturales estarían en riesgo de ser destruidas para mercantilizar sus recursos

En México construir y explotar áreas naturales protegidas podría ser legal. Así lo demuestra una iniciativa aprobada por el Senado conocida como la Ley General de Biodiversidad, una legislación, que de ser aprobada por completo, permitiría la explotación de recursos naturales y realización de actividades de alto impacto en zonas naturales resguardadas.

La propuesta legislativa promovida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), da luz verde a la construcción de minas, puertos, presas, gasoductos, entre otros, en lugares denominados Áreas Naturales Protegidas (ANP). También deja abierta la posibilidad respecto a la explotación minera en dichas zonas, puesto que no dictamina de manera concreta, la ilegalidad de la explotación.

Además de la preocupación propia por el deterioro ambiental que propiciarían las mencionadas actividades, la sociedad ha cuestionado la aprobación del proyecto en Fast Track otorgada por el Senado de la República con 88 votos a favor y solo uno en contra. Cuando una Ley es aprobada en Fast Track, significa que su verificación se realizó en el último momento del año, durante el cierre del periodo y sin contemplar a todas las partes afectadas.

Esta proyecto ha sido ampliamente criticado por ciudadanos y 75 organizaciones de la sociedad civil que manifestaron preocupación por la posible implementación de la Ley General de Biodiversidad. Si bien tal legislación ya fue aceptada por el Senado, aún necesita ser ratificada por la Cámara de Diputados para luego pasar al Ejecutivo Federal.

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Si el polémico proyecto de Ley logra pasar los filtros establecidos, se favorecerían los intereses empresariales de unos cuantos al permitir la explotación minera en 182 Áreas Naturales Protegidas de México. La explotación no solo estaría deteriorando los recursos genéticos y ambientales del planeta, sino también afectando a poblaciones indígenas que habitan en las zonas, quienes se verían perjudicadas por la contaminación propia de las prácticas mercantilistas.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor), llamado Áreas Naturales Protegidas y Minería en México: Perspectivas y Recomendaciones, la explotación minera que se podría llevar a cabo en las ANPs, estaría dirigida principalmente a la extracción de metales industriales y preciosos.

Estas prácticas se realizan en su mayoría a cielo abierto causando impactos ambientales como la contaminación de ríos con sustancias tóxicas o extinción de fuentes hídricas, tala de árboles y remoción de cubierta vegetal, además de emisión de gases a la atmósfera y la generación de altas cantidades de escombros contaminantes.

Según indica la Comisión Nacional de México, organismo encargado del análisis y protección de las ANPs, estás áreas se reconocen como lugares ambientales donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción sin penetrar o alterar el entorno natural, preservando de esta manera especies y hábitats propios de la región. El país azteca cuenta con 182 ANPs, 63 de estas estarían ubicadas en espacios en donde se permitirían concesiones mineras.

De aprobarse la Ley General de Biodiversidad, se anularía consecuentemente lo pactado en la actual Ley General de Vida Silvestre, la cual vela por la conservación de la fauna y flora del país, mediante la protección y el aprovechamiento sostenible, sin generar desequilibrios ecológicos o perjudicar poblaciones.

Latin American Post | Krishna Jaramillo

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