América Latina: ¿por qué mueren los ambientalistas?
América Latina es la región más peligrosa para estos activistas, registrando el 60% de las muertes en 2016. Brasil y Colombia encabezan la lista de líderes asesinados
Casi cuatro personas fueron asesinadas cada semana de 2016 por proteger sus tierras, bosques y ríos de las empresas mineras, madereras y agrícolas, según cifras reveladas por el último informe de la ONG internacional Global Witness. De acuerdo con este informe, Brasil suma el mayor número de defensores asesinados con 37 personas y Colombia ocupa la segunda posición con 22. Para Billy Kyte de Global Witness, la situación de Brasil se debe a una creciente expansión de la tala y de la agroindustria en la Amazonía, así como a un debilitamiento institucional, evidente en las decisiones tomadas por Michel Temer frente al Ministerio de Derechos Humanos. En el caso de Colombia, donde las cifras han alcanzado un máximo histórico, la situación se atribuye a que debido al proceso de paz con las FARC muchas comunidades desplazadas están regresando a áreas que antes estaban bajo el control guerrillero y que ahora son observadas con codicia por compañías extractivas.
El país más peligroso del mundo para ejercer el activismo ambiental es Honduras, donde desde 2010 se han registrado más de 120 homicidios relacionados con este tema. En ese país ocurrió el caso más sonado: el asesinato de Berta Cáceres quien ganó el Premio Medioambiental Goldmal en abril de 2015 por organizar al pueblo lenca, la mayor etnia indígena del país, contra la construcción de la represa Agua Zarca en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia.
Una mezcla de capacidad de lobby frente a las instancias de control ambiental, relación con organizaciones al margen de la ley y complicidad estatal hacen que los objetivos de la industria prevalezcan sobre las necesidades de las comunidades. Debido a los grandes intereses económicos en juego, la impunidad suele imperar en estos casos. Si se detiene a los asesinos, casi nunca se llega a quienes los han contratado. Incluso se cree que las cifras reales no corresponden con las reportadas, ya que las comunidades afectadas generalmente están aisladas entre cordilleras de montañas o selvas, lejos de las instituciones apropiadas donde pueden reportar los hechos.
Los números indican que 2017 será aún más letal que 2016, pues ya han muerto 117 defensores de la tierra y del ambiente en el mundo, la mayoría de ellos latinoamericanos. Los dedos apuntan hacia los gobiernos, las empresas y los inversionistas pues, como menciona Ben Leather, investigador de Global Witness, ellos tienen el deber de garantizar “que las comunidades sean consultadas sobre los proyectos que las afectan, que los activistas sean protegidos de la violencia, y que los culpables sean llevados ante la justicia”.
Latin American Post | María Andrea Otero
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