El futuro Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se plantea seriamente implementar la ley de amnistía, la cual propone un proceso de paz y de reconciliación nacional

Parece que el narcotráfico se extiende por cada rincón de la nación azteca, afectando incluso a zonas que parecían inmunes. Todavía está fresca la muerte de una turista estadounidense víctima de una bala perdida, mientras esperaba para ingresar a un local de moda en la exclusiva zona de Polanco en la Ciudad de México. Nadie está a salvo de la guerra por el control de la droga, por lo que el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quiere impulsar una alternativa a la política habitual de mano dura.

Uno de los puntos fuertes de la campaña de Obrador es la controvertida ley de amnistía, la cual propone un proceso de paz y de reconciliación nacional, algo que la oposición ve como un pacto con el crimen organizado, según medios como La Nación. López Obrador defendió durante la pasada campaña su máxima de que “sin proceso de pacificación y reconciliación nunca habrá un punto de inflexión en los niveles de violencia que definen la tragedia del país”, como expresó el asesor de seguridad de AMLO, Alfonso Durazo.

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Olga Sánchez Cordero, quien será la futura Secretaria de Gobernación, reveló que había recibido luz verde por parte del presidente electo para hacer lo que fuera necesario en la pacificación de México. Sánchez es conocida en el país por su discurso favorable hacia la despenalización de las drogas. En el seminario “Violencia y Paz. ¿Olvido, Verdad o Justicia?” confirmó su intención de abrir un debate, aunque dejó claro que de haber una amnistía general quedarían excluidos de ella aquellos que, según la Constitución, hayan cometido delitos que supongan graves violaciones de los derechos humanos.

Entre las estrategias del nuevo Gobierno destacan la suavización de las condenas, la implantación de una justicia transicional, la reparación de las víctimas (principalmente a las familias de desaparecidos) y la despenalización de las drogas. Sin embargo, es evidente que una parte de la sociedad mexicana rechaza estas medidas por considerar que el Estado está doblando la rodilla ante el crimen organizado.

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Es inevitable que el debate sobre la legalización de algunas sustancias tome cada vez más fuerza. Ya son varios los países y regiones que están adoptando esta medida para reducir el atractivo que tienen algunas drogas entre la sociedad y así disminuir el beneficio de quienes se lucran con ellas.

En la última década no han sido pocos los líderes que claman para que la droga no sea tratada solo desde la óptica criminal, sino como un problema de salud pública. En Latinoamérica, algunos mandatarios fuera del cargo y otros próximos a dejar de ser presidentes, como Otto Pérez Molina en Guatemala, José Mujica en Uruguay, Felipe Calderón en México y Juan Manuel Santos en Colombia, se han mostrado favorables a esta vía ante el comprobado fracaso de las armas a la hora de luchar contra el narcotráfico, según un informe de Colegio de Contadores Públicos de México.

LatinAmerican Post | José María González Alonso

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