En el marco de la lucha contra el narcotráfico, la Cámara de Diputados del país Azteca aprueba la ley con 248 votos

México atraviesa una de las mayores crisis en la seguridad nacional debido a que los cárteles del narcotráfico han permeado instituciones, poblados y las fuerzas de seguridad pública y militar. Tan sólo en el mes de octubre se registraron más de 2300 casos de homicidio, lo que lo convirtió en el mes más violento en más de 20 años.

Por esta razón, surge la necesidad de tener un marco legal que regule la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico. La intervención es fundamental debido a las irregularidades, torturas y múltiples violaciones de derechos humanos que las fuerzas armadas mexicanas han cometido. Sin embargo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su partido el Revolucionario Institucional, han propuesto una medida más drástica: la militarización del país y establecer en el territorio un estado autoritario.

La polémica ley de Seguridad Interior fue aprobada el pasado 30 de noviembre por la Cámara de Diputados. La ley se aprobó vía fast track, es decir, en menor tiempo y sin que hubiera un debate nacional. La situación ha causado malestar ya que le cerró la puerta a organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema de la seguridad. La decisión posiciona a México como un país que busca criminalizar la protesta social, dar mayor poder a las fuerzas armadas, reducir la participación de sociedades civiles, entre otras. La ley ha despertado preocupación en diferentes sectores, por lo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein, ha pedido a México no aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Interior en el Senado de la República.

El proyecto de Ley, que ahora se encuentra la Cámara Alta para ser discutida, presenta las siguientes inconsistencias:

• Las fuerzas civiles quedarán al margen de las fuerzas armadas. A pesar de que en el artículo 18 la actuación de las fuerzas armadas no se considerará como “seguridad pública”, la dirección y coordinación corresponderá a la Marina y al Ejercito. Asimismo, los Secretarios de Estado de las mismas serán quienes designen al comandante que intervenga en la zona de peligro.

• La opacidad será su bandera. En el artículo noveno, la Ley menciona que toda la información que se derive de la presente ley será considerada como“seguridad nacional”, lo cual, limita su acceso y transparencia. Adicionalmente, las fuerzas armadas quedarán exentas del derecho procesal administrativo, lo cual generará una arbitrariedad en las fuerzas armadas y vulnerará el principio del debido proceso.

• Por último, los conceptos esbozados dentro del proyecto de Ley presentan ambigüedades; a saber, en términos como  “seguridad interior” , “amenaza a la seguridad interior” y “riesgo a la seguridad interior”. Lo anterior podría desencadenar vacíos en la ley ante la posibilidad de represión a manifestaciones político-electorales. Si bien es cierto que, dentro de la ley, en el artículo octavo, se menciona que las manifestaciones político-electorales no serán consideradas como amenazas a la seguridad interior deja abierta la puerta a que se considere un “riesgo” por lo que se consideraría implementar el uso de las fuerzas armadas.

Lamentablemente, pese a las múltiples voces en contra de la Ley de Seguridad Interior, el gobierno mexicano y el PRI buscarán poner en marcha la ley. Lo más peligroso es que en un contexto electoral, en el que se está posicionando el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, el gobierno podría estar preparándose para reprimir las manifestaciones de los simpatizantes del candidato.

LatinAmerican Post | Leonardo Daniel

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