Narcotráfico y política, la conexión que empaña las elecciones en Guatemala
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El alcalde de Nueva Concepción, una ciudad de Guatemala, fue acusado por tráfico de drogas y lavado de dinero para los carteles mexicanos
Un empleado arregla papeletas que se usaron en la primera vuelta de las elecciones generales de Guatemala. REUTERS/Luis Echeverría
El alcalde de la localidad guatemalteca Nueva Concepción enfrenta acusaciones de la fiscalía general de traficar y lavar dinero para cárteles que envían toneladas de drogas a Estados Unidos. Sin embargo, Otoniel Lima, de 58 años, que viaja en una camioneta Hummer blindada por su humilde poblado costero, goza de inmunidad mientras ocupe su cargo hasta mediados de enero.
El político planeaba presentarse a la reelección en los comicios del 16 de junio, en los que se votaría por presidente, gobernadores, alcaldes y legisladores. Pero el Tribunal Supremo Electoral revocó su candidatura, seis meses después de que le fueran fincados los cargos.
“Si yo fuera narco yo lo admitiría, yo ya habría huído, ya hubiera salido del país, pero no lo soy ¿Por qué me acusan de algo que no soy?”, dijo a Reuters desde su oficina manoteando indignado, días antes de que lo retiraran de la carrera electoral.
El narcotráfico ha sido unos de los temas dominantes en la campaña hacia la elección en un país que expertos estiman es un punto de tránsito de gran parte del trasiego de cocaína de Colombia hacia Estados Unidos, y más aún cuando una comisión de Naciones Unidas que ha combatido la corrupción desde hace más de una década se prepara para dejar el país.
Las elecciones presidenciales de Guatemala se dirigirán a una segunda vuelta el 11 de agosto entre una ex primera dama y una ex jefa de prisiones, después de que ninguno de los 19 candidatos obtuviera la mayoría en la votación del 11 de junio.
Sandra Torres, empresaria y ex primera dama, candidata centrista del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), enfrenta acusaciones de financiamiento ilegal de la campaña en las elecciones de 2015, pero su candidatura le confiere inmunidad de enjuiciamiento. Su contendiente Alejandro Giammattei es un candidato de derecha de Vamos y ex director de prisiones que pasó 10 meses en prisión preventiva tras ser acusado de participar en una masacre de presos en 2006.
Se necesita la segunda vuelta, ya que ninguno de los dos candidatos obtuvo suficientes votos para obtener el 50% de electores para ganar en las elecciones del 11 de junio. Torres obtuvo el 25,7% de los votos. Alejandro Giammattei quedó en segundo lugar con 13.9%.
Torres lidera la carrera para suceder al presidente Jimmy Morales, ex presentador de televisión. Se ha comprometido a enviar tropas a las calles para combatir los delitos violentos y combatir la pobreza mediante el impulso de los programas sociales. Torres también ha prometido tolerancia cero para el narcotráfico y ha dicho que muchos se vuelcan al narcotráfico por la falta de empleo y oportunidades y que es necesario depurar a las fuerzas de seguridad.
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“Tenemos población que cuando aterrizan las avionetas y los aviones no dejan entrar al Ejército y a la policía. El narcotráfico está contaminando a la población”, dijo Torres, candidata de la UNE, el mismo partido que llevó al poder a su exmarido, Alvaro Colom, en 2007.
Durante esta campaña, el candidato presidencial Mario Estrada y el postulante a diputado Julio José Rosales han sido detenidos acusados de vínculos con el mexicano cártel de Sinaloa para obtener financiamiento electoral y para intentar fabricar y transportar heroína, respectivamente.
La lista de candidatos con ligas criminales incluye también a exconvictos por posesión de armas y lavado de dinero, tráfico de drogas hacia Estados Unidos o con familiares cercanos encarcelados o que han pagado condenas por narcotráfico.
De acuerdo con un informe de 2013 de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 80% de la cocaína destinada a Estados Unidos pasa por Centroamérica y México.
La droga sale de Colombia a través de sus costas en el Caribe y Pacífico. Por este último desembarca en México o en Centroamérica, desde donde se mueve por tierra o mar a través de embarcaciones sumergibles en su camino a Estados Unidos.
“Hay una resignación popular de la existencia del narcotráfico”, dijo Carmen Rosa De León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, en Ciudad de Guatemala.
SIN VIGILANCIA
El problema podría agravarse con la salida en septiembre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un cuerpo que se instaló en 2007 y junto con el Ministerio Público destapó escándalos como el que llevó a la cárcel al expresidente Otto Pérez y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, bajo cargos de corrupción, asociación delictuosa y tráfico de drogas.
La CICIG señala que nueve de los 158 legisladores electos en la presente legislatura no pudieron asumir sus curules por enfrentar procesos judiciales. Algunos de los procesos son por corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, además de tráfico de influencias y tentativa de homicidio.
“El Congreso de la República se ha convertido en una tribuna de confluencia y pacto entre actores económicos, políticos, militares y criminales que se han beneficiado impunemente de poder y enriquecimiento indebidos”, dijo la CICIG en un reciente informe.
Sin embargo, la comisión no verá el final de muchas investigaciones, ya que no recibió el aval del saliente presidente Jimmy Morales para permanecer en el país una vez que acabe su autorización en septiembre.
La decisión de Morales se dio luego de que el organismo solicitara en agosto del 2018 un antejuicio en su contra por presunto financiamiento electoral ilícito.
“La existencia de un organismo independiente como la CICIG sirve de alerta para las redes político económico ilícitas que quieran cometer ilícitos”, dijo a el portavoz de la CICIG, Matías Ponce. (Reuters)
Reuters | Adriana Barrera y Sofia Menchu
