Nuevo León, el estado de México donde prima la homofobia

En pleno siglo XXI aún existe una persecusión hacia las personas LGBTIQ+, y eso no solo sucede en países tradicionales y religiosos, como en Medio Oriente y África, también sucede en países occidentales y pluriculturales como México.

Una de las más grandes paradojas que vive actualmente el país latinoamericano es que, al mismo tiempo que es una de las naciones en el mundo en donde la comunidad LGBTIQ+ está más protegida, pues constitucionalmente no se permite la discriminación por orientación sexual, tiene uno de los Estados en donde más se reprime a esta comunidad. México es uno de los tres países de América Latina (con Ecuador y Bolivia) en donde hay un marco legal fuerte, lo que supondría mayores beneficios y, sobre todo, seguridades para estas personas. Sin embargo, al ser una República Federal, cada estado tiene ciertas libertades que permiten ser más o menos abiertos en cuestiones de este tipo.

Siendo así, Nuevo León, un estado al norte del país y cuya capital es Monterrey, una de las ciudades principales, ha destacado por su conservadurismo especialmente en temas de orientación sexual y aborto. Por ejemplo, tan solo durante 2019, algunos sectores políticos de NL, especialmente el partido Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y de tendencia de izquierda, votaron para castigar el aborto.

Pero el eje de la discusión lo ha tenido la comunidad LGBTIQ+, que ha sufrido importantes reveses durante el 2019. El más reciente hecho y que puede llegar a costarle más que un dolor de cabeza al estado de Nuevo León tiene que ver con la expulsión de un alumno de su colegio por motivos de orientación sexual. 

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El estudiante de 14 años fue “expulsado por la directora del plantel, por llevar una sudadera amarrada alrededor de la cintura, expresión que consideró típicamente femenina”, informó El Universal. Sin embargo, el Movimiento por la Igualdad, grupo en contra de la discriminación y que protege los derechos LGBTIQ+, afirmó que ésta era solo una excusa para expulsar al menor, cuando en realidad se trataba de un hecho aún más discriminatorio. La realidad, según el colectivo, sería que el joven vive con su tío, quien tiene una pareja del mismo sexo.

El tío del menor y colectivos en pro de los derechos y la igualdad presentaron la denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), donde esperan la respuesta para que el joven pueda volver a clases.

Según informó la activista del Movimiento por la Igualdad, Jennifer Aguayo a El Universal, éste no es un hecho aislado en esa escuela, donde el conservadurismo a afectado a otros estudiantes con madres solteras o “padres tatuados”.

Como éste, muchos otros casos se presentan a diario en el estado más conservador de México. A pesar de que en marzo de este mismo año una pareja homosexual tramitó el primer matrimonio igualitario del estado, muchos otros miembros de la comunidad no han tenido la misma fortuna. En general, continuamente hay denuncias por parte de estas personas porque se les ha negado el ingreso a establecimientos debido a su orientación sexual. El problema es que el Congreso Local no hace nada frente a esto, por lo que dueños de locales o restaurantes pueden hacerlo sin verse afectados.

En septiembre de este año, el Congreso Local de Nuevo León aprobó una polémica ley que permite que los médicos puedan decidir si atender o no a un paciente o realizarle algún procedimiento, teniendo en cuenta la orientación sexual de éste. La propuesta, hecha por parte de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables, buscaba que se pudiera hacer uso de la objeción de conciencia, lo que implicaba una reforma a la ley de salud del estado. 

“La objeción de conciencia es el derecho consistente en la negativa a realizar determinados actos o servicios derivados de una orden de autoridad o de una norma jurídica cuando éstos contradicen los propios principios éticos o morales,” afirma el comunicado del Congreso. Desde entonces, los médicos y demás miembros del sistema de salud pueden no atender a una persona LGBTIQ+ sin tener sanciones por ello. Lo mismo aplica también en caso de migrantes, mujeres que quieren abortar, indígenas y pacientes con VIH, afirma el Sol de México.