Panamá: Refugio para minorías LGTBI, religiosas y étnicas
Decenas de migrantes de Rusia, Irán, Sri Lanka, Afganistán y otras naciones que se identifican como LGTBI o pertenecen a grupos religiosos y étnicos perseguidos enfrentan un destino incierto en Panamá. Deportados de Estados Unidos, ahora temen regresar a sus países de origen.
Enfrentando persecución y deportación
Miembros de la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales) de Rusia y minorías religiosas o étnicas perseguidas de países como Irán, Sri Lanka y Afganistán se encuentran en una situación precaria en Panamá. Tras ser expulsados de Estados Unidos—donde muchos llegaron en busca de asilo—estos individuos fueron enviados en vuelos a la nación centroamericana como parte de un acuerdo bilateral que convirtió a Panamá en un llamado “país puente” para repatriaciones.
Ahora se niegan a regresar a sus países de origen, alegando ataques sistemáticos, persecución o incluso la amenaza de muerte. Entre los más vulnerables están los miembros de la comunidad hazara en Afganistán, quienes han sido repetidamente atacados por grupos violentos como el autodenominado Estado Islámico (EI) y los talibanes, ambos de los cuales consideran a los hazaras como apóstatas. Cientos de hazaras han perdido la vida en atentados suicidas, incluido un trágico ataque en una escuela de niñas en Kabul en 2021 que dejó 110 muertos, en su mayoría estudiantes.
Un hazara de 29 años, que habló con EFE bajo condición de anonimato, contó en español—que aprendió durante su travesía de cuatro meses desde Brasil hasta EE.UU.—que regresar a Afganistán sería “muy difícil” para él. Llegó a la frontera estadounidense el 7 de febrero, solo para ser deportado a Panamá cinco días después, con grilletes. Según las autoridades panameñas, este joven fue uno de los 299 migrantes irregulares de fuera de América que fueron enviados a Panamá en febrero bajo un acuerdo entre ambos países. Al menos 187 han regresado voluntariamente a sus países o planean hacerlo, mientras que 112 se niegan a ser repatriados por temor a perder la vida.
Por ahora, estos 112 migrantes permanecen en un hotel de Ciudad de Panamá, tras haber sido trasladados desde un albergue cercano a la selva del Darién, luego de que el gobierno panameño les concediera un permiso humanitario renovable de 30 días. Este permiso puede extenderse hasta un máximo de 90 días, dándoles tiempo para buscar una salida—cualquier opción, menos regresar a los países de los que huyeron.
Un hombre tamil hindú de Sri Lanka, quien también pidió anonimato, rechazó de manera enfática la posibilidad de regresar a su país, respondiendo: “¡Nunca, imposible!”. La minoría tamil en Sri Lanka ha enfrentado décadas de opresión por parte de la mayoría budista cingalesa. Aunque la guerra civil terminó en 2009, este hombre sostiene que no se ha encontrado una solución real para los tamiles, citando una fuerte presencia militar y desplazamientos forzados. “Siguen tratando de expulsar a los tamiles de nuestros territorios”, dijo a través de una aplicación de traducción. “No tenemos libertad”.
Organizaciones religiosas brindan apoyo
Mientras estos migrantes lidian con su futuro incierto, organizaciones católicas bajo la Red CLAMOR (Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña sobre Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas) están cubriendo los costos del hotel, la alimentación y parte del apoyo legal. Según Alberto Agrazal, organizador comunitario de Fe y Alegría (parte de la red), actualmente están apoyando a 45 migrantes en el hotel, principalmente de Pakistán, Irán, varios países africanos y Nepal. Se esperaba la llegada de otros 22 desde un albergue en Darién.
La abogada y especialista en migración Jenny Soto Fernández, quien colabora con la Pastoral de Movilidad Humana (también parte de Red CLAMOR), describió la situación de estos migrantes como un “rompecabezas”. En declaraciones a EFE, Soto Fernández criticó la falta de asistencia gubernamental efectiva, explicando que muchos migrantes no recibieron documentos de deportación de las autoridades estadounidenses ni les sellaron el pasaporte al entrar a Panamá. Esto, afirmó, genera una irregularidad en su estatus, el cual ahora depende de un permiso de 30 días por “razones humanitarias”, un esquema que calificó de “incongruente”.
Soto Fernández considera que las opciones más viables para estos migrantes son solicitar asilo político en Panamá o acudir a embajadas de terceros países para pedir refugio en otro lugar. “Si no quieren quedarse aquí, pueden visitar consulados para buscar algún tipo de protección”, explicó.
Dos mujeres iraníes entrevistadas por EFE también se niegan a regresar a su país, donde, según un informe del Departamento de Estado de EE.UU. de 2023, podrían enfrentar la pena de muerte por convertirse al cristianismo. “Cambiar de religión se castiga con la muerte en nuestro país”, dijo una de ellas, de 29 años. “Solo quiero un lugar seguro”.
Desafíos legales y el principio de no devolución
Entre los migrantes varados en el hotel se encuentra un joven ruso que se identifica como parte de la comunidad LGTBI. “Nos llaman ‘extremistas’ en nuestro país”, lamentó, agregando que ha pasado años ocultando su orientación sexual por miedo a ser encarcelado o algo peor. Contó a EFE que su encuentro con las autoridades estadounidenses fue fugaz: “Me detuvieron un minuto después de cruzar la frontera en auto. Nunca me dejaron contar mi historia”.
El abogado internacionalista y activista de derechos LGTBI Iván Chanis recordó a EFE que el principio de no devolución—que prohíbe a los gobiernos obligar a los migrantes a regresar a países donde su vida o libertad corren peligro—se aplica en todos los casos. “Si hay información creíble que sugiera que devolver a alguien a su país podría poner su vida en peligro”, enfatizó, “cada Estado está obligado a proporcionar un nivel de protección, ya sea por riesgo de prisión, trato inhumano o incluso la muerte”.
Según Chanis, Panamá debe cumplir con sus obligaciones internacionales proporcionando refugio seguro—o al menos alivio temporal—a estos individuos vulnerables. Los migrantes, incluidos aquellos de la comunidad LGTBI y las minorías étnicas o religiosas perseguidas, tienen su esperanza puesta en visas humanitarias o programas de reasentamiento en terceros países. Para ellos, regresar a Rusia, Irán, Sri Lanka o Afganistán podría significar una sentencia de muerte.
Mientras organizaciones católicas y defensores de derechos humanos trabajan para brindar asistencia legal, alojamiento, alimentación y servicios de traducción, el gobierno panameño ha tomado medidas limitadas para formalizar el estatus de los migrantes. Con más llegadas esperadas y los permisos temporales a punto de expirar, los defensores advierten que estas 112 personas siguen en un estado de incertidumbre, obligadas a encontrar rápidamente una solución duradera.
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Muchos de estos migrantes no pueden regresar a la violencia o persecución de la que huyeron. Dicen: “¡Nunca, imposible!”. Llegaron en busca de seguridad y dignidad—dos derechos básicos que aún siguen siendo esquivos.
