Se ha visto el hostigamiento a los profesionales de la comunicación social en diferentes países de Latinoamérica

Audacia, perspicacia y la capacidad de informar sobre lo que está pasando en los diferentes rincones de los países es una labor bien entendida por los periodistas. Hoy en día, quizás esta profesión ha tomado una importancia gigantesca para el futuro de las naciones, a un punto tal que gran parte de las decisiones de aspectos como la política, son regidas de acuerdo al criterio de los encargados de dirigir programas de opinión pública.

Hay un aspecto que al parecer corre por las venas de cualquier periodista y es ese deseo de ser el de la primicia, el que puede decirle al mundo aspectos que, gracias a su capacidad o a la obtención de buenas fuentes, puede hacer del conocimiento público denuncias o situaciones irregulares de las cuales se deberían tomar los correctivos pertinentes por parte de las autoridades e incluso de la ciudadanía en general, pero el asunto está cuando esta información pone en riesgo su vida.

Muchos pensarán que es un riesgo que asume este sujeto cuando decide indagar en este tipo de situaciones, pero usted se ha preguntado cómo sería el índice de corrupción y asuntos ilegales si no existiera alguien que denunciara estos hechos.

Uno de los precedentes más recientes de este problema lo está viviendo México donde incluso la ONU ha abogado por redoblar la seguridad y protección a periodistas debido a que sólo en 2017 han sido asesinados 11 de ellos, quienes se dedicaban a indagar en fuentes como orden público, crimen organizado y tráfico de drogas; estos comunicadores fueron asesinados de forma violenta, situación que ha infundido temor general en el gremio.

Otra de las situaciones irregulares presentes en el país mexicano se debe también a las agresiones, donde, según la ONU, sólo en 2017 cada 15,7 horas es violentado un periodista, atribuyendo el 50% de los casos a funcionarios públicos. Situación a la cual el estado mexicano ha prometido analizar y dar seguimiento a cada uno de los casos.

Venezuela protagonizó una de las represiones más fuertes contra el gremio periodístico que se dedicó registrar las manifestaciones que se vivieron en el país en el transcurso del año. Allí los reporteros fueron atacados, asaltados, amenazados y muchos de ellos arrestados y secuestrados por parte de las autoridades; esto sin contar la censura y la negatoria de ingreso al país por parte de entes gubernamentales. Entre los casos más conocidos se encuentra el del periodista Argentino Jorge Lanata quien viajó para cubrir el proceso electoral de la asamblea constituyente el 30 de julio y se le negó la entrada e incluso fue obligado a volver a Argentina de inmediato, alegando que no contaba con las credenciales que requería para cubrir este evento.

Otro de los antecedentes recientes también en tierras venezolanas fue el de Jesús Medina, reportero del portal Dóllar Today. Medina documentó y mostró mediante su cuenta Instagram imágenes de la cárcel de Tocorón donde evidenciaba los lujos que tiene el centro penitenciario (discotecas, piscinas, sembradíos de marihuana y hasta un zoológico).

Este periodista fue secuestrado y durante su cautiverio, según su relato, fue golpeado y amenazado de muerte. Tres días después de su rapto apareció desnudo es una vía que conecta al estado Vargas con la ciudad de Caracas.

La pregunta que nace con este tipo de situaciones, recapitulando unas líneas atrás ¿usted se ha preguntado cómo sería el índice de corrupción y asuntos ilegales si no existiera alguien que denunciara estos hechos? Lo cierto es que esa misma audacia que llevan los periodistas en su ADN, los impulsarán a seguir indagando en la noticia a pesar de convertirlos en actores de una profesión de alto riesgo.

Latin American Post | Julio Abella

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