La consulta cuestionable de Colombia es un desvío de la democracia

La idea del presidente Gustavo Petro de utilizar una votación pública en lugar de pasar por el Congreso ha generado preocupación en Colombia. Sus opositores afirman que esto no mejora la participación ciudadana. Consideran que evita controles importantes y sienta un precedente riesgoso para el sistema democrático del país, que ya es frágil.

El problema de evitar el Congreso

La reciente polémica en torno a la reforma laboral y la reforma de la salud, ambas impulsadas por Petro, ha reavivado un debate más amplio sobre los límites del poder ejecutivo. Según declaraciones oficiales, ambas iniciativas han enfrentado resistencia en el Congreso, y la reforma laboral está cerca de ser archivada en comisión. Como respuesta, Petro ha propuesto una consulta popular para que los ciudadanos voten directamente sobre ideas clave que no han logrado avanzar en el Legislativo.

Aunque, en apariencia, una consulta puede sonar democrática, muchos temen que socave el marco constitucional del país y erosione el papel del gobierno representativo. Detrás de los llamamientos retóricos a “dejar que el pueblo decida” hay preocupaciones urgentes. ¿Puede realmente un referendo nacional captar la complejidad de reformas de gran escala? Si no se regula adecuadamente, este giro hacia un plebiscito de arriba hacia abajo podría degradar el espíritu de los pesos y contrapesos constitucionales, especialmente porque la ley colombiana prohíbe decidir mediante voto popular ciertos temas, como reescribir la Constitución o aprobar proyectos de ley completamente redactados. Aun así, la iniciativa de Petro sugiere que está dispuesto a explorar esos límites con el fin de evitar los obstáculos del Congreso.

Para muchos críticos, el problema central es que la consulta propuesta pasa por alto los procesos esenciales de debate en el poder legislativo. Los defensores de Petro argumentan que la falta de avances en el Congreso justifica llevar las reformas al público. Sin embargo, históricamente, la aceptación parcial o la demora de iniciativas presidenciales en el Parlamento no es algo anormal, sino parte del funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos. Cuando el Ejecutivo intenta promover cambios sociales o económicos complejos, el Legislativo los examina, modifica y, en algunos casos, los rechaza.

Este tipo de fricción no es un fracaso de la democracia, sino una señal de que se están considerando diversos puntos de vista, intereses regionales y perspectivas minoritarias. Apelar a un referendo puede reducir asuntos complicados a preguntas demasiado simplificadas de sí o no. Esto evita el análisis detallado, artículo por artículo, que normalmente se lleva a cabo en las comisiones legislativas, donde se pueden identificar consecuencias no previstas, cláusulas contradictorias o incluso problemas constitucionales.

Un exdirector de la Registraduría Nacional, en entrevista con EFE, explicó que el mecanismo de consulta tiene muchas restricciones legales. Por ejemplo, una votación directa no puede contradecir principios constitucionales ni centrarse en un proyecto de ley completamente escrito. El gobierno tendría que reducir sus reformas laborales o de salud a unas pocas preguntas generales, lo que genera dudas sobre si este método haría justicia a los detalles que normalmente requieren meses de revisión en el Congreso.

Obstáculos legales y precedentes constitucionales

La historia de Colombia ofrece advertencias sobre el camino del referendo. La Constitución establece reglas estrictas para organizar y validar una consulta nacional. Según el marco legal vigente, el presidente necesita la firma de todos los ministros del gabinete y la aprobación del Senado. Si recibe el visto bueno, el gobierno tiene un plazo de tres meses para organizar la votación. Para que el resultado sea vinculante, al menos un tercio del electorado debe participar, y la iniciativa debe obtener la mayoría simple de esos votos.

La experiencia indica que superar estos obstáculos no es tarea fácil. La única consulta nacional previa en el país ocurrió en 2018 y se centró en medidas contra la corrupción. A pesar del gran descontento público con este problema, la consulta no logró la participación suficiente. Esto plantea una pregunta clave: si una propuesta contra la corrupción—que generalmente cuenta con apoyo popular—no pudo movilizar a suficientes votantes, ¿es probable que reformas laborales o de salud, altamente complejas, alcancen el nivel de participación necesario?

Cuando la población recibe una opción binaria sobre cambios de gran magnitud en políticas públicas, ¿cómo se relaciona esto con el papel del Legislativo en la creación de leyes detalladas? Incluso si gana la opción del “Sí”, los legisladores aún tendrían que diseñar y aprobar una ley concreta. Si la versión final difiere significativamente de los lineamientos generales de la consulta (como casi siempre ocurriría), la confianza pública podría deteriorarse aún más.

Los opositores sugieren que el verdadero propósito del referendo es aprovechar el descontento popular y presionar a los legisladores para que respalden la agenda del presidente. Esto ataja el diálogo legislativo al presentar cualquier oposición o modificación como un desafío a “la voluntad del pueblo”, en lugar de ser el resultado de un análisis político responsable. El riesgo es que el poder ejecutivo se infle, eclipsando la labor del Congreso.

Participación ciudadana vs. demagogia

Los partidarios de la consulta argumentan que esta es una expresión legítima de la voluntad popular. Afirman que figuras poderosas en el Congreso bloquean intencionalmente los avances, dejando a la ciudadanía sin otra opción que recurrir a la democracia directa. Un referendo podría ser adecuado si el asunto fuera claro, los votantes estuvieran bien informados y la participación alcanzara el nivel necesario. Si esas condiciones se cumplieran, la consulta podría fortalecer la democracia al revitalizar el compromiso cívico.

Pero la realidad suele ser más compleja. Los referendos de alto impacto, en distintos países, han demostrado ser vulnerables a la manipulación política. La complejidad de las reformas laborales o de salud hace que el electorado sea susceptible a la desinformación. Una pregunta de sí o no difícilmente podrá abarcar aspectos clave como proyecciones económicas, mecanismos de financiamiento, impacto en pequeñas empresas o posibles trastornos en el sistema de salud. Incluso si la mayoría aprueba una pregunta vaga, la implementación de esas reformas sin más intervención legislativa podría estar llena de obstáculos.

El marco legal actual impide que un solo voto transforme el país por completo. El gobierno debe formular cada pregunta de manera que no infrinja las disposiciones legales, lo que hace que este método sea torpe y posiblemente confuso para la creación de leyes reales.

Los críticos ven esta estrategia como una distracción. Al promover la democracia directa, Petro podría evitar la necesidad de negociar y tildar a sus opositores de estar en contra del cambio o del pueblo. Pero este relato no es exacto. Los cambios reales suelen requerir modificaciones graduales logradas a través del debate.

A fin de cuentas, esquivar al Congreso para aprobar reformas no es una estrategia sostenible. Si cada presidente que enfrenta oposición legislativa recurre a un referendo nacional, el Congreso corre el riesgo de volverse irrelevante y el equilibrio democrático del país se verá afectado. En un contexto político frágil como el de Colombia, esto podría aumentar la polarización, generar políticas inconsistentes y reducir la confianza en las instituciones.

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Lo que Colombia necesita no es una carrera precipitada hacia un referendo para propuestas que ya han enfrentado dificultades en el Congreso. Se requiere un diálogo cuidadoso, procesos legales completos y una disposición de todas las partes para llegar a acuerdos. La idea de que la democracia directa es una solución superior ignora el papel esencial del Legislativo en la estabilidad y el respeto al marco jurídico vigente. Al seguir adelante con una consulta que podría fracasar o generar confusión, Petro corre el riesgo de debilitar el mismo orden constitucional que sustenta el futuro democrático del país.