Mientras que el gobierno colombiano arremete contra las plataformas de movilidad con sanciones y bloqueos, el salvadoreño busca su legalización y fortalecimiento
Fotos: TW-petrogustavo, TW-PresidenciaSV
LatinAmerican Post | Sergio Alejandro Montealegre Ibarra
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Read in english: Petro Seeks to Block Uber and Bukele to Regularize it: Contrasts in Mobility
Las plataformas digitales de movilidad se han convertido en la última década en una auténtica revolución en la forma como las personas se desplazan en las grandes ciudades. Pese a esto, en América Latina aún no están exentas de polémicas y tropiezos. Los gobiernos de Colombia y El Salvador han abierto un nuevo capítulo en el tema de la legalidad de las aplicaciones móviles de transporte, cada uno con distinto enfoque. Veamos cada una de ellas:
El caso colombiano: un asunto de bloqueos y sanciones
El pasado 30 de enero de 2023, José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, gremio que en Colombia reúne aplicaciones digitales como Uber, Beat, Cabify, Rappi y Domicilios.com, dio a conocer un borrador de proyecto de ley con el que la Superintendencia de Transporte estaría planeando bloquear las plataformas de movilidad, imponer multas a los ciudadanos que hagan uso de ellas e inmovilizar los automóviles que se usen en esta actividad.
Una de las sanciones previstas en el borrador mencionado es ordenar a los proveedores y operadores de Internet la desconexión, hasta por treinta (30) días, de los medios de comercio electrónico y de las plataformas tecnológicas a las que se les logre establecer la ilegalidad del servicio que prestan, a lo que se le sumaría una multa de más de 20 millones de pesos (500 UVT).
El borrador también contempla multas de hasta más de 10 millones de pesos (250 UVT) para las personas que contraten servicios de transporte con estas plataformas y para los dueños de establecimientos de comercio que promuevan su uso. Además, también considera la inmovilización o retención, hasta por 30 días, de los vehículos a los que se les compruebe el uso no autorizado de transporte de pasajeros.
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Conocido este borrador, las reacciones por parte de los conductores de plataformas no se hicieron esperar: bloqueos y protestas en distintos puntos de Bogotá estuvieron a la orden del día tanto el pasado lunes como martes. Estas dejaron, al final de la jornada, a varios de ellos detenidos, un policía herido luego de ser atropellado por un vehículo conducido por uno de los conductores de aplicaciones y la desafortunada escena de un agente usando fuerza desmedida para sacarlo del automóvil.
El caso salvadoreño: hacia la regularización
Paralelamente, ese mismo 30 de enero, la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de la Asamblea Legislativa de El Salvador se reunió con el fin de explorar propuestas e iniciativas que permitan el desarrollo y éxito de una ley que regule las plataformas digitales de transporte, reunión a la cual fue invitada One App en su calidad de plataforma de movilidad.
Durante la reunión se exploraron temas como la seguridad de los usuarios, la búsqueda de beneficios para los conductores, la prestación de un servicio de calidad y la forma de dotar a esta modalidad de transporte de un marco jurídico que no solo la dote de derechos, sino también de obligaciones para con el Estado y la población salvadoreña.
Los representantes de One App traerían a discusión la importancia de brindarle a los conductores de plataformas las garantías que les permitan brindar su servicio, la necesidad de poder realizar una validación de la identificación de los usuarios por motivos de seguridad y la adquisición de una póliza de seguros como condición de operación para los conductores. Sumado a esto, recordaron que, al momento de regularizar las plataformas, resulta fundamental tener en cuenta que cada una de ellas tiene sus propias políticas de costos de operación, tarifas a viajeros y cobros a conductores por el uso de las plataformas.
Dentro de la discusión, el diputado Saúl Mancía hizo hincapié en la necesidad de regularizar esta modalidad de transporte al hacer parte del proceso de modernización del transporte colectivo y selectivo de pasajeros. En cambio, el diputado José Urbina resaltó la responsabilidad que tienen tanto el Estado como las plataformas de regular el transporte desde un marco legal, dar un servicio de mayor calidad, cuidar a los pasajeros y lograr que lleguen a sus destinos sin ningún problema.
Una cuestión de contrastes
Vistas las perspectivas asumidas tanto por el gobierno colombiano como el salvadoreño, cabe preguntarse: si ambos países enfrentan, en principio, el mismo problema, ¿por qué tienen formas tan disímiles de afrontarlo?
Parte de la clave para hallar esta diferencia radica en el mismo borrador de proyecto presentado por el gobierno colombiano. De acuerdo a este, las plataformas tecnológicas que ofrecen servicios de transporte “pueden comprometer la eficiente prestación del servicio público […] y afectar la sostenibilidad de la industria del transporte público, amenazando la continuidad y regularidad del servicio básico de transporte público”. Esto significa que, para el gobierno colombiano, las plataformas de movilidad representan una amenaza al transporte público.
En contraste, el gobierno salvadoreño ve la regularización como una oportunidad para mejorar su economía y su situación laboral. Por ejemplo, los representantes de One App en la reunión de la Comisión de Obras Públicas aseguraron que los conductores apoyan la regularización del sistema, pues actualmente carecen de prestaciones sociales y garantías de seguridad. Por su parte, el diputado José Urbina sostuvo que El Salvador está atravesando un momento de oportunidad debido al incremento del turismo, por lo que, afirmó, “sería bueno que los turistas encuentren todas las alternativas disponibles de movilidad que pueda ofrecer el país para movilizarse”.
Tal parece que el gobierno colombiano, en cabeza de Gustavo Petro, desconoce que sus medidas violarían el principio de neutralidad de Internet, como lo señala José Daniel López, cuando en su cuenta de Twitter escribe que "en ninguna democracia seria, los gobiernos pueden bloquear contenidos de Internet, protegidos por el principio de neutralidad de red". Además, olvidaría que las plataformas digitales, como lo destaca Fedesarrollo en uno de sus estudios del 2021, han creado una alternativa laboral importante para más de 120.000 personas que cuentan con pocas posibilidades de encontrar un empleo formal, necesitan de una fuente secundaria de ingresos o de mayor flexibilidad laboral. Por el contrario, esta cuestión parece entenderla mejor El Salvador cuando, en boca de su diputado Saúl Mancía, sostiene que “el Estado pierde cuando los sectores no son formales”.
