¿Qué países de Latinoamérica tienen sanciones económicas de Estados Unidos?

“La democracia supone no intervención, la democracia no se impone ni con sanciones ni por la fuerza”, es la frase que pronunció el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la Cumbre por la Democracia organizada por la Casa Blanca. Se trata de un mensaje ácido contra Joe Biden, pues en esta cumbre no estuvieron invitados Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Honduras, Haití, El Salvador y Guatemala. ¿Un denominador común? Se trata de países con gobiernos que Estados Unidos considera antidemocráticos, amenaza para la estabilidad y seguridad regional o violadores de Derechos Humanos. 

Después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha tenido un poder superior en las relaciones internacionales. Esto hace que tenga la capacidad de poner sanciones a otros países que considera una amenaza para sus intereses. De hecho, desde hace algún tiempo, las sanciones económicas se han convertido en la forma más común en la que el país ejerce una presión diplomática a otros Estados o una nueva forma de “guerra”. Asimismo, la Casa Blanca puede imponer sanciones a individuos que considere que violan las normas del derecho internacional o están vinculados con actividades corruptas terroristas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se encarga de proteger los intereses para la hacienda del país e imponer las sanciones de tipo económico a otros países. Según señala esta entidad su papel es proteger la seguridad nacional poniendo sanciones a  “amenazas externas a los EE.UU., en la identificación y concentración en las redes de ayuda financiera de las amenazas a la seguridad nacional y en la mejora de las salvaguardias de nuestros sistemas financieros”.

Unas de las sanciones más famosas de la historia son las que se han impuesto a Cuba, con un embargo económico que lleva más de 60 años. El 23 de junio de este año, en la Asamblea General de la ONU, se realizó una votación con 184 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones para exigir a Estados Unidos que retire las sanciones económicas sobre Cuba. Sin embargo, el Congreso de este país es el que tiene la decisión final. De hecho, durante este año, la Administración de EE.UU ha impuesto nuevas sanciones selectivas contra funcionarios de seguridad cubanos y entidades involucradas en actividades represivas.

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Asimismo, el gobierno de Biden ha mantenido presión al régimen de Nicolás Maduro a través de sanciones de diversa índole, que incluyen restricciones a la industria petrolera y prohibición de visas y congelación de activos a funcionarios de Venezuela.

Recientemente, el 10 de noviembre, el presidente Biden firmó la Ley de Refuerzo de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, mejor conocida como Ley RENACER, para aumentar las sanciones contra Nicaragua tras las elecciones en las que fue reelegido Daniel Ortega. Esta ley establece que las instituciones financieras internacionales tengan mayores restricciones para dar asistencia financiera o préstamos a proyectos en Nicaragua. Asimismo, agrega sanciones para promover elecciones y limitar la corrupción, así como apoyar a medios de comunicación independientes del régimen nicaragüense y hacer un seguimiento a las relaciones del país centroamericano con Rusia. Por otra parte, en la región centroamericana, la Administración también impuso sanciones específicas contra decenas de funcionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras, por temas relacionados con corrupción.

El aumento de las sanciones de Estados Unidos, que han excluido a varios países del sistema bancario internacional, han llevado a que, recientemente, varios países centroamericanos busquen mayores alianzas con China, especialmente económicas. Asimismo, varios analistas o expertos de las Naciones Unidas, y jefes de estado tildan las políticas americanas de asfixiantes, criminales y violadoras de Derechos Humanos. Por ejemplo, durante la pandemia, debido a las sanciones, ha existido dificultad para que entren insumos sanitarios y humanitarios a los países sancionados.

Por otra parte, pese a que Colombia y México no tienen restricciones como Estados, el gobierno de Estados Unidos mantiene sanciones contra personas y empresas involucradas en las redes de narcotráfico que se encuentran principalmente en estos dos países, como el Cártel de Sinaloa o el Clan del Golfo. No obstante, también existen sanciones para personas de otros países. Esto está relacionado con la Ley Kingpin, que le otorga autoridad al gobierno de la Casa Blanca para aplicar sanciones a los narcotraficantes y carteles extranjeros.