República Dominicana: el problema de la desnacionalización y la apatridia
Escucha este artículo
Las autoridades dominicanas han adoptado una serie de prácticas, normas y decisiones judiciales dirigidas a desnacionalizar a los haitianos y a sus descendientes
La inmigración de personas de nacionalidad haitiana hacia la Republica Dominicana tiene una larga y compleja trayectoria histórica. El elevado número de inmigrantes haitianos se ha derivado básicamente de los contrastes en los niveles de desarrollo entre los dos países, las altas tasas de natalidad, los altos índices de desempleo, la violencia, la inestabilidad política, el caos económico y hasta desastres naturales de Haití han causado gran emigración de su población.
Read in english: Dominican Republic: the problem of denationalization and statelessness
Con el único objetivo de buscar un trabajo y un asentamiento estable, una población multitudinaria de haitianos llega a la Republica Dominicana cada año. Este fenómeno migratorio ha proporcionado al país receptor mano de obra que ha sido parte integral del crecimiento de la economía dominicana durante décadas. Por esta razón, a través de los años ha aceptado a miles de migrantes haitianos, generalmente como jornaleros agrícolas temporales, en especial en las plantaciones de azúcar.
No obstante, la mayoría de la población migrante haitiana no posee un estatus migratorio regular, debido a múltiples factores entre los que se destacan:
1) La porosidad de la frontera
2) Los cambios en el sistema de regulación estatal de migraciones laborales
3) La falta de oportunidades para migrar a través de canales oficiales
4) Las restricciones sobre el número de trabajadores extranjeros que pueden ser contratados legalmente
5) La constante demanda de mano de obra haitiana barata.
A partir del año 2004, este grupo de migrantes se ha enfrentado a una gran ola de cambios legislativos y políticas administrativas que los ha despojado de manera efectiva de la nacionalidad dominicana y los ha excluido permanentemente de la vida económica, social y cultural del único país que han conocido.
Una de las medidas legislativas más influyente en esta problemática es la Sentencia 168 del año 2013, en la que se señala que "toda persona nacida a partir de 1929 de padres extranjeros que no pudiera probar condición de inmigrante irregular estaba registrada indebidamente". Esto ha ocasionado un sin número de expulsiones colectivas hacia Haití, en donde a la mayoría de estos deportados tampoco se les reconoce como nacionales por no contar con una descendencia directa haitiana, lo que los convierte en apátridas.
Quizá le interse leer: Latinoamérica: ¿cómo están sus fuerzas militares?
Lo anterior, además de constituirse como violación del derecho a la nacionalidad para los dominicanos de ascendencia haitiana, conlleva a múltiples vulneraciones de sus derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Por esta razón, los niños de ascendencia haitiana se ven enfrentados diariamente a trabas burocráticas para continuar con su educación básica y los jóvenes no pueden acceder a educación universitaria. Adicionalmente, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta población no puede acceder a un servicio de salud de buena calidad, a un trabajo digno; no se pueden casar ni divorciar; no pueden abrir ni hacer uso de una cuenta bancaria; no pueden votar ni postularse para un cargo público; no pueden realizar contratos; no pueden registrar el nacimiento de un hijo ni obtener documentos de viaje como el pasaporte, por ende, no pueden viajar por fuera del país.
Así mismo, en el Informe Mundial del año 2019 elaborado por Human Rights Watch, se asegura que hay apatridia en dominicanos de ascendencia haitiana y cuestiona las políticas migratorias de la República Dominicana, expresando que:
“Al menos 250,000 dominicanos de ascendencia haitiana y migrantes haitianos que trabajan en la República Dominicana volvieron a ingresar a Haití entre junio de 2015 y marzo de 2018, luego de que las autoridades dominicanas iniciaron las deportaciones de acuerdo con un polémico Plan 2015 para la Regularización de Extranjeros en la República Dominicana”.
Adicionalmente, estima que, tras finalizar dicho Plan en agosto de 2018, más de 200,000 haitianos que permanecen en la República Dominicana se encuentran sin documentos válidos, lo que los expone a una deportación.
Todo esto ha ocasionado que las personas en condición de apátrida en República Dominicana se vean en este momento totalmente olvidados por el Estado, por lo que algunos de ellos han fundado organizaciones para reclamar sus derechos. No obstante, el gobierno dominicano ha hecho caso omiso.
Roudy Joseph, coordinador general de la Comunidad de Haitianos/as Organizados/as en RD y Evens Virgile, coordinador general de Haitianos en RD, en una entrevista del mes de marzo de 2019 para el canal de televisión dominicano, Acento Tv, expresaron su preocupación por las crecientes prácticas de xenofobia y promoción de odios contra la población haitiana y su descendencia. Estas provienen de los medios de comunicación –incluyendo las redes sociales– y la población dominicana, así como de la pasividad del gobierno dominicano ante dichos ataques.
De igual manera, catalogaron dichas prácticas como una grave vulneración a los derechos humanos, derivados de discriminación e incitación al odio racial o por origen nacional, lo que viola totalmente leyes y tratados internacionales que ha firmado el Estado dominicano.
A pesar de los llamados de diferentes organizaciones como la CIDH y la ACNUR al Estado dominicano, no se ha logrado solucionar esta problemática. Esto evidencia como esta población migrante se ve condenada a vivir en una especie de limbo jurídico en donde la reclamación y respeto de sus derechos humanos se ve comprometida por la no pertenencia a un Estado. Lo anterior, derivado del inadecuado comportamiento del gobierno dominicano, que priva arbitrariamente de la nacionalidad a personas que son migrantes y otros que nacieron en su territorio.
LatinAmerican Post | Maria Alejandra Triviño
Copy edited by Juan Gabriel Bocanegra
