A casi 50 días desde que iniciaron las protestas en Nicaragua, la fuerza excesiva de poder y el fallo en las negociaciones de paz son algunos de los factores a destacar

Desde el pasado 18 de abril, el mundo ha sido testigo de las manifestaciones que se han llevado a cabo en Nicaragua en contra del régimen liderado por el presidente Daniel Ortega.

Read in english: "They have turned against their own people in a cruel, sustained and lethal attack": Erika Guevara

Aunque en un principio se creía que dichas protestas surgían ante la inconformidad de las personas por la ley a la seguridad social expuesta por el Gobierno Nacional, dicha hipótesis quedó en el vacío luego de que Ortega la cancelara y aun así las manifestaciones siguieran en pie.

¿Y las negociaciones?

La violencia vivida antes de que se cumpliera el mes de las protestas produjo en Nicaragua la necesidad de crear una mesa de negociaciones entre el Ejecutivo de Daniel Ortega y los opositores de su gobierno, con la Conferencia Episcopal nicaragüense como mediadora.

El Diálogo Nacional por la Paz inició el pasado 16 de mayo, sin lograr mayores frutos entre las partes. ¿La principal razón?: la posición que mantienen los manifestantes, en su mayoría jóvenes, de continuar con las protestas si Daniel Ortega no dimite al puesto de presidente.

“Ustedes duermen tranquilos, nosotros no, me salto su palabra porque nosotros hemos puesto los muertos, esto no es una mesa de diálogo, esta es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien”, le dijo Lésther Alemán, uno de los jóvenes que asistieron al Diálogo Nacional, a Daniel Ortega.

Según el diario El País, ante la negativa de Ortega por ceder a lo que su canciller Denis Moncada denominó como una “ruta para un golpe de Estado”, el pasado 23 de mayo la Iglesia decidió suspender indefinidamente las negociaciones.

No obstante, cinco días después fue la misma Iglesia, que encabeza la Comisión de Mediación y Testigo, la que informó que delegados del Gobierno nicaragüense y opositores habían acordado regresar a la mesa de negociación, aún sin una fecha establecida.

“La delegación del Gobierno y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia expresaron su disposición de reanudar el diálogo nacional en la mesa plenaria para retomar la agenda del tema de la democratización”, indicó una carta de la Iglesia citada por CNN.

Además, en esta se pedía un cese a la violencia y el respeto a las normas establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual también actúa como garante en el país.

“Delincuentes llenos de odio”

Mientras tanto, el rechazo por parte del Gobierno hacia las protestas no se detiene. La vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, no ha dudado en mostrar su disgusto hacia los manifestantes, a quienes ha tildado de “delincuentes llenos de odio”, de acuerdo con el diario La Prensa de Nicaragua.

Además, aseguró que en el poder Ejecutivo “tomamos en cuenta todos los planteamientos”, pero sobre la mesa de negociaciones solo conversarán con los opositores que planteen sus argumentos “con absoluto apego a la Constitución de la República”, citó la misma publicación.

Exceso de fuerza

De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional (AI), son 83 los muertos que han dejado los actos de violencia presentes en las manifestaciones en Nicaragua.

Ahora bien, ese número cambia si se remite a las estadísticas presentadas por las autoridades nicaragüenses, quienes afirman que han sido 15 los fallecidos, mientras que la CIDH expone un número de 76.

Sin embargo, las principales organizaciones internacionales concuerdan en que las acciones del Gobierno en pro de detener a los manifestantes, no han sido las más humanitarias.

“Se han vuelto contra su propia gente en un ataque cruel, sostenido y letal", indicó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, el pasado 29 de mayo durante una rueda de prensa en la que presentó su informe sobre la realidad nicaragüense.

Asimismo, Guevara –en cabeza del movimiento defensor de los derechos humanos- acusó a las autoridades de orquestar ejecuciones extrajudiciales durante las represiones en contra de la ciudadanía, con ayuda de grupos parapoliciales e integrantes del Frente Sandinista.

No obstante, las acusaciones van mucho más allá, al incluir al presidente Daniel Ortega entre las personas que podrían ser parte de dichos crímenes.  “La organización considera que existen razones para pensar que dichas muertes habrían ocurrido con conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, entre ellas el presidente de la república", expone el informe de AI.

Hasta el momento, Ortega no se ha manifestado acerca de las acusaciones de Amnistía Internacional sobre él y su gobierno, aunque otro tipo de autoridades nacionales sí confirmaron la existencia de “grupos delincuenciales” detrás de la violencia, según citó BBC Mundo.

Sin embargo, esto no parece suficiente para los manifestantes, quienes nuevamente salieron a marchar el pasado 30 de mayo hacía Managua, capital de Nicaragua, con el fin de apoyar a las “Madres de Abril”. Este movimiento busca el esclarecimiento de la verdad, en  relación a la desaparición y asesinato de jóvenes durante las protestas iniciadas hace casi 50 días.

Latin American Post | Christopher Ramírez Hernández

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