El 58% de los homicidios a ambientalistas que ocurren en el mundo se registran en países latinoamericanos

En 2017 al menos 197 ambientalistas murieron en el mundo por defender reservas naturales y tierras de las manos del gobierno o empresas privadas, que por sus intereses económicas, transgreden comunidades y ecosistemas. De estos fallecimientos, 116 ocurrieron en América Latina, convirtiéndose así en la región más peligrosa del planeta cuando se intenta proteger el medio ambiente. 

Read in english: To be an environmentalist in Latin America is synonymous of death?

Brasil, Colombia y México son los países que encabezan la lista con el mayor número de muertes de este tipo en Latinoamérica. De acuerdo con un informe publicado por Global Witness en febrero del presente año, Brasil encabeza la lamentable posición no solo a nivel regional, sino también en el mundo. En esta nación suramericana mueren en promedio 40 personas cada año por defender causas ambientales. 

Colombia y México lo siguen con 32 y 15 asesinatos por año, respectivamente. Aunque en naciones como Perú, Guatemala y Honduras las cifras son más pequeñas, los activistas ambientales parecen firmar una sentencia de muerte cuando deciden defender ríos, reservas naturales o lugares sagrados de las manos de los más poderosos. 

Una guerra entre el desarrollo y la tradición

En 2016, Berta Cáceres, una reconocida activista hondureña, fue asesinada luego de recibir varias amenazas y represalias por dedicar su vida a defender los resguardos naturales de su país y evitar la construcción de una hidroeléctrica en un lugar considerado territorio sagrado para una población indígena. Sin embargo, la habilidad de Cáceres para movilizar a las comunidades y unirlas para luchar por sus derechos, no fue más fuerte que el poder de las empresas privadas que consiguieron silenciarla. 

Dos años después del homicidio de Berta Cáceres, nueve personas han sido detenidas, pero las amenazas de muerte continúan y ahora las receptoras son las hijas de la activista que tomaron las banderas en la lucha de su madre. 

Contrario a Honduras, en otros países de Latinoamérica, la muerte de activistas ambientales queda, como muchas otras, en la impunidad.

De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, 282 líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde 2016 y hasta el presente año. En dicha lista se encuentran las vidas de dos hombres que se enfrentaron a la construcción de Hidroituango, una polémica hidroeléctrica que se convierte en el proyecto más grande y ambicioso de Colombia, el cual lleva ocho años en construcción y ha dejado hasta el momento decenas de casas (incluyendo tres colegios) destruidas, centenares de evacuados, una amenaza de desastre latente y dos muertes misteriosas por oponerse al proyecto que aún no se han esclarecido.   

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Las causas detrás de los homicidios

Según recoge el reporte publicado por Global Witness, las principales causas detrás de estos homicidios son la agroindustria, la minería, la caza furtiva y la explotación forestal. La demanda de productos básicos, como la soja y el aceite de palma, motiva a las empresas a ampliar los cultivos aunque esto signifique aumentar la deforestación, generar tráfico de tierras, o desfavorecer a pobladores que durante décadas habían resguardado la zona. 

A los poderes industriales o gobierno de una nación les resulta fácil silenciar a los ambientalistas, en su mayoría líderes campesinos o indígenas que intentan proteger las tierras que les fueron otorgadas y las cuales representan su único sustento de vida. Sin embargo, periodistas y académicos son también blanco de amenazas e intimidaciones que buscan ‘ablandar’ a la fuerza el camino hacia el “desarrollo”. 

En los últimos tres años las cifras globales de asesinatos a activistas ambientales han permanecido casi estáticas, oscilando en pocos números sin mayores cambios hacia un panorama alentador. Sin embargo, México ha escalado de manera lamentable desde la posición 14 hacia la número cuatro, de los países del mundo con más índice de este tipo de homicidios. 

Como lo indica el reporte citado, estas estadísticas demuestran que “las personas que se atreven a alzar la voz continuarán siendo violentadas, encarceladas y asesinadas hasta que empresas, inversionistas y gobiernos realmente incluyan a las comunidades en las decisiones sobre el uso de sus tierras y recursos naturales”. 

Latin American Post | Krishna Jaramillo
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