Cerca de 300.000 inmigrantes, que tuvieron que salir de sus países natales porque corrían peligro, podrían quedarse sin ayuda humanitaria

Cerca de 300.000 inmigrantes que viven en Estados Unidos podrían enfrentar la deportación si el presidente Donald Trump no extiende el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), beneficio que otorga amparo a algunos ciudadanos proveniente de países vulnerables, en su mayoría latinos. El TPS permite que inmigrantes indocumentados tengan una protección especial para quedarse en EE.UU., pues debido a situaciones extremas en sus países natales, como desastres naturales o conflictos internos, deben verse obligados a buscar refugio en otro país. De esta manera el TPS les concede una autorización temporal de empleo y los protege ante alguna eventual deportación.

Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, las políticas de migración se han reforzado y se han suspendido otros beneficios para la población inmigrante establecidos en la administración anterior, como el DACA, programa que amparaba a jóvenes indocumentados que habían llegado a territorio americano siendo niños. Ahora, el TPS pone a temblar nuevamente a los inmigrantes, puesto que el Departamento de Seguridad tiene plazo hasta el próximo 10 de noviembre, para anunciar si cancelará o no el programa humanitario.

Miles de niños en riesgo

Gran parte de los ciudadanos amparados por el TPS vienen de países centroamericanos como El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití. Estas personas en promedio llevan más de 20 años viviendo en Estados Unidos y han establecido una vida allí construyendo hogares y carreras. Por ello, si el gobierno decide poner fin al sistema de protección, no solo pondrá en riesgo de deportación a miles de inmigrantes, sino que también desestabilizará hogares dejando a la deriva a otros miles de jóvenes y niños que conviven en familias con estatus migratoria mixto.

Como lo advierte el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, por sus siglas en inglés), estos menores se verían forzados a enfrentar dos escenarios dramáticos. El primero, ser separados de sus padres quienes quedarían en riesgo de deportación o perderían su trabajo; el segundo, ser forzados a regresar a un país que desconocen y en el que nunca han vivido.

Las personas amparadas por el TPS en EE.UU. se han convertido en miembros integrales de la sociedad y en el núcleo familiar de miles de niños, que aunque de padres latinos o caribeños, son estadounidenses. Por tal razón Senadores Demócratas y organizaciones pro-inmigrantes presionan al gobierno de Trump para que extienda el programa humanitario y no deje sin amparo a los más de 300.000 ciudadanos.

El gobierno tiene hasta el 10 de noviembre para informar la cancelación o extensión del TPS para los provenientes de Honduras y Nicaragua, y hasta el 9 de marzo de 2018 para definir la situación de El Salvador y mientras esto se define, crece la incertidumbre de las miles de personas que durante años han puesto todo sus esfuerzo y energía para hacer de Estados Unidos su hogar, su nación, su sueño.

Latin American Post | Krishna Jaramillo

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