Con la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia, el estado se prepara para una lucha que definirá no sólo tres leyes sino toda una política federal

En un acto sin precedente, el Departamento de Justicia pasó de la retórica agresiva a una audaz ofensiva legal contra el estado de California, Estados Unidos, al entablar el pasado martes 6 de marzo una demanda en un tribunal de Sacramento para impugnar su política “santuario” con las que el estado disminuye la capacidad de las autoridades migratorias para capturar y deportar inmigrantes sin documentos.

En su demanda, el Departamento de Justicia está atacando tres leyes californianas que protegen a los indocumentados. La primera es la SB-54, la que fue aprobada al final del año pasado, provocando la ira de Sessions. Esta limita a las policías locales de detener, interrogar y compartir cierta información sobre inmigrantes indocumentados, a no ser que hayan cometido crímenes serios específicos. La siguiente es la ley AB-103, que requiere que el estado supervise las condiciones de las facilidades de detención de migrantes en su jurisdicción y establece una moratoria en el arrendamiento de camas carcelarias a ICE (policía que depende directamente de Washington y tiene como objeto la captura de indocumentados).

Y finalmente está la ley AB-450, con la cual se requiere de una orden judicial para inspeccionar registros de empleados y obliga a que las empresas notificar a los empleados antes de que ICE haga redadas en el lugar de trabajo. Esta tercera ley —también conocida como ley de trabajadores inmigrantes— es la más susceptible de ser desafiada legalmente, principalmente porque pone a privados en la mitad de la pelea entre el estado y el gobierno federal.

La discusión de esta última ley podría obligar a las cortes a decidir importantes cuestiones respecto a los procedimientos en arrestos y redadas a indocumentados. “Una corte analizando este tema quizás tendrá que decidir si es razonable esperar que ICE tenga que dar una citación o una orden judicial”, dice Cuauhtémoc García Hernández, profesor de Derecho en la Universidad de Denver, quien estudia la intersección entre derecho criminal y migratorio.

La demanda del Departamento de Justicia dice que estas leyes violan estatutos federales y cita la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que dice, “en caso de conflicto, la ley federal manda frente a la ley estatal” afirma Jeff Sessions, Fiscal General de los Estados Unidos, en conferencia de prensa durante la 26 conferencia anual de autoridades policiales que se llevó a cabo en California.

La demanda del gobierno de Trump fue defendida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien dijo en un comunicado que California a propósito ha optado por “contradecir la voluntad y responsabilidad del Congreso de proteger nuestra patria”.

Por su parte el fiscal general de California, Xavier Becerra, será el defensor en la demanda. El miércoles siguiente a la interposición de la demanda respondió en una conferencia de prensa insistiendo que las leyes estatales funcionan “en concierto” con las federales y que la Décima Enmienda pone límites al poder federal sobre los derechos de los estados.

¿Qué implica este proceso judicial?

La demanda interpuesta la semana pasada esconde preguntas complejas y profundamente cruciales sobre la relación entre el gobierno federal y los estados, cuyas respuestas pueden definir el equilibrio con el poder local, estatal y federal en EEUU. Por ejemplo, ¿cuál es alcance del control del gobierno federal sobre la inmigración? ¿Hasta qué punto los estados, condados y ciudades pueden regular sus asuntos internos sin violar la constitución y sus enmiendas? La forma en que ambas partes enfrenten estas preguntas es algo que se apreciará cuando el caso comience a avanzar su cauce judicial.

“Esencialmente, lo que sucederá es que el gobierno federal argumentará que… cualquier cosa relacionada con inmigración es parte de su campo”, dice Rick Su, profesor de Derecho en la Universidad de Buffalo, especialista en inmigración y gobiernos locales. “Y, esencialmente, el estado dirá esto no se puede leer de manera amplia, porque eso le quitaría todo —o demasiado— de la prioridad legal a la esfera regulatoria del estado”, afirma Su al tratar de imaginar un panorama de la contienda judicial.

La acción contra California es similar a la que adoptó en 2010 la Administración Obama contra Arizona: la entonces gobernadora Jan Brewer, había promulgado la ley SB1070 para recrudecer el combate contra la población indocumentada en ese estado. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que terminó anulando varias de las cláusulas de esa ley al declararlas inconstitucionales, e insistió en que sólo el Congreso puede establecer la política migratoria del gobierno federal.

Latin American Post | Carlos Eduardo Gómez Avella

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