La protección de derechos humanos por excelencia ha pasado de ser una solución a un problema

Desde la declaración de los derechos humanos en Francia en el año 1948 luego de la segunda guerra mundial ha existido una incansable tarea universal de protegerlos, por lo que cada país ha tenido la libertad de incluirlos en su ordenamiento jurídico si lo considera correcto. Este es el caso de Colombia, que los acogió y los incluyó en su Constitución Política como derechos fundamentales, es decir, aquellos con los que toda persona nace y los cuales deben respetársele sean cuales sean las circunstancias. 

Así mismo, la Asamblea Constituyente de 1991 colombiana creó un mecanismo vanguardista para la protección de estos el cual denominó Acción de Tutela. Esta acción no requiere de muchos formalismos y su principal característica es la rapidez de su tramitación pues el juez tiene 10 días para tomar una decisión al respecto expidiendo órdenes a quien a bien tenga para la cesación de la vulneración del derecho fundamental o el peligro de que esta se consuma. El cumplimiento es obligatorio para la entidad o persona contra quien las emite. Existen mecanismos para exigir su cumplimiento, siendo el más grave una sanción monetaria como privativa de la libertad para quién incumpla.

De este modo la acción de tutela se ha convertido por excelencia en uno de los mejores mecanismos de protección de derechos humanos a nivel mundial. No obstante, llevado a la práctica colombiana se ha vuelto más complejo de lo que parece, pues a lo largo de los años se ha ido desnaturalizando haciendo que su función inicial se vea tergiversada por su mal uso.

¿Por qué mal uso? La acción de tutela originalmente puede presentarse ante cualquier juez de la república sin importar su especialidad (civil, laboral, familia, penal, administrativo, etc.) bajo el entendido de que todos los jueces son constitucionales por regirse por la Constitución Política de 1991; esto ha llevado a una congestión en los despachos judiciales, desde juzgados municipales hasta las altas cortes, especialmente la Corte Constitucional de Colombia. Todo lo anterior se debe en parte a que los colombianos descubrieron que ejerciendo la acción de tutela accederían mucho más rápido a sus pretensiones sin necesidad de seguir los trámites regulares para ciertos temas, como pensiones, salud y derechos de las víctimas del conflicto armado interno del país. Así se ha creadp una especie de enfermedad al interior del sistema judicial colombiano que se ha denominado coloquialmente como “Tutelitis”.

Entonces resulta que por utilizaciones ventajosas y hasta deshonestas el objetivo principal de la acción de tutela ha venido opacándose. El sistema judicial colombiano ha llegado a una situación de ineficiencia para resolver la cantidad de acciones presentadas, por no generar una educación al respecto dentro de la sociedad colombiana. Además, muchas entidades contribuyen a que sea de esta manera al no cumplir con sus funciones o no tener un buen manejo de los recursos, como principalmente sucede con el sector de la salud, en el que han llevado a los usuarios a verse obligados a interponer una acción de tutela para poder ser atendidos o para recibir algún medicamento vital. 

El gobierno colombiano ha tratado de resarcir este problema recientemente con la expedición de algunos decretos mediante los cuales busca establecer unas reglas de reparto de las acciones de tutela para tratar de disminuir la congestión en los despachos judiciales, además que cada juez de la república pueda tratar los temas de acuerdo a su especialidad. Por otro lado, las altas cortes también han decidido establecer ciertas medidas con el fin de disciplinar a aquellos que se encargan de interponer acciones de tutela de manera temeraria, lo cual desnaturaliza esta herramienta de defensa de derechos humanos. ¿Funcionarán estas medidas?

Latin American Post | Laura Rojas
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