Uruguay: la democracia por encima del fantasma de la dictadura

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La destitución de la cúpula militar, el ministro y el viceministro de defensa de Uruguay sienta un precedente de lucha contra la impunidad

Gran sorpresa generó entre los uruguayos la decisión del presidente Tabaré Vázquez, quien el pasado 1 de abril anunció mediante un comunicado la cesación de todos los oficiales que hasta ese momento conformaban el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores del ejército uruguayo. Estos, a su vez, conformaban la cúpula militar de Uruguay.

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La decisión del presidente se tomó como consecuencia de la revelación hecha por El Observador. Según este diario, hubo un caso de omisión en el que los oficiales destituidos ocultaron información para favorecer a dos ex militares que en el año 2017 habían confesado su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos a principios de los años 70, durante la dictadura militar que vivió Uruguay por esos años.

A través de un comunicado, la Secretaría de comunicaciones de la Presidencia de Uruguay dio a conocer la decisión tomada por el presidente Vázquez, en la que se explica que:

“El Señor Presidente ha adoptado en el día de la fecha las siguientes decisiones:

1. Cesar al comandante en jefe del ejército, General de ejército José González, quien pasará a retiro obligatorio;

2. Cesar al jefe del estado mayor de la defensa, General de ejército Alfredo Erramún, quien pasará a retiro obligatorio;

3. Requerir la venia correspondiente de la Cámara de senadores, para promover la situación de pase a retiro obligatorio de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 192 literal G) del decreto ley 14.157 – Orgánico de las Fuerzas Armadas -, en la redacción dada por la Ley 19.189.

Los nombrados integraron el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores N° 1 del Ejército Nacional, que juzgó sucesivamente las conductas de Jorge Silveira Quesada, José Nino Gavazzo Pereira y Luis Alfredo Maurente Mata”.

En el mismo comunicado, la Secretaría de comunicaciones de la Presidencia de Uruguay argumentó la decisión tomada por el presidente diciendo que: “existen hechos confesados, entre ellos por José Nino Gavazzo Pereira, que constituyen delitos, advirtiéndose sin embargo, que el Tribunal de Honor y el Tribunal de Honor de Alzada, omitieron de forma deliberada cumplir con el mandato disciplinado en el artículo 77 del Decreto 55/985, que dispone 'cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda, suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el Superior se pronuncie' ”.

Igualmente, el gobierno uruguayo señaló en el mencionado comunicado que “la grave omisión también afecta al ex comandante en jefe del ejército, que conociendo o debiendo conocer la consecuencia de la presunción de un delito, omite dar curso a la denuncia pertinente, y aún omite denunciar dicho hecho al Ministro de defensa nacional, cuando el 13 de febrero de 2019 elevó las conclusiones, con las consideraciones que derivaron en su cese”.

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Los hechos 

Con la explicación dada por el gobierno uruguayo sobre la destitución de la cúpula militar, el ministro de defensa, Jorge Meléndez, y su viceministro, Daniel Montiel; vale la pena recordar los hechos sobre los cuales se originó dicha decisión. Estos se remontan a las confesiones que, en el año 2017, los exmilitares Gavazzo y Silveira hicieron al Tribunal especial de honor militar por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante sus años de servicio, en tiempos de la dictadura militar.

Tanto Gavazzo como Silveira admitieron haber arrojado al Río Negro el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en 1973, con el objetivo de desaparecer su cuerpo y borrar toda evidencia de su crimen. En ese sentido, Silveira acusó a Gavazzo de haber asesinado a Gomensoro, como también a la joven militante María Claudia García de Gelman, que se encontraba embarazada al momento de su secuestro, y a otro detenido más, según relata la cadena Telesur.

En ese sentido, El Observador, autor del reportaje que reveló lo sucedido con los militares y los ex militares, informó que el hecho de no haber sido advertido de lo que pasaba generó mucha molestia en el presidente Vázquez. También enfrentó la presión de varios dirigentes y políticos del Frente Amplio, quienes pedían la destitución de los responsables de la omisión, como finalmente sucedió por decisión del presidente.

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¿Crisis institucional?

Con las repercusiones de la decisión del presidente uruguayo, hubo quienes en los corrillos políticos insinuaron la existencia de una crisis institucional que de inmediato fue desmentida por el nuevo ministro de defensa, José Bayardi, quien aseguró, en declaraciones citadas por el portal La Vanguardia, que no hay una crisis institucional en Uruguay. Por el contrario, Bayardi destacó la decisión del presidente, señalando la importancia de que el gobierno haya "tenido que tomar resoluciones" y las haya tomado, lo que, según él, indica que “la institucionalidad democrática de Uruguay es fuerte", asegurando que "la subordinación militar al mando del poder político no está en cuestión".

Así parece ratificarse a juzgar por el apoyo político que el presidente Tabaré Vázquez ha recibido, pero también por el beneplácito con el que los ciudadanos uruguayos recibieron la decisión del mandatario. Esto envió un mensaje claro de que, a diferencia de otros países, la de Uruguay es una democracia sólida, respaldada y soportada por una institucionalidad fuerte, que ante hechos como la omisión de los militares que hicieron parte del Tribunal de honor militar, no titubea a la hora de defender esa democracia y sus instituciones.

LatinAmerican Post | Samuel Augusto Gallego Suárez

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