Esta es la tercera vez que el país latinoamericano pierde su capacidad de voto en la ONU

Durante el mes de enero, el Secretario General António Guterres envió una carta al presidente de la Asamblea General detallando cuáles eran los países que contaban con deudas al organismo. La legislación vigente en la ONU establece que todo Estado miembro que tenga pendientes de pagos su presupuesto a la organización por una cantidad que sea igual o superior al aporte que corresponden por los dos años anteriores, perderá el derecho a voto en la Asamblea General.

El martes 13 de febrero, el portavoz de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, confirmó cuáles eran los países que perdían su derecho a voto al 29 de enero. Venezuela es uno de los casos, el país debe abonar un mínimo de más de 25 millones de dólares para volver a obtener su voto. En 2017 Venezuela atravesaba esta situación y tras saldar parte de la deuda, logró recuperar el voto.

Son ocho los países en esta situación junto con Venezuela: Dominica, Granada, Guinea Ecuatorial, Libia, República Centroafricana, Surinam y Yemen. El caso de Guinea Ecuatorial es relevante además porque ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad. La Asamblea General puede hacer excepciones en casos en que los países enfrenten situaciones extraordinarias, en este caso mantienen el poder de voto Comoras, Guinea Bissau, Santo Tomé y Príncipe y Somalia.

Venezuela está inmersa en un contexto de crisis tanto política, como económica y social. Según estima el FMI, este año el PBI del país caería un 15% mientras que la inflación alcanzaría el 13.000% lo cual complejizaría esta coyuntura.

El 2018 será un año electoral para el país, el 22 de abril habrá elecciones presidenciales. Elecciones en donde la oposición está en duda sobre si debe participar o debe mantenerse al margen de lo que consideran una ‘facjada democrática’. Esto se dará en medio de una lluvia de críticas a nivel internacional por las condiciones en las cuáles se llevarán a cabo y por las sospechas de poca transparencia y posible fraude. Muestra de esto es la declaración del Grupo de Lima, en el cual representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, declararon rechazar el llamado a elecciones anticipadas y retiran la invitación a Nicolás Maduro a la VIII Cumbre de las Américas que se realizará en Perú el 13 y 14 de abril. Por si esto fuera poco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre el deterioro institucional y constitucional del país. Paralelamente la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar para investigar presuntos crímenes cometidos por el gobierno de Maduro durante el foco más agudo de la crisis en el país durante los meses de abril y julio de 2017 entre las fuerzas de seguridad y manifestantes. 

No tener capacidad de voto en Naciones Unidas, el organismo internacional de alcance universal por excelencia, no deja de ser simbólico. Evidencia como a nivel internacional el país está perdiendo reputación por la confusa situación de los derechos humanos en su interior.

Latin American Post | Jonatán Carné

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