La nueva ley de seguridad abre un espectro más amplio de las elecciones presidenciales y sugiere un cambio de actitud

A medida que se acercan las elecciones presidenciales de México para este 2018, la discusión política se ha estancado en un debate sobre la aprobación de la nueva ley de seguridad interior.

Uno de los principales motivos de la ley fue proporcionar al Ejército y la Armada de México un marco legal en virtud del cual podrían seguir luchando contra los grupos delictivos organizados.

Estas organizaciones criminales han pasado de ser carteles integrados de tráfico de drogas a grupos criminales más enfocados a nivel regional con líneas de negocios más amplias como son: extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos y tráfico de drogas a nivel nacional, entre otros.

A medida que el enfoque regional de estos grupos ha crecido, también lo ha hecho su voluntad de ejercer control a través de dos medios principales: la corrupción de los funcionarios del gobierno y la violencia para intimidar a las partes que puedan amenazar su actuar.

Lo que la ley de seguridad interior refleja es que hay causas estructurales más profundas que subyacen a la violencia en el país y la relativa incapacidad del gobierno para controlarla. La debilidad de las instituciones de justicia de México ha creado un vacío en el que los grupos delictivos pueden prosperar e incrementarse.

Un estudio reciente del Ministerio del Interior de México encontró que el número mínimo de policías estatales en el país debería ser de 235,944. Sin embargo, México está por debajo de ese objetivo, con solo 127,329 policías debidamente dotados, un déficit de casi el 50 por ciento.

Por lo tanto, no es sorprendente que, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, se demuestre que solo el 56 por ciento de los encuestados confía en las fuerzas policiales estatales en comparación con el 84 por ciento y el 88 por ciento que confía en el Ejército y la Marina, respectivamente. La misma encuesta encontró que un 93.6 por ciento de las personas que fueron víctimas de crímenes no lo notificaron a las autoridades policiales.

Esta falta de notificación a las autoridades es consistente con el hallazgo de que, en el 49 por ciento de los casos en que una víctima alertó a las autoridades y una investigación fue iniciada por un fiscal de distrito, “no pasó nada (en última instancia)”, resalta el informe en su conclusión.

La creación de instituciones de justicia penal sólidas requiere de un esfuerzo sistemático y de largo plazo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno de México, tanto a nivel federal como local. Sólo de esta forma se puede lograr un cambio en la percepción de la gente, así como un cambio en la lucha contra los grupos delictivos que en el último año dejaron cifras récord en homicidios, violencia; sin mencionar, la amenaza a periodistas.

Este no es un desafío que México debería enfrentar solo. Estados Unidos y México comparten conexiones profundas y USA tiene un interés nacional apremiante en el crimen organizado que controla a México.

En las últimas dos décadas, los dos países llegaron a acuerdos históricos para cooperar en materia de seguridad y cumplimiento de la ley, como lo ejemplifican la Iniciativa Mérida y la Iniciativa fronteriza del siglo XXI. Ambas iniciativas involucran preparación y dotación de las fuerzas policiales y de seguridad de México, así como un intercambio de información más fructífero.

Los grupos delictivos en México son de una raza nueva y, a diferencia de los grupos delictivos del pasado, es poco probable que acepten o respeten cualquier trato de una manera que asegure la seguridad nacional de México o la seguridad pública de su gente. Anteriormente, el Gobierno Federal proponía su desmantelamiento a cambio de libertad a sus miembros y no procesos judiciales, situación que hoy ni el Gobierno piensa ofrecer, ni los grupos aceptar.

Este es un dilema para México y también lo es para la relación binacional con Estados Unidos, una relación que hoy en día se ha visto solo enfrascada en el TLCAN, pero que involucra aspectos más profundos que el comercial. La amenaza de los grupos delictivos organizados que operan desde México involucra lazos en ambos países que deben sopesar los problemas que puedan surgir en otros aspectos binacionales.

Latin American Post | Carlos Eduardo Gómez Avella

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