Argentina trata de conservar su mayor petrolera en las cortes de Nueva York
En la primera audiencia del juicio, la delegación argentina dejó claro que no debería adelantarse la litigación por fuera de su territorio nacional
LatinAmerican Post | Jorge Ovalle
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF), la principal petrolera argentina, enfrenta un panorama cada vez más complicado. En 2012, bajo el Gobierno de Cristina Kirchner, lo que se denominó como el kirchnerismo, el Estado argentino expropió esta empresa de las manos privadas que la habían comprado desde finales de los 90.
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La negociación no fue fácil, por supuesto, pero al final el accionista mayoritario, el grupo español Repsol, se fue con una cantidad en bonos cercana a los 5.000 millones de dólares. No obstante, María Eugenia Estenssoro, una parlamentaria argentina que se abstuvo de votar a favor de este proyecto en su momento, asegura que la compra del Estado ascendió hasta los 8.900 millones de dólares por una empresa que estaba avaluada en 6.000, según informó Infobae.
La decisión en su momento no fue aceptada de manera unánime, pues el procedimiento estatal para hacerse con la empresa no parecía el adecuado. Sin embargo, una de las razones que más impulsó a Kirchner fue la intención que tenían los españoles de Repsol de vender su parte a un tercero para capitalizar en Medio Oriente. Siete años después de esta decisión las consecuencias se notan cada vez más, pues no solo fue un procedimiento que dejó muchas inquietudes, sino que provocó el controversial caso que ahora tiene al Estado argentino contra las cuerdas.
La expropiación trae consigo pleitos
Burford Capital, una empresa que se encarga de comprar grandes litigios empresariales, decidió representar los intereses de los accionistas minoritarios de YPF (Petersen Energía Inversora S.A. específicamente) en el momento de la expropiación en el 2012, es decir, aquellos que no recibieron los 5.000 millones dólares en bonos.
Según Burford, en los estatutos de YPF se encontraba explícitamente la necesidad que había de presentar nuevas alternativas de negocio si alguien se hacía con la mayoría de las acciones, cosa que no ocurrió, como también informó Infobae. En su momento, Axel Kicillof, que se desempeñaba como viceministro de Economía y fue uno de los interventores de la empresa, dijo que pagarle a los accionistas minoritarios significaba caer en una trampa de oso y que el Estado no tenía por qué pagar eso. Al parecer, la justicia estadounidense opina lo contrario.
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Este jueves se libró la primera audiencia del caso en los juzgados del distrito sur de Nueva York, presidida por la juez Loretta Preska. En ella, la delegación argentina liderada por el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia, argumentó que este tribunal carece de la jurisdicción para asumir este caso, que sostienen se debe resolver en las cortes argentinas. Hace ya unos días, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó un primer pedido de la delegación argentina de trasladar el juicio a su país, pero continuan luchando por ese desenlace en este nuevo escenario.
La validéz de este argumento acaparó la discusión en este primer día, en el que la juez Preska presionó por un acuerdo entre las partes para evitar el litigio. Un representante de la delegación argentina explicó al periódico La Nación por qué no buscarían un acuerdo: "Esto tiene un trasfondo político, no es un caso que se resuelva meramente de manera comercial", dijo.
¿Por qué se lleva a cabo el desarrollo del caso en territorio norteamericano y no en Argentina? La principal razón por la que este caso se instauró en los juzgados del sur de Nueva York es la inversión en Wall Street de los representados por Burford. Las acciones de sus clientes estaban en Wall Street y las decisiones del Estado argentino llevaron a estas personas a la quiebra, ese es el razonamiento de la demanda.
El mal historial argentino en las cortes estadounidenses
El Estado argentino, por su parte, también se pregunta por qué debe llevarse un caso de este tipo en suelo norteamericano y lleva peleando cerca de dos años para que se traslade a Argentina. No obstante, los juzgados norteamericanos ya han fallado tres veces en su contra, siendo el más reciente el fallo de la Corte Suprema, en cabeza de la jueza Loretta Preska, quienes ni siquiera tuvieron en cuenta la apelación, sino que la desestimaron de pleno, se informó desde el juzgado.
Ahora, según información aportada por El Clarín, la nueva arremetida del Gobierno argentino en calidad de la defensa del caso es probar que la compra del 25% de las acciones que compró Petersen en su momento, y que pertenecían a Repsol, se hizo de manera fraudulenta. Esta nueva argumentación no solo desestimaría el caso, sino que pondría en tela de juicio las aspiraciones de Burford Capital al involucrarse en este caso.
El nuevo capítulo será el 11 de julio, donde se verán las caras en juicio Burford Capital y el Estado argentino para presentar pruebas y audiencias, a pesar de las limitaciones que argumentaban los abogados argentinos de la imposibilidad de presentar testigos en territorio norteamericano. Este juicio cimenta el camino para que el Estado argentino termine pagando los cerca de 3.000 millones de dólares que constituyen la demanda, lo que vuelve la expropiación de YPF una decisión más que cuestionable.
