Mientras la guerra por proteger el Medio Ambiente continúa, los esfuerzos por combatirla siguen cobrando vidas

Cada uno de los casos de asesinatos de ambientalistas en Latinoamérica tienen dos principales puntos en común: la poca cobertura de los medios sobre lo que está pasando en términos generales y el poco interés de medios locales por hacer más visible la labor de los ambientalistas en todo Latinoamérica.

Read in english: Is killing environmentalists a sport in Latin America?

En un reporte realizado en el 2017 por Global Witness – ONG especializada en denunciar la relación entre la corrupción y el consumo irresponsable de los recursos naturales- Latinoamérica es citada como la región con mayor número de asesinatos registrados de personas que luchan por preservar áreas naturales, así como velan por los derechos de las comunidades indígenas que habitan en áreas culturalmente protegidas. A continuación te presentamos algunos de los casos más alarmantes.

Entre los casos más conocidos y abiertamente denunciados se encuentra el del líder ecologista tarahumara, Isidro Baldenegro. Originario de la Sierra Madre Occidental; región que comprende toda la parte oeste de México y al sur comprende parte de los Estados Unidos. Cómo descendiente de la comunidad indígena tarahumara, gran parte de su vida la dedicó a la denuncia y oposición de proyectos comerciales en la región enfocados al desarrollo de maderas. Uno de los grandes enemigos de lucha fue la conexión directa entre las empresas y los principales grupos del narcotráfico operando en la región. En el 2003, lideró una serie de  manifestaciones públicas junto a un grupo de esposas de activistas asesinados, las cuales condujeron a la prohibición de la tala en la región por orden judicial.

Por su parte, en Colombia – citado como el segundo país más peligroso para los ambientalistas- ocurrió otro de los casos más sonados de los últimos dos años. Yolanda Maturana, era una conocida líder ambientalista quien abiertamente denunció la minería ilegal así como diversos proyectos que contaminaban el agua en las zonas conocidas como Risaralda y Chocó. Lo particularmente alarmante de la situación en Colombia, es la poca cobertura que hay sobre la minería ilegal y sobre los activistas que se dedican a velar por mantener los recursos naturales intactos. De acuerdo a la denuncia hecha por otra líder ambientalista, Gladys Cifuentes, posterior al asesinato de Yolanda, varios grupos indígenas han denunciado abiertamente la presencia de grupos armados que resguardan las zonas antes mencionadas, así como la región conocida como Pueblo Rico.

En Brasil, el panorama es igual de lúgubre que en el resto de Latinoamérica. En este país, gran parte de la lucha ambiental está encaminada a proteger no solo la tierra sino a las comunidades nativas del Amazonas, que se han visto en la necesidad de desplazarse por la construcción de presas hidroeléctricas.

El caso de Nilce de Souza Magalhães, es sin duda el más difundido por los medios locales y algunos de los principales medios en Latinoameria. Gran parte de su vida y carrera como activista estaba ligada a la lucha en contra de la construcción de presas en la región de Porto Velho ubicado cerca del Río Madeira – vertiente del Río Amazonas-. De acuerdo a las investigaciones, previo a su muerte, Nilce fue reportada como desaparecida el 7 de enero del 2016 y no fue sino hasta junio de ese mismo año que su cuerpo fue encontrado sin vida cerca de la presa hidroeléctrica Jirau.

Otro factor que hace que la situación en Brasil sea aún más crítica, es el evidente debilitamiento institucional decretado por su actual presidente Michel Temer, quien tras haber ocupado el cargo decretó el desmantelamiento del Ministerio de Derechos Humanos.

Finalmente, en Honduras, uno de los casos más alarmantes es el de Berta Cáceres, quien fue asesinada en el 2016. Las causas por las que Cáceres luchaba, estaban ligadas al trato digno de las comunidades indígenas –específicamente la comunidad Lenca-, quienes se han visto afectadas por la construcción del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca. Lo alarmante de este proyecto, es el hecho de que para su desarrollo es necesario invadir más de una zona dentro de la región. Por consiguiente, el desplazamiento de las comunidades es inminente.  Al igual que el caso de Nilce en Brasil, el asesinato de Cáceres se deriva de los cambios políticos que han ocurrido dentro del país. Fuentes estiman que el proyecto de Agua Zarca, fue aprobado desde el 2009 durante el gobierno de facto posterior al golpe de Estado realizado ese mismo año. Como resultado de estos cambios en el gobierno se aprobó la famosa Ley General de Aguas, con la cual se otorgan concesiones para la construcción de diversos proyectos hídricos, mientras que se derogan diversos decretos constitucionales que prohibían la construcción de presas en áreas protegidas.

La lucha por el medio ambiente, no solo se enfoca en manifestarse en contra de la explotación desmedida de los recursos naturales o de la protección de especies animales en peligro de extinción. También, es incluyente de las comunidades indígenas quienes han protegido la flora y fauna de su región y que hoy en día se ven afectadas por el creciente número de proyectos – en su mayoría hidroeléctricos y mineros- que están siendo aprobados en los principales países de Latinoamérica. Región en la cual cada día que pasa existe una razón nueva para violentar los derechos humanos así como la integridad de sus habitantes.

Latin American Post | María Fernanda Velasco