¿Cómo el gobierno central ha reprimido el movimiento independentista?

El pasado 1 de octubre los catalanes celebraron un referéndum para expresar su deseo de proclamarse como un país independiente de España. Sin embargo, la votación estuvo manchada por la sangre de los votantes y defensores del referéndum que el gobierno español de Mariano Rajoy mandó reprimir, y el cual registró un 90% de votación a favor de la independencia, es decir, 2.2 millones de catalanes que pese a la represión y miedo votaron. 

Si bien es cierto que históricamente Catalunya ha querido separarse de España por cuestiones culturales, políticas, lingüísticas, es decir, de poder, no lo ha logrado por el centralismo del gobierno Español. Así lo demostró la dictadura de Francisco Franco, quien persiguió a los catalanes por pensar diferente, por mantener firme su propia idiosincrasia y tan fue así que en 1940 Lluis Companys, presidente de Catalunya, fue fusilado por las fuerzas del dictador Franco.

Sin embargo, después de la muerte de Franco se redactó una nueva constitución, en 1978, que creó 17 comunidades autónomas. Una es Catalunya y en 1979 se aprobó un Estatuto de Autonomía para que esta región pudiera administrar sus recursos, los cuales, en su mayoría iban al gobierno central. Por ello, en 2010 se desató una crisis por la administración de los recursos económicos. Catalunya propuso un nuevo Estatuto de Autonomía para que pudiera aprovechar más sus recursos económicos, debido a que consideraba que recibía muy poco y aportaba demasiado. Sin embargo, el gobierno central no dejó que se aprobara el Estatuto como lo aprobó el gobierno catalán, por lo cual en julio del 2010 millones de catalanes expresaron su deseo de crear su propio país, todo esto en medio de una crisis mundial que penetraba profundamente en todos los españoles por la crisis inmobiliaria.

Para 2014, la idea de independencia llegó a más del 50% de aprobación entre la población catalana. Por lo tanto, en septiembre de 2014 el presidente de la Generalitat de Catalunya signó el decreto de convocatoria para realizar un referéndum en el cual se decidiría sobre la independencia, rápidamente el presidente Mariano Rajoy respondió que no existía tal derecho de soberanía. El famoso 9N (9 de noviembre) se celebró como una consulta no vinculante y al ganar el sí a la independencia se convocó a elecciones que llevaron a partidos defensores del independentismo a tomar el poder. 

En 2016 la coalición Junts pel Sí y Candidatura d’Unitat Popular, con 72 asambleístas, votaron a favor de la ley del referéndum la cual dio paso a que el 1 de octubre se votara el referéndum que dio el sí al proceso de independencia que como dijo Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, “los ciudadanos de Cataluña nos hemos ganado el derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de República”.

Sin embargo, después de la violencia con la cual buscó el gobierno central de España, con Mariano Rajoy, la guardia civil y policía, reprimir a los ciudadanos que intentaron defender y ejercer su derecho a decidir sobre el camino que debían seguir como comunidad autónoma, salieron los tintes más autoritarios y antidemocráticos que cualquier gobierno democrático rechazaría. Sin embargo, a nivel internacional sólo se criticó el uso de la violencia mas no lo que censuraba esa violencia.

Por su parte, el papel de los medios volvió a ser un punto de inflexión para intentar dirigir la opinión pública acorde a los intereses del gobierno central, como lo demuestran las múltiples publicaciones que “El País” intentó hacer. Así por ejemplo, en vez de usar la palabra “represión” nombraba eso como “cargas policiacas” y además su titular del 2 de octubre, “El gobierno impide por la fuerza el referéndum ilegal”, se separó de todos los titulares de la prensa internacional que criticaban la represión. También, los titulares de ABC, “Un referéndum fracasado que deja a España dañada”; La Razón, “Firmeza frente al golpe”, y El Mundo, “Puigdemont proclamará la independencia <<en días>>” acompañado de pequeños titulares “Los Mossos traicionaron al Estado”, “El Govern viola su propia ley del 1-O”, se vendieron al oficialismo y ninguno de ellos puso en primera plana las múltiples imágenes de la brutalidad policial.

En suma, si bien es cierto que aún falta mucho para que Catalunya se separe de España debido a que el gobierno central puede aplicar diversos mecanismos legales para evitarlo, no debe quedar de fuera que lo que ahora es legal en algún momento fue ilegal y Catalunya puede estar abriendo un nuevo flanco para aumentar la democracia en detrimento de las posiciones autoritarias, como diría Boaventura de Sousa Santos “sería una contribución de los pueblos y naciones de España a la democratización de la democracia en todo el mundo”.

Latin American Post | Leonardo Daniel Solís