Con la posesión de los magistrados que conforman la Jurisdicción Especial para la Paz, el país empieza un largo y difícil camino para conocer la verdad de lo sucedido en el conflicto armado

A pesar de los obstáculos y el sabotaje hecho para impedir su puesta en marcha, el Presidente Juan Manuel Santos posesionó a 30 de los 38 magistrados escogidos para hacer de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el modelo de justicia transicional creado en el Acuerdo de paz con las FARC, cuya misión es investigar y esclarecer los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, con el fin de impartir justicia y sancionar  a los responsables de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La JEP es uno de los pilares del Acuerdo de paz, considerando que la construcción de paz y la reconciliación, requieren fundamentalmente de cuatro elementos: verdad, justicia, reparación y no repetición, para todas las víctimas del conflicto armado en Colombia. Si bien es cierto la mayoría de colombianos reconocen a las FARC como los principales victimarios y responsables de graves crímenes de guerra, la antigua guerrilla no es la única responsable de estos actos.

Es por eso la JEP estableció unas reglas de juego claras y equilibradas para que todos, absolutamente todos los responsables de los actos cometidos en el conflicto, tuvieran que presentarse ante los jueces en los tribunales, para eventualmente, según el grado de responsabilidad y la gravedad de los hechos, asumir las sanciones y las penas que se establezcan allí.

No obstante, tal como pasó en la votación del plebiscito, la JEP generó muchos enemigos, principalmente quienes siempre se opusieron al Acuerdo de paz y aquellos que siendo conscientes de su responsabilidad en la guerra, presentaron argumentos incoherentes para lograr que únicamente las FARC asuman responsabilidades en la JEP y que el resto simplemente ni siquiera sea mencionado en los tribunales.

En ese sentido,  a pesar del aval de la Corte Constitucional para la conformación y puesta en marcha de la JEP, en el Congreso de Colombia se tergiversó la esencia de esta, creando todo tipo de obstáculos y barreras para impedir que  funcionara tal como se estableció en el acuerdo. El objetivo no fue otro que evitar que la verdad completa del conflicto se conozca, y que quienes como agentes del Estado cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos, los particulares que financiaron o crearon grupos armados ilegales, entre otros, tuvieran que acudir a la JEP.

Fue así como por iniciativa del partido Cambio Radical (de Germán Vargas Lleras), con el apoyo del Centro Democrático (de Álvaro Uribe Vélez), sectores de las Fuerzas Armadas (como el que representa el General (R) Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares), además de empresarios y otros particulares, se estableció, entre otras cosas, un régimen de inhabilidades para los magistrados que previamente habían sido escogidos para conformar la JEP.

Dichas inhabilidades fueron la razón por la cual seis de los ocho magistrados que no se posesionaron en la JEP, no pudieron hacerlo (los dos restantes desempeñaban, al momento de la posesión, otros cargos en la justicia). Las inhabilidades determinan, entre otras cosas, que por ejemplo,  quienes en los cinco años anteriores a la puesta en marcha de la JEP, hayan ejercido representación judicial en casos de conflicto armado, pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones que hayan ejercido tal representación, que hubieran gestionado o representado intereses en contra del Estado (particularmente por violaciones a los Derechos Humanos, al DIH o infracciones al Derecho Penal Internacional), o que hayan tramitado en el mismo lapso acciones ante tribunales internacionales, no podían hacer parte de la JEP.

Esto sin olvidar que en los casos de los particulares que hayan financiado o conformado grupos armados ilegales, se estableció que su presentación ante las salas y tribunales de la JEP sería “voluntaria”, siendo esta una ambigüedad que nada tiene que ver con quienes en verdad fueron presionados y obligados a financiar la guerra que desangró a Colombia, intuyendo de antemano que es improbable que algún particular vaya a la JEP por su propia voluntad.

El inicio de la JEP es sin duda un avance importante en la implementación del Acuerdo de paz, pero el propósito fundamental de construir una paz estable y duradera, con justicia, verdad, reparación y no repetición, se verá afectado por el sabotaje del que esta ha sido objeto. 

Latin American Post | Samuel Augusto Gallego Suárez