En medio del debate electoral, no se ha abordado con profundidad un tema que no es un secreto: el tráfico y proliferación de armas de fuego provenientes de Estados Unidos

El tema de las armas ilegales se convierte en uno de los factores de violencia en el México actual. Sin embargo, a pesar de la importancia del tema, los principales candidatos presidenciales no han dedicado tiempo ni propuestas específicas para combatir esta amenaza.

Control de armas: el tema ausente

El 10 de mayo, en México se celebró el tradicional Día de las Madres. Este día es una ocasión perfecta para reunir a la familia con el objetivo de agradecer a quien nos gestó, así como a quien comparte la dicha de ser padre. Esta fecha permanecerá en nuestros recuerdos más preciados para casi todos, y es así porque no en todas las familias mexicanas hubo motivo de celebración. Tal es el caso de los tres, ahora huérfanos, hijos de Margarita Rivera, quienes desde el pasado 6 de mayo engrosan las alarmantes cifras de víctimas directas e indirectas de la rampante violencia. Margarita, madre soltera de 47 años, era policía de la Ciudad de México cuando fue ejecutada con un revólver a mansalva por un delincuente. Esto sucedió durante plena jornada laboral, cuando Margarita intentaba proteger a las víctimas de un asalto en el pasillo dos de la concurrida Central de Abasto de la Ciudad de México. Preocupa ya el nivel de vulnerabilidad al que están expuestos quienes nos protegen ante armas de fácil acceso -entre 5 y 10 mil pesos por arma aproximadamente-, pero es más preocupante que un aspecto fundamental en tiempos de definición política no esté presente en las plataformas electorales de quienes buscan gobernarnos y prometen restablecer el orden. Me refiero al grave problema de la proliferación de armas en manos de los delincuentes y las débiles medidas de decomiso.

La lamentable pérdida de una civil con placa y uniforme, con 17 años de servicio policial, se da en un contexto que afirma que en sociedades con fácil acceso a las armas es esperado que el nivel de homicidios incremente, aún más cuando caen en manos de grupos criminales. Según datos de los especialistas, el mercado negro de armas provenientes de Estados Unidos a México alcanza los 100 millones de dólares por cada 213 mil armas que se calcula son transportadas anualmente hacia nuestro país, de las cuales la mayoría terminan reforzando los arsenales de células delictivas como la que ha ultimado a Margarita y a miles de mexicanos más.

Es probable que si existieran controles estrictos el arma que mató a Margarita se hubiera decomisado. Pero ante tales faltas de vigilancia en nuestras fronteras y carreteras, Estados Unidos sigue poniendo las armas y México los muertos, de tal modo que esta proliferación pone en jaque a la población, e irónicamente también a las fuerzas de seguridad que deben protegernos. Tan solo en este año diez policías capitalinos fueron privados de la vida, mientras que el año pasado fueron 27 elementos los abatidos por la delincuencia.

Hablar de pobreza y corrupción es rentable. Sin embargo, resulta imperativo recordar a los candidatos presidenciales y a sus asesores que el 61% de los mexicanos encuentran en la inseguridad el problema más importante a resolver, pues sin seguridad en nuestras calles resulta ingenuo aspirar al desarrollo y al crecimiento. Les conviene recordarlo.

Por ello urge que aspirantes de los tres niveles replanteen y corrijan las políticas de seguridad que mitiguen los riesgos generados por la proliferación y tráfico de armas. Estas amenazas empezarán a contenerse en la medida que se imprima en la agenda conjunta de sociedad civil y autoridades la urgente definición de estrategias tanto de profesionalización de policías como de control de armas, pues resulta evidente que la relación negativa entre éstas y los niveles de violencia nos mantiene muy por debajo en el marcador de los logros como país. Continuar así resulta insostenible.

Analicemos que convivir entre armas -quizá con mayor frecuencia y cercanía de la que imaginamos- escapa tanto de la normalidad para una nación dañada que busca reconciliarse, como de la legalidad que demanda el urgente restablecimiento del Estado de Derecho. Desde la sociedad civil estamos expectantes por conocer las medidas para endurecer controles y penas por portación ilegal de armas. No obstante, si de nuestros candidatos no surge el interés de llevar esta discusión a debate, que no se diga lo mismo de nosotros los votantes quienes no deseamos ser parte de la ironía trágica en la que, por omisión de la autoridad, las armas que deberían proteger al ciudadano lo terminan matando.

Quien crea que una estrategia de seguridad atraviesa solo por aumentar el número de patrullas o montar videovigilancia, se equivoca al descartar de su análisis las causas de la violencia y su contexto. No se puede gobernar a un país, estado o municipio en cuya población se ha permeado la convivencia diaria con la violencia y el fácil acceso a las armas. La familia de la ex oficial Margarita y muchos de nosotros somos testigos de ello.  Por cierto, ¿usted conoce la postura sobre armas de su candidato favorito?

Latin American Post | Marco Tovar