Desorden Electoral en Honduras: Caos, Sospechas e Involucramiento Militar
Las recientes elecciones primarias en Honduras estuvieron marcadas por una gran confusión debido a la llegada tardía de materiales electorales, lo que generó dudas sobre la preparación de las Fuerzas Armadas y la competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE). A medida que el país se prepara para las elecciones generales de noviembre, la forma en que se manejó este proceso ha sacudido la confianza pública.
Para muchos hondureños, las primarias suelen ser un ensayo antes de la contienda principal. Sin embargo, las elecciones de este año expusieron la frágil relación entre las Fuerzas Armadas y el CNE, ambos responsables de la distribución y resguardo de los materiales electorales a nivel nacional. Aunque más de 5.8 millones de ciudadanos fueron convocados a votar, la jornada electoral comenzó—y en algunos lugares terminó—en un estado de caos. Decenas de centros de votación en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades del país, abrieron con hasta doce horas de retraso o ni siquiera funcionaron debido a la falta de boletas y otros suministros esenciales. Escenas sin precedentes de urnas siendo transportadas en minibuses públicos deteriorados (“rapiditos”) solo avivaron las sospechas. Rápidamente, surgieron dudas en redes sociales sobre si estas fallas fueron meros errores de logística o algo más siniestro, reflejando la profunda desconfianza en los procesos electorales que ha caracterizado a Honduras durante décadas.
Entrega Caótica Y Plazos Incumplidos
Incluso antes del inicio de la votación a las 7:00 a.m., quedó claro que muchos centros de votación no contaban con los materiales necesarios. Las Fuerzas Armadas, encargadas de distribuir los suministros electorales, se retrasaron varias horas en múltiples distritos. En Tegucigalpa, algunas boletas llegaron tan tarde que muchos votantes frustrados se marcharon con la intención de regresar más tarde. En algunos casos, las papeletas llegaron hasta las 10:00 p.m., cuando el período oficial de votación ya había concluido, lo que obligó a extender la jornada de manera improvisada y caótica hasta altas horas de la madrugada.
Mientras tanto, la confusión y las acusaciones cruzadas se intensificaron en todo el espectro político. Algunos miembros de la oposición alegaron que el partido gobernante, Libertad y Refundación (Libre), provocó el desorden para reducir la participación en zonas menos favorables al gobierno actual. Otros señalaron a los dos principales partidos de oposición, el Liberal y el Nacional, acusándolos de sabotear la distribución de materiales para generar desconfianza y caos. Muchos críticos culparon también a la falta de planificación logística del Estado, argumentando que esto perpetúa la sensación cíclica de “fraude en proceso” que ha afectado las elecciones hondureñas por años.
Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, intentó minimizar la crisis describiéndola como “parte de la experiencia que se está adquiriendo”. Sus palabras causaron desconcierto, ya que las Fuerzas Armadas han estado a cargo de la distribución electoral desde 1980, cuando Honduras retomó el gobierno constitucional después de casi 20 años de régimen militar. Este antecedente hizo que muchos dudaran de que un error de tal magnitud fuera simplemente producto de la inexperiencia.
Ejército Y CNE Bajo La Mira
Otra fuente de controversia es Rixi Moncada, aspirante presidencial del partido oficialista y actual Ministra de Defensa desde septiembre de 2024. Dado que las Fuerzas Armadas están bajo el mando del Ministerio de Defensa, sus críticos ven un claro conflicto de interés. Se cuestiona si su influencia pudo haber afectado la distribución equitativa y oportuna de los materiales electorales. Algunos especulan que su campaña o miembros del gobierno habrían retenido intencionalmente recursos en ciertos bastiones de la oposición para obtener ventaja política.
Por su parte, el CNE también enfrenta una parte importante de la culpa. Como máxima autoridad electoral, el consejo es responsable de la planificación, gestión y supervisión del proceso. Que el colapso en la distribución ocurriera bajo su supervisión ha debilitado la confianza en su capacidad para manejar las elecciones generales de noviembre. Aunque el Ejército es el encargado del transporte, la responsabilidad final de garantizar que cada papeleta y kit electoral llegue a su destino recae en el CNE.
Los críticos argumentan que si el CNE no pudo supervisar a las Fuerzas Armadas en un proceso primario, los comicios generales podrían sufrir problemas aún más graves. La situación desató un intenso debate en redes sociales, con etiquetas en tendencia responsabilizando a distintos actores por lo que muchos consideran otro intento de fraude. Miles de hondureños compartieron videos y fotos de centros de votación vacíos, boletas desorganizadas en cajas sin marcar y largas filas de personas sin información clara sobre si aún podían votar.
Implicaciones Para Las Elecciones Generales De Noviembre
A medida que se disipa el polvo de este desorden, crecen las preocupaciones sobre el impacto que estos errores podrían tener en las elecciones de noviembre, consideradas de gran importancia para el futuro del país. La misma asociación defectuosa entre las Fuerzas Armadas y el CNE sigue vigente, dejando a muchos votantes con la sensación de que nuevas irregularidades son inminentes. Circulan rumores de que ya se están planeando estrategias para sabotear la próxima votación, ya sea generando confusión o manipulando el conteo final. Políticos de todos los partidos han exigido explicaciones claras tanto al CNE como a las Fuerzas Armadas sobre las causas de los retrasos y han pedido un compromiso público con una logística más eficiente.
La ley hondureña establece que las Fuerzas Armadas deben encargarse del transporte de urnas y otros materiales a todo el territorio nacional. Esta medida busca garantizar la seguridad del proceso electoral en un país donde la violencia política y el desorden siguen siendo una amenaza latente. Sin embargo, situaciones como la de estas primarias exponen los riesgos de confiar tareas cruciales a una sola entidad, especialmente a una que ha protagonizado golpes de Estado en el pasado.
El Ministerio Público (Fiscalía) ya ha anunciado que investigará el incidente, prometiendo llegar “hasta el fondo” para determinar las responsabilidades. “El pueblo hondureño merece saber quiénes fueron los responsables directos o indirectos de lo ocurrido”, declararon las autoridades. Sin embargo, queda por verse si esto conducirá a cambios reales en el proceso electoral.
Tras este desastre, muchos hondureños se preguntan: si una elección menor pudo sumirse en tal caos, ¿qué ocurrirá en noviembre, cuando esté en juego el poder nacional? Filas interminables, centros de votación mal preparados y una falta de transparencia no solo dificultan la votación, sino que también erosionan la confianza en el sistema. Los líderes políticos deben actuar para disipar temores, establecer reglas claras y garantizar un proceso electoral abierto y justo.
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Por ahora, los problemas en Tegucigalpa y San Pedro Sula son una señal de alerta sobre los desafíos que siguen afectando a la política hondureña. Ya sea por planificación deficiente o por una estrategia deliberada, el impacto es el mismo: un aumento en la desconfianza hacia un sistema electoral que ya era frágil, justo antes de una de las elecciones más cruciales en la historia reciente del país.
