Diana Salazar de Ecuador lucha valientemente contra bandas y políticos en medio de una violencia creciente
Diana Salazar, fiscal general de Ecuador, se mantiene firme en un país sacudido por el aumento de la violencia y la aparente corrupción. Mientras investiga los vínculos entre narcotraficantes, políticos y jueces, arriesga su vida para asegurar el futuro de Ecuador.
Bajo fuego desde todos los frentes
Las sombras persiguen a Diana Salazar a donde quiera que vaya. Las calles antes pacíficas de Ecuador se han convertido en zonas de guerra dominadas por cárteles de droga, y su equipo de seguridad está en alerta máxima. Mientras su vehículo blindado serpentea por las congestionadas avenidas de Quito, sus escoltas vigilan cualquier automóvil sospechoso que pudiera estar siguiéndola. Esa vigilancia es imprescindible: recientemente, la hermana de un presunto narcotraficante fue descubierta siguiéndola. Salazar relata estos episodios como si fueran simples inconvenientes, como perder un autobús. En la lucha por proteger Ecuador, enfrenta amenazas a diario.
El peligro creciente es reciente. Lo que alguna vez se consideró un refugio tranquilo en América Latina ha caído en una espiral de violencia y crimen en los últimos cinco años. La estratégica región costera del país se ha convertido en una ruta clave para el tráfico de drogas debido a la falta de control, lo que ha permitido a cárteles extranjeros y pandillas locales explotar las zonas de tránsito. Con el aumento de la tasa de homicidios, Ecuador se ha sumado a sus vecinos más violentos de la región.
En medio de este caos, Diana Salazar lidera una nueva campaña para identificar las conexiones entre las redes criminales y las autoridades. Su lucha actual se centra en enfrentar a policías corruptos y jueces sobornados que operan en complicidad con altos funcionarios gubernamentales. Muchos ecuatorianos le atribuyen el mérito de intentar limpiar la casa antes de que los cárteles se conviertan en una presencia inamovible, como ha sucedido en otros países de América Latina. Pero su cruzada le ha generado enemigos poderosos, especialmente entre los leales a Rafael Correa, el expresidente que sigue siendo influyente desde su exilio.
Las batallas políticas son igual de importantes. El 13 de abril, los ecuatorianos elegirán a un nuevo presidente, lo que determinará si el trabajo de Salazar continuará. Su mandato de seis años finaliza el 8 de abril, y sus investigaciones sobre las redes de corrupción del país podrían verse truncadas. Políticos opositores han prometido recortar su autoridad o reemplazarla por completo si llegan al poder.
El yugo del narcotráfico
Para entender por qué Diana Salazar se ha convertido en una figura tan crucial—y controvertida—basta con seguir los rastros de evidencia que ella y su equipo han descubierto. En 2022, un conocido financista del narcotráfico, Leandro Norero, fue asesinado en prisión, pero no antes de que las autoridades confiscaran sus teléfonos móviles. Los mensajes encontrados en estos dispositivos revelaron una realidad alarmante: jueces supuestamente liberaban a narcotraficantes a cambio de grandes sobornos, y ciertos policías alteraban pruebas. Más impactante aún, los datos sugerían que se había pagado dinero para asegurar la liberación de Jorge Glas, exvicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa, condenado por corrupción.
Según el equipo de Salazar, los registros telefónicos contenían referencias a un “pequeño favor” que podría ser recompensado si Glas o sus aliados volvían al poder. Un preso incluso afirmó que Norero se jactaba de haber contactado personalmente a Correa para buscar una decisión favorable. Correa ha negado todas las acusaciones, calificándolas de persecución política. Mientras tanto, Salazar ve el escándalo como un reflejo de la profunda podredumbre que vincula a funcionarios de todos los sectores—algunos leales a Correa, otros asociados con el gobierno actual o pasados—con el creciente mundo del narcotráfico en Ecuador.
Este caso consolidó la reputación de Salazar como la fuerza impulsora detrás de una ola de procesamientos por corrupción.
Desde diciembre de 2023, ha presentado cargos contra 76 personas, incluidos exlegisladores, jueces, altos funcionarios penitenciarios y agentes del orden. De estos, 44 ya han sido condenados, mientras que dos docenas llegaron a acuerdos de culpabilidad a cambio de implicar a conspiradores de mayor rango. Las investigaciones continúan, con la oficina de Salazar examinando grandes volúmenes de mensajes encriptados que detallan la financiación del narcotráfico, la manipulación judicial y la infiltración de instituciones públicas.
En una entrevista con The Economist, medio que ha seguido de cerca la crisis en Ecuador, Salazar afirmó que estas revelaciones son solo el comienzo. La infiltración de cárteles del crimen transnacional se está acelerando en las principales ciudades y provincias costeras de Ecuador, impulsada por la complicidad dentro de los sistemas locales. Aunque algunos sostienen que el país aún no ha alcanzado el nivel de los arraigados narcocárteles de México, Salazar advierte que este futuro no está lejos si no se abordan las vulnerabilidades del sistema legal.
Tormentas políticas y acusaciones
Rafael Correa no es ajeno a denunciar a Salazar. Condenado por corrupción en 2020 mientras ella ejercía como fiscal general, ha argumentado repetidamente que no es más que una marioneta instalada por intereses de derecha no identificados. Viviendo en Bélgica, país que le concedió asilo, Correa sostiene que sus sucesores son los verdaderos responsables del colapso de la seguridad en Ecuador, señalando recortes presupuestarios a las cárceles y al sistema judicial tras su salida del poder en 2017. Afirma que, bajo su gobierno, la tasa de homicidios del país era una de las más bajas de la región, lo que demostraría que la situación se ha deteriorado bajo sus rivales políticos.
Por su parte, Salazar señala que la visión de Correa sobre un Ecuador pacífico y bien administrado omite detalles clave. Resalta que Correa expulsó una base militar estadounidense que ayudaba a monitorear las rutas de narcotráfico en la costa, lo que posiblemente facilitó el aumento del tráfico de drogas. Además, algunos líderes de la ya disuelta guerrilla colombiana FARC, que históricamente utilizaban corredores ecuatorianos para el contrabando, alegaron que canalizaron dinero hacia la campaña presidencial inicial de Correa.
Las hostilidades no terminan ahí. Los seguidores de Correa, conocidos como correístas, acusan a Salazar de parcialidad, alegando que sus investigaciones se enfocan desproporcionadamente en su sector. En dos ocasiones intentaron someterla a un juicio político, pero fracasaron. Algunos ataques han tomado un tono personal. La política Luisa González, ahora candidata presidencial, se burló del embarazo de Salazar, calificándolo de “espectáculo” cuando la fiscal obtuvo un aplazamiento de una audiencia por razones de salud. Otros han minimizado sus resultados en el examen para fiscal general, omitiendo deliberadamente que obtuvo la puntuación más alta en el país. Salazar se pregunta si su origen como mujer negra de una zona desfavorecida de Ecuador ha contribuido al evidente machismo y racismo detrás de estos ataques.
No obstante, su historial contradice las acusaciones de que protege a la derecha sin cuestionamientos. Bajo su administración, ha investigado a funcionarios vinculados con Guillermo Lasso, expresidente de centroderecha, y ha liderado indagaciones sobre Lenín Moreno, el sucesor de Correa, quien no era parte del círculo de Lasso. Su prestigio en el ámbito legal se consolidó en 2016, cuando ayudó a las autoridades a procesar casos de corrupción en la FIFA, el organismo mundial del fútbol. Para quienes la critican desde la izquierda, estos casos son prueba de que no actúa bajo lealtades partidistas.
Aun así, persisten las acusaciones de parcialidad. Algunos medios publicaron lo que describieron como mensajes de texto entre Salazar y figuras de izquierda, poniendo en duda el momento en que iniciaron sus investigaciones. Salazar rechaza categóricamente estos mensajes como falsificaciones y los califica de parte de una “campaña de difamación” diseñada para desacreditarla mientras se acerca a criminales con poder.
Futuro incierto, una nación en juego
El fervor de Salazar ha generado admiración entre los ciudadanos ecuatorianos, quienes la ven como el último bastión contra un caos social aún mayor. Un empresario de Quito, por ejemplo, la llama un “tesoro nacional”, sugiriendo que su papel es más crucial para la estabilidad del país que los políticos que van y vienen en el Palacio de Carondelet. Sin embargo, Salazar insiste en que la justicia debe mantenerse separada de la política. Cuando se le pregunta si tiene ambiciones políticas, niega rotundamente cualquier deseo de ocupar un cargo, argumentando que la independencia judicial no puede coexistir con la participación política directa.
“Los políticos deben mantener sus manos fuera de los asuntos judiciales”, afirma.
No se hace ilusiones sobre el camino que tiene por delante. Actualmente, las organizaciones narcotraficantes controlan muchos barrios, librando batallas con exhibiciones abiertas de armamento. Las prisiones también se han convertido en focos de violencia, con enfrentamientos letales entre facciones rivales del narcotráfico. Aunque se niega a permitir que las comparaciones con México dominen la conversación, Salazar reconoce que Ecuador está en una encrucijada: si la infiltración institucional continúa, romper el control de los cárteles podría volverse extremadamente difícil o incluso imposible. Su oficina sigue presentando cargos que resultan en múltiples condenas, enviando un mensaje claro de que la impunidad no es una opción.
También subraya que la elección de su sucesor después del 8 de abril podría cambiar drásticamente la lucha contra la corrupción. Si un nuevo presidente opta por destituirla o nombrar a un fiscal más complaciente, las purgas que ha iniciado podrían detenerse y la infiltración del crimen organizado en el sistema podría acelerarse. Los votos que se emitirán el 13 de abril—cuando los ecuatorianos elijan entre Daniel Noboa, el actual presidente, y Luisa González, la candidata respaldada por Correa—serán decisivos para la continuidad de su misión. Muchos temen que, si gana el candidato afín a Correa, la marea se vuelva rápidamente en contra de sus investigaciones.
Aun así, Salazar espera que su ejemplo inspire a los ciudadanos a defender el Estado de derecho. Encuentra fortaleza en el mismo sentido del deber que la ha guiado desde sus inicios en la fiscalía, incluyendo su papel en la condena por soborno del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Manejar amenazas y ser seguida por motociclistas forma parte del trabajo, dice—un trabajo que debe hacerse si Ecuador quiere evitar el destino de otras regiones asediadas por el narcotráfico en América Latina.
En medio de estas tribulaciones, Salazar ha dado prioridad a conceder entrevistas a medios de comunicación de prestigio, incluido The Economist, que ha seguido de cerca la crisis de Ecuador con el auge de la violencia narco y la corrupción. Al recalcar constantemente que los cárteles solo pueden ganar terreno cuando las instituciones públicas fallan, expone la necesidad de mantenerse en alerta. No se hace ilusiones de que su lucha, por sí sola, será suficiente. El poder judicial, la policía, los políticos y la sociedad civil deben hacer más que hablar: deben cortar el flujo de dinero ilícito, poner fin a los pactos secretos y restaurar la confianza de la gente en las instituciones públicas. De lo contrario, advierte, la línea entre los funcionarios del Estado y los líderes del crimen organizado se volverá indistinguible.
Por ahora, la firme postura de Salazar la ha convertido en una de las funcionarias públicas más reconocidas de Ecuador. Muchos ven en ella la posibilidad de que la ley y el orden puedan prevalecer incluso en medio de la corrupción y la intimidación. Su mensaje es claro: sin importar si perteneces a la extrema izquierda, la extrema derecha o estás en algún punto intermedio, si participas en actividades ilícitas, la justicia debe—y lo hará—llamar a tu puerta.
Sin embargo, en un país sacudido por la polarización política y una ola de crimen violento, su permanencia en el poder y su éxito dependen en gran medida de las próximas elecciones. Si quien la suceda en la Fiscalía General carece de su determinación, los avances logrados podrían desvanecerse rápidamente, acelerando la transformación de Ecuador en un bastión del narcotráfico.
Lea Tambien: Ecuador debe proteger a los niños de una ideología de género perjudicial
Su lema es la esperanza, basada en la convicción de que aún es posible cambiar el rumbo. “No somos como México y no vamos a llegar a serlo”, insiste. Enmarca sus éxitos—y la purga que ha liderado—como un llamado de alerta, recordando a los delincuentes que no pueden esconderse detrás de sus conexiones políticas para siempre. Si esa visión perdura o se extingue dependerá tanto del electorado como de ella. Al emitir su voto, los ciudadanos decidirán, en esencia, si la arriesgada cruzada de Diana Salazar continúa o si pasará a la historia como otro intento frustrado de rescatar al país del yugo de la corrupción.
