Ecuador debe negar la impunidad a los soldados que mataron a niños en Guayaquil
Cuando Steven Medina, de 11 años, y tres amigos adolescentes desaparecieron tras una redada militar en Guayaquil en diciembre, el ejército ecuatoriano afirmó que “solo cumplía con su deber”. Pero sus cuerpos calcinados contaron otra historia, y hoy el país enfrenta de frente el horror que intentó ignorar.
El deber no es una licencia para matar
Seis meses después del inicio del llamado “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa, los cuerpos de cuatro niños afroecuatorianos arrojaron una verdad que despojó a la palabra “deber” de cualquier honor. Steven Medina, Ismael y Josué Arroyo, y Saúl Arboleda —de entre 11 y 17 años— fueron detenidos por soldados en diciembre. Sus restos, calcinados y con disparos en la cabeza, aparecieron semanas después.
En una audiencia de hábeas corpus, los diecisiete soldados ahora imputados alegaron que “cumplían con su deber” bajo el decreto de emergencia de Noboa. Pero el tribunal no se dejó convencer. La Corte Constitucional ya había desmantelado ese argumento al dictaminar que no existe un conflicto armado legalmente hablando: no hay dos bandos organizados, ni hostilidades sostenidas. El intento de aplicar una lógica de campo de batalla se derrumbó. Esto no fue guerra. Fue asesinato.
El derecho internacional es claro: detener menores sin orden judicial, ocultar su paradero y devolverlos muertos no es parte del protocolo militar. Es un crimen de lesa humanidad. Ecuador no está en guerra. Pero hay cuatro niños muertos, y la bandera no puede cubrir sus tumbas con silencio.
Ecuador le prometió al mundo proteger a la niñez
La firma de Ecuador aún está fresca. El país ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada en 2005 y ya era parte de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. No son tratados simbólicos: son guías para actuar con contención. En ellos se afirma con claridad: incluso en una guerra real, los niños no son combatientes. Son civiles. Son sagrados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó rápidamente los asesinatos, exigiendo un proceso judicial completo. Relatores especiales de la ONU se sumaron a la indignación, pidiendo a Quito que explicara cómo patrullas militares —sin supervisión judicial— se habían adueñado de barrios urbanos como Las Malvinas, donde vivían los cuatro chicos.
¿La defensa de los soldados? “Seguíamos órdenes.” Una frase cargada de historia. Y que ha sido rechazada por todos los tribunales de derechos humanos desde Núremberg. No existe una cadena de mando lo suficientemente larga como para absolver a quien hace daño a niños. El deber termina donde comienza la humanidad. Y cuando se cruza ese umbral, ningún uniforme puede blindar a los culpables.
Fuerza Aérea Ecuatoriana
Una ley escrita para proteger soldados, no para hacer justicia
En marzo, mientras la indignación pública apenas tomaba aliento, legisladores afines a Noboa aprobaron de forma acelerada la Ley de Solidaridad, que debilitó silenciosamente —pero de forma profunda— la justicia. Oculto en sus cláusulas: un artículo que suspende la prisión preventiva para policías y militares acusados de delitos durante operaciones.
En el papel, se presentó como una medida contra demandas frívolas. En la práctica, se convirtió en un arma para la impunidad.
Abogados militares argumentan ahora que cualquier acto en “contexto de seguridad” califica como acción estatal, incluso cuando las víctimas son escolares y la evidencia incluye balas y gasolina. El juez Dennis Ugalde, quien negó la libertad a los acusados, advirtió abiertamente: esta ley, tal como está estirada, “abre la puerta a la impunidad de todos los miembros de las fuerzas de seguridad.”
Si un gobierno no puede garantizar justicia para niños asesinados, pierde el derecho a reclamar autoridad moral. No se trata solo del ejército. Se trata del tipo de país que Ecuador decide ser.
El miedo no justifica el terror
Los cuatro chicos eran de Las Malvinas, un barrio de Guayaquil que durante años ha sido estigmatizado como zona de pandillas, y llevaban en la piel la pobreza que hace que algunas vidas parezcan desechables para el poder.
Imágenes publicadas por El País muestran lo ocurrido: dos camiones del ejército los rodearon frente a un centro comercial. Luego, el silencio. No hubo órdenes judiciales. No hubo cargos. Solo desaparición.
Los abogados defensores recurrieron a viejos trucos: insinuar que los chicos eran delincuentes, que algo en ellos —indefinido, impreciso— hacía sus muertes más comprensibles. Sin embargo, meses de investigación no revelaron ningún vínculo con actividades criminales, como confirmaron Reuters y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR). En cambio, tres soldados se volvieron testigos protegidos y confesaron que los chicos fueron golpeados, humillados y luego ejecutados. Sus cuerpos fueron quemados para ocultar la evidencia.
Esto no fue un error policial. Fue el uso deliberado del terror contra un grupo racializado y marginado. Lo que se está juzgando no es solo un asesinato. Es violencia estatal disfrazada de política de seguridad. Y el silencio del Estado —su demora, sus evasivas— no hace más que profundizar la herida.
La justicia que se retrasa es justicia negada
Ecuador no necesita mirar lejos para ver qué aspecto tiene la rendición de cuentas. En Colombia, tras el escándalo de los “falsos positivos” —donde soldados asesinaron civiles para hacerlos pasar por combatientes—, la justicia actuó. Hubo condenas, carreras truncadas y un proceso —aunque incompleto— de recuperación de confianza pública.
Ahora le toca a Ecuador.
El juicio previsto para julio definirá si la retórica del presidente Noboa sobre “tolerancia cero” frente al abuso es valentía o conveniencia. Porque si los acusados quedan libres, el mensaje para cada patrulla será escalofriante: mata primero, justifica después.
Lo que se necesita no es teatro político. Se necesita acción:
Mantener a los acusados en prisión preventiva durante el juicio.
Reformar la Ley de Solidaridad para que no sirva de escudo ante delitos.
Depurar las fuerzas armadas de comandantes que confunden adolescentes con enemigos.
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Porque, al final, el verdadero deber no es la obediencia ciega. Es la lealtad a la ley. Al pueblo. Y a los niños que aún deberían estar vivos. Hasta que esos uniformes se usen con responsabilidad y no con arrogancia, Ecuador no podrá decir que combate el crimen. Solo estará luchando —por justicia.
