Ecuador enfrenta el crimen, la deuda y el desempleo mientras Noboa busca estabilidad
El presidente Daniel Noboa comienza un mandato completo enfrentando tres problemas que desvelan a la mayoría de los ecuatorianos: las bandas criminales violentas, unas finanzas públicas debilitadas y la escasez de empleos. Su éxito o fracaso definirá la vida cotidiana en una nación ya cansada de promesas incumplidas.
Crimen y un Congreso fracturado
Cuando Daniel Noboa entre a la Asamblea Nacional para prestar juramento, los votantes esperarán un plan que vaya más allá de los eslóganes. Y tienen razones para preocuparse. Luego de una breve caída en 2024, la tasa de homicidios de Ecuador volvió a liderar América Latina, con un promedio de un asesinato por hora en lo que va del año. El presidente lo llama una “guerra”, pero vencer a bandas fuertemente armadas requiere más que retórica firme: también requiere leyes, y ahí el terreno de Noboa es inestable.
Su partido, Acción Democrática Nacional, tiene solo una débil mayoría relativa y debe negociar diariamente con el bloque indígena Pachakutik y el Partido Social Cristiano. “Esa coalición podría deshacerse en cualquier momento”, advirtió el politólogo Santiago Basabe en una entrevista con EFE. El presidente ya ha puesto a prueba la alianza al proponer indultos generales para soldados y policías investigados por violaciones a los derechos humanos, argumentando que las fuerzas de seguridad necesitan protección frente al poder de fuego del narco. Los críticos sostienen que tal inmunidad fomenta los abusos. El proyecto avanza lentamente, y cada voto en comité es de infarto.
La paciencia pública es escasa en Guayaquil, una ciudad portuaria marcada por la extorsión y los asesinatos por encargo; los tenderos ya bajan las persianas de acero antes del anochecer. Los taxistas viajan en convoyes informales para reducir el riesgo de asaltos. Muchos vecinos aplaudieron el decreto de Noboa de 2024 que declaró a las bandas como “organizaciones terroristas”, lo que permitió patrullajes conjuntos entre militares y policías. Pero también notaron que los asesinatos volvieron a aumentar a comienzos de 2025. “Vemos soldados en las esquinas, pero los sicarios siguen llegando”, dijo Lucía Morales, vendedora de pescado, mientras recogía su puesto al mediodía, una hora de cierre temprana que adoptó tras el asalto a dos colegas.
Los asesores de seguridad de Noboa promocionan nuevas unidades de inteligencia y escáneres portuarios financiados con bonos de emergencia. Pero toda reforma necesita votos, y hasta sus aliados se quejan de la rapidez con que el Ejecutivo impulsa leyes. “Gobierna en modo campaña”, murmuró un legislador socialcristiano en un pasillo, sin dar su nombre, y agregó: “El Parlamento no es una notaría”. Por ahora, el presidente no puede darse el lujo de perderlos; tampoco el país, si los tiroteos siguen en aumento.
La cuerda floja del dólar y la deuda
La violencia acapara los titulares, pero los balances fiscales podrían resultar igual de explosivos. Noboa heredó un déficit presupuestario cercano al 5 % del PIB en 2023 y lo redujo al 3 % el año pasado: un avance, pero insuficiente para tranquilizar a los tenedores de bonos que observan el pago de $2.600 millones previsto para 2026. El Fondo Monetario Internacional ha ofrecido un paquete de apoyo de $4.000 millones; los desembolsos dependen de impuestos más estrictos y recortes de gasto.
Los subsidios a los combustibles son el primer objetivo. Economistas señalan que cuestan más que el presupuesto combinado de escuelas y hospitales, pero también mantienen bajos los precios de alimentos para millones. Siempre que un presidente intenta recortarlos, el centro de Quito se llena de marchas indígenas que bloquean las carreteras y golpean ollas. Noboa insiste en que puede eliminarlos gradualmente, acompañando cada alza con ayudas focalizadas para familias rurales, pero aún no hay calendario en el Congreso. “El gobierno apuesta al crecimiento del sector privado pero no presenta un mapa fiscal”, dijo Basabe a EFE.
Y ese crecimiento luce frágil. Tras una contracción del 2 % en 2024, el Banco Central prevé un repunte del 2,8 % este año, impulsado principalmente por proyectos mineros de cobre y oro en la sierra andina. Activistas ambientales y comunidades locales ya han presentado demandas por permisos otorgados apresuradamente. Los inversionistas extranjeros quieren claridad sobre incentivos fiscales; los pobladores desean ríos limpios y empleos más allá de la fase de construcción. Cualquiera de los dos grupos puede paralizar una mina con protestas.
Mientras tanto, el reloj de la deuda sigue corriendo. La ministra de Finanzas, Gabriela Tea, ha propuesto un “bono azul” vinculado a metas de conservación marina en Galápagos—una iniciativa innovadora pero pequeña frente al muro financiero de 2026. Los banqueros se preguntan si Quito volverá a usar las reservas del Banco Central; los sindicatos del sector público amenazan con huelgas si se amplían los congelamientos salariales. Es un equilibrio delicado en un país donde la dolarización impide imprimir dinero, pero no frena el alza del pan.
El empleo en pausa y la paciencia al límite
En las elecciones anticipadas de 2023, Noboa—un heredero bananero de 36 años con título de Stanford—conquistó a los votantes jóvenes prometiendo “primeros empleos” en cuestión de meses. A mitad de su corto mandato inicial, el desempleo juvenil sigue rondando el 19 %. El año pasado intentó legalizar contratos laborales por hora mediante referéndum, argumentando que las leyes rígidas frenan la contratación. La medida fracasó, hundida por campañas sindicales que advertían sobre una “precariedad al estilo estadounidense”.
Con cuatro años completos por delante, el presidente relanza su plan. Su ministra de Trabajo habla ahora de un sistema escalonado que combine contratos tradicionales con opciones flexibles para emprendimientos tecnológicos y turísticos. Los detalles siguen sin concretarse. “Como ya ha estado en el cargo, los ecuatorianos esperan resultados desde ayer”, dijo Basabe a EFE. La empresaria Carolina Jarrín expresa una impaciencia similar. “Necesitamos contratar dos personas para nuestra panadería, pero las reglas de despido nos asustan”, comentó mientras amasaba pan en el centro histórico de Cuenca. “Denme leyes claras y creo empleo mañana mismo”.
La salud y la educación también están en la lista de pendientes. En la provincia de Esmeraldas, los padres aún compran medicinas básicas de su bolsillo porque las clínicas se quedaron sin insumos tras diciembre. Los maestros en Chimborazo cuentan 45 alumnos por aula. Noboa ha prometido nuevos pabellones hospitalarios y tabletas digitales, pero el presupuesto de 2025 asigna menos fondos a programas sociales que a seguridad. “Balas antes que vendas”, rezaba una pancarta del gremio de enfermeras frente al Ministerio de Salud.
Rafael Correa, el expresidente que reside en Bélgica tras una condena por corrupción que él califica de persecución política, sobrevuela todo esto. Su movimiento Revolución Ciudadana quedó segundo en las últimas legislativas y ahora observa cada paso en falso de Noboa. Si los recortes de subsidios provocan disturbios o las tasas de homicidio no bajan, los aliados de Correa lanzarán mociones de censura. La coalición improvisada que sostiene a Noboa podría desmoronarse rápidamente bajo esa presión.
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Sin embargo, dentro del Palacio de Carondelet, sus asesores proyectan optimismo. Señalan logros tempranos: un leve aumento en la recaudación aduanera tras operativos contra el contrabando, la captura de dos financistas de carteles, y un memorando firmado con una firma coreana para construir plantas solares. “Gobernar es una maratón”, dijo un asesor, mirando los zapatos deportivos del presidente junto a su escritorio. La imagen es acertada. Para los 18 millones de ecuatorianos, el camino es cuesta arriba, lleno de baches pero también de posibilidades. Si Noboa cruza la meta con un país en mejor estado dependerá de cuán hábilmente sepa equilibrar balas, presupuestos y empleos en los tensos meses que vienen.
