Fallo de la Corte de Panamá sobre puertos del Canal reabre debate sobre soberanía y confianza
La decisión de la corte panameña de anular la concesión portuaria marca un momento crucial que afecta directamente la soberanía de Panamá y sus relaciones internacionales, lo que la hace sumamente relevante para audiencias interesadas en la política y el comercio global.
El día en que un contrato se convirtió en una cuestión de propiedad
En el borde de la economía canalera, la escena micro no es un discurso. Es un cambio de turno. Un puerto mide el tiempo en movimientos, no en titulares: crujen los metales. El aire lleva una mezcla tenue de sal y combustible. Una grúa se balancea, luego se estabiliza. En algún punto de esa coreografía, una decisión legal llega desde lejos y aun así cambia el día.
Panamá da por hecho la salida del conglomerado hongkonés CK Hutchison de la operación de dos puertos cercanos al Canal. Esos puertos son Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, operados por Panama Ports Company, una filial de CK Hutchison. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de 1997 que otorgó una concesión por 25 años, junto con sus adendas y la prórroga automática de 2021. En la práctica, ese fallo anuló toda la estructura. La decisión respondió a dos demandas presentadas en julio de 2025 por el contralor general de Panamá, Anel Flores.
El problema es que los contratos portuarios en Panamá nunca son solo documentos comerciales. También son memoria política. El Canal fue construido y administrado por Estados Unidos durante más de 80 años en el siglo XX y transferido a Panamá hace 26 años. Esa historia está detrás de cada argumento sobre quién controla qué cerca de la vía y cómo se ve la influencia extranjera cuando llega a través de papeles corporativos y no de uniformes.
Durante años, la concesión estuvo rodeada de acusaciones de condiciones desfavorables y supuesta corrupción. Panamá posee el 10 por ciento de PPC, un detalle que convierte una disputa corporativa en un debate sobre la propia participación y responsabilidad del Estado. Muchos sectores esperaban desde hace tiempo el fin de ese arreglo. Ahora terminó, en medio de la creciente presión de Washington y Pekín y una demanda interna inmediata: si hay una nueva licitación, debe ser abierta y transparente.
Un contrato criticado durante décadas, luego cortado por la Corte
Las críticas más agudas en las notas no son técnicas. Son morales y políticas.
El analista José Stoute dijo que el acuerdo con PPC “fue uno de los peores contratos que ha firmado la República de Panamá”, declaró a EFE. Argumentó que las denuncias de corrupción amplia y evidente se remontan al gobierno de Mireya Moscoso, que cambió la estructura financiera del acuerdo, reduciendo así los pagos de la empresa al Estado.
El economista y empresario Felipe Argote resumió el sentir público en términos más simples. “Nadie llora por Panama Ports, porque no han pagado lo que corresponde”, dijo a EFE.
Stoute agregó que el contrato mostraba signos de inconstitucionalidad y que Estados Unidos provocó la salida de CK Hutchison de Panamá. “No podría ser más claro”, dijo a EFE.
Entender el fallo de la corte como una corrección constitucional y un movimiento geopolítico ayuda a la audiencia a comprender cómo fuerzas mayores, como la influencia de EE.UU. y China, moldean el futuro de Panamá.
Las notas vinculan esto directamente con la política estadounidense. La presencia de CK Hutchison en los puertos fue la base para que Donald Trump amenazara con recuperar el Canal interoceánico. Trump también presentó como un logro un acuerdo de compra alcanzado a principios de 2025 entre CK Hutchison y un consorcio liderado por el gigante estadounidense BlackRock, parte de una transacción global que involucraba más de 40 terminales y casi 23 mil millones de dólares. Pekín detuvo esa operación. Otra sección de las notas describe el mismo acuerdo global como involucrando a BlackRock y la naviera suiza MSC, y dice que China ha amenazado con bloquearlo a menos que la naviera estatal Cosco obtenga una participación mayoritaria en el consorcio.
La observación cotidiana que todo esto implica es fácil de pasar por alto: un puerto puede ser rentable, estratégico y legalmente frágil al mismo tiempo. Un contrato puede parecer estable durante años hasta el día en que deja de serlo.
Un plan de transición y una licitación que debe resistir la sospecha
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció un nuevo proceso de concesión para los dos puertos. Hasta que se ejecute el fallo de la Corte Suprema, PPC continuará operándolos. Stoute espera que esa ejecución ocurra muy pronto. Después de eso, según las notas, comienza un periodo de transición en el que APM Terminals Panama, filial de AP Moller Maersk, asumirá temporalmente la operación.
La promesa de Panamá de un proceso abierto y participativo busca tranquilizar a la audiencia de que la transición será transparente y legítima, resguardando los intereses nacionales.
Argote advirtió que la transición implica desafíos legales y operativos complejos, y enfatizó que gestionar la infraestructura y las responsabilidades es crucial para una entrega fluida.
Esa línea tiene peso porque describe el riesgo central. Panamá puede cancelar un contrato, pero igual tiene que operar los puertos. Debe gestionar personas, equipos, consecuencias legales y la continuidad operativa. La escena en los muelles no se detiene mientras los abogados interpretan un fallo.
La Cámara Marítima de Panamá ha exigido claridad sobre lo que viene. Es indispensable tener una comprensión clara de los parámetros, criterios y plazos para las nuevas concesiones, así como las directrices para futuros contratos de concesión. Estos detalles aún no se han dado a conocer. Solicitó garantías de participación abierta y transparente de todos los actores, locales e internacionales. Saludó el mensaje de Mulino de que habrá una transición ordenada y continuidad de las operaciones mientras se define una nueva concesión.
Un conjunto aparte de notas enmarca el fallo de la Corte Suprema como un nuevo capítulo en la batalla geopolítica entre Estados Unidos y China. Añade que PPC sostiene que la decisión carece de fundamento legal y advierte que podría recurrir a vías legales nacionales e internacionales, aunque no existe apelación al fallo, solo posibles solicitudes de aclaración. También aporta antecedentes sobre CK Hutchison, una de las empresas más prominentes de Hong Kong, valorada en más de 19 mil millones de dólares, propiedad del magnate Li Ka-shing, descrito como de 97 años y entre los más ricos de Asia, con operaciones en más de 50 países y alrededor de 300,000 empleados.
Panamá está ahora en el estrecho espacio entre dos verdades. La primera es constitucional: una corte ha declarado nula una concesión y el Estado debe reasignarla. La segunda es geopolítica: cualquier decisión tomada cerca del Canal será leída en el exterior como alineamiento. La apuesta aquí es que un proceso transparente pueda proteger a Panamá tanto de la presión interna, que teme repetir viejos patrones, como de la presión externa que trata a los puertos panameños como piezas en el tablero de otros.
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