En el momento que vive Colombia, es imperativo reflexionar sobre la necesidad de seguir obligando a los jóvenes a hacer parte de las fuerzas armadas, portar uniformes y utilizar armas

Obligar a una persona a pertenecer a un grupo armado (legal o ilegal) y utilizar armas, es un acto inhumano que contradice la libertad de expresión y pensamiento, atenta contra el libre desarrollo de la personalidad y somete a la sociedad a una lógica guerrerista, que poco aporta a la democracia y la construcción de paz.

Mientras que en Colombia, aún con la desaparición de las FARC, el servicio militar sigue siendo obligatorio, en países como Argentina es voluntario y en Costa Rica ni siquiera hay ejército. Esto lleva a cuestionar las razones por las cuales se insiste en obligar a los jóvenes colombianos a vincularse a las fuerzas militares, como si no pudieran aportar al desarrollo del país de otra forma y tuvieran que resignarse a cumplir con esa imposición.

En ese sentido, vale la pena recordar que el servicio militar obligatorio se reglamentó en 1993, cuando el Congreso de Colombia expidió la Ley 48 mediante la cual se establecieron las condiciones para el ‘Servicio de reclutamiento y movilización por parte de las Fuerzas Militares’ obligando a todos los hombres mayores de 18 años a “definir su situación militar”. Es decir, resolver si se incorporan a las tropas o pagan un tributo conocido como ‘cuota de compensación militar’ para obtener la libreta militar  – documento que acredita la definición de la situación militar –  y evitar ser reclutados.

El reclutamento en Colombia:

Hasta antes del proceso de paz con las FARC, con el recrudecimiento del conflicto armado y la aparición de nuevos grupos armados ilegales (entre guerrillas, paramilitares y bandas narcotraficantes), el gobierno colombiano y las fuerzas militares justificaban la incorporación de un alto número de jóvenes en sus filas, con la necesidad de combatir a esos enemigos comunes.

No obstante, los métodos y la forma como se realizaban esos procedimientos fueron bastante cuestionados por cosiderarse discriminatorios y violatorios de los Derechos Humanos.

Discriminatorios, porque el objetivo de las fuerzas armadas han sido principalmente jóvenes de estratos bajos y barrios marginales con condiciones socioeconómicas precarias. Violatorios de los Derechos Humanos porque a los jóvenes los reclutaban mediante redadas que en Colombia se conocen como ‘batidas’ realizadas por unidades que actuaban en las noches, clandestinamente, sin identificaciones y con ánimo persecutorio.

Justamente, la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (Acooc), organización dedicada a la promoción de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y la defensa, asesoría y acompañamiento de los objetores, asegura que el 82% de los soldados jóvenes – entre bachilleres, regulares y campesinos – pertenecen a los estratos 0, 1 y 2,  los más humildes del país.

Igualmente, destaca que el 83% de quienes muerieron mientras prestaban el servicio militar obligatorio eran soldados regulares, es decir, jóvenes que no tuvieron oportunidad de terminar la secundaria, ni opción diferente de vida que vincularse a las fuerzas militares.

Camino a la abolición:

Con este panomara, hay que decir que en Colombia se han dado pasos significativos para abolir definitivamente el servicio militar obligatorio. Lo primero fue la Sentencia C – 879 de 2011 mediante la cual la Corte Constitucional de Colombia le prohibió a las fuerzas militares hacer las famosas batidas por considerarlas “retenciones ilegales y arbitrarias” que atentan contra la libertad y la libre locomoción.

La Corte ratificó su sentencia del año 2011 con una nueva, la T – 455 de 2014, que no solo le recordó a las fuerzas militares la prohibición de las batidas, sino que protegió el derecho fundamental a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, dando a los jóvenes una herramienta para evitar los abusos que hasta hace poco (y aún ahora) continuaban con las  batidas y el reclutamiento de jóvenes sin importar sus convicciones, creencias e ideologías que cuentan con protección constitucional.

Más recientemente, en el año 2016, se aprobó y sancionó la Ley Projoven que elimina la libreta militar como requisito para que los jóvenes hombres puedan acceder a su primer empleo. Previamente se había hecho lo mismo para que los jóvenes pudieran obtener su título universitario.

El debate sobre el tema se ha propiciado con motivo de la propuesta hecha por el candidato presidencial Gustavo Petro de eliminar el servicio militar obligatorio y tener unas fuerzas militares profesionales en diferentes áreas, a las cuales accedan quienes tengan la vocación militar. Esto coincide con los pasos que ha dado el país en esa materia, por lo que se puede pensar que hoy más que nunca, Colombia está cerca de avanzar definitivamente hacia la abolición del servicio militar obligatorio.  

Latin American Post | Samuel Augusto Gallego Suárez