La condena de 27 años a Bolsonaro obliga a la derecha brasileña a elegir entre la lealtad y la reinvención
La Corte Suprema de Brasil condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por planear revertir las elecciones de 2022. Mientras avanzan las apelaciones y circulan proyectos de amnistía, la derecha debe decidir si aferrarse a su fundador o coronar a un sucesor.
Una condena sin precedentes en una democracia frágil
Brasil nunca había visto algo parecido. Por primera vez en su historia, un expresidente fue condenado por intentar organizar un golpe. Cuatro de los cinco jueces de la Primera Sala de la Corte Suprema fallaron que Jair Bolsonaro orquestó un plan para mantenerse en el poder tras perder contra Luiz Inácio Lula da Silva. Ese plan culminó en el violento asalto a los edificios gubernamentales del 8 de enero de 2023.
El fallo fue contundente. La mayoría concluyó que la conspiración comenzó ya en 2021, utilizando instituciones estatales para erosionar la confianza en el sistema electoral. Borradores de decretos que imaginaban un “estado de excepción”, el testimonio del ayudante de Bolsonaro, Mauro Cid, y rastros digitales de discusiones sobre violencia pintaron un panorama claro de intención. Seis de los ocho coacusados eran altos mandos militares, lo que subrayó lo cerca que estuvo Brasil de una ruptura institucional. Bolsonaro, de 70 años y bajo arresto domiciliario, recibió 27 años y tres meses en régimen cerrado. Un juez disintió, alegando que las pruebas no demostraban un intento concreto de instaurar una dictadura, pero la mayoría se impuso.
El simbolismo es fuerte. Brasil salió de una dictadura militar en 1985, y la memoria de los tanques en las calles sigue fresca. El tribunal insiste en que actuó para proteger el orden constitucional. Los aliados de Bolsonaro dicen que el poder judicial fue demasiado lejos. Entre esos polos surge la gran pregunta: ¿puede Brasil responsabilizar incluso a sus líderes más poderosos sin desgarrar su tejido político?
Presiones externas, política interna y una prueba para las instituciones
La sentencia llegó en medio de turbulencias. En Washington, la administración Trump impuso aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas y sancionó al juez que supervisó el caso, calificando la causa como persecución política. Las medidas enfurecieron a muchos en Brasilia, pero entusiasmaron al núcleo duro de Bolsonaro, que vio en la solidaridad estadounidense una reivindicación.
En casa, la reacción fue contenida. La izquierda celebró, aunque sin triunfalismo, temerosa de avivar tensiones. Los seguidores de Bolsonaro organizaron pequeñas y dispersas protestas, lejos de las grandes movilizaciones de su presidencia. El cansancio de la confrontación era palpable.
Sin embargo, los problemas legales de Bolsonaro van mucho más allá de este caso. Está inhabilitado para postularse a un cargo durante ocho años y aún enfrenta investigaciones por obstrucción a la justicia, desinformación y mal manejo de bienes públicos. El veredicto por intento de golpe ahora actúa como una prueba de resistencia para las instituciones brasileñas: ¿respetará el Congreso al tribunal o buscará formas de mitigar su impacto? ¿Puede el poder judicial hacer cumplir la rendición de cuentas sin ser acusado de extralimitarse? Éstos son los dilemas de una democracia que aún prueba su resiliencia.
Maniobras de amnistía y la audición de un sucesor
Incluso antes de que el veredicto quedara firme, comenzó el movimiento. El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas—exministro de Infraestructura conocido por su competencia tecnocrática—viajó a Brasilia para presionar por una amnistía. Públicamente prometió que, de ser presidente, indultaría a Bolsonaro. En privado, supuestamente obtuvo la bendición de Bolsonaro para impulsar la causa. La coreografía parecía menos lealtad que un discreto lanzamiento de campaña.
De Freitas insiste en que no será candidato, pero la élite empresarial brasileña y muchos conservadores ya lo ven como el aspirante más viable para 2026. Ofrece continuidad con la agenda de Bolsonaro pero sin la guerra permanente contra las instituciones. Eso lo hace atractivo para los moderados, pero peligroso para la familia Bolsonaro, que tiene ambiciones dinásticas. El diputado Eduardo Bolsonaro ha insinuado su propia candidatura; el senador Flávio Bolsonaro también es mencionado. Algunos en el movimiento quieren mantener el liderazgo en la familia. Otros, cansados de la crisis, prefieren un abanderado más amplio y “limpio”.
El Congreso refleja esa división. Circulan proyectos de amnistía: algunos absolverían a Bolsonaro directamente, otros cubrirían solo a sus seguidores condenados por el asalto del 8 de enero. La propuesta más popular lo protegería de la cárcel pero no restauraría sus derechos políticos, dejándolo inhabilitado para competir. Por ahora, los líderes del Congreso han evitado someter cualquier versión a votación. Saben que la decisión real podría recaer en el próximo presidente, no en esta legislatura.
EFE@Antonio Lacerda
Cómo será la derecha después de Bolsonaro
El debate en la derecha es menos sobre política que sobre estilo y riesgos. Bolsonaro construyó su movimiento sobre el agravio cultural y la confrontación con las instituciones. Eso energizó a millones pero terminó en desastre legal. De Freitas ofrece algo distinto: competencia en lugar de confrontación, proyectos de ingeniería en vez de retórica incendiaria. Sus partidarios creen que eso lo hace elegible, capaz de unir a los conservadores y atraer a centristas de la coalición de Lula.
Los escépticos lo acusan de oportunismo, señalando que su lealtad a Bolsonaro se endureció solo cuando se acercó 2026. Pero la política se rige por la aritmética. Bolsonaro no puede competir. Puede pasar buena parte de la próxima década enredado en apelaciones e investigaciones. Un electorado fatigado, mientras tanto, busca un gestor, no un mártir.
Eso no borra la gravedad de Bolsonaro. Sigue siendo la voz que puede bendecir o sabotear a un sucesor. De Freitas ha prometido buscar su aprobación antes de postularse. La familia insinúa la sucesión desde dentro. Y la hostilidad de EE. UU. hacia el poder judicial brasileño aún podría convertir una saga legal en un grito nacionalista—irónicamente reforzando la separación entre política y crimen que el tribunal insiste en mantener.
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Por ahora, dos relojes marcan el ritmo en Brasilia. El reloj judicial cuenta apelaciones y trámites de sentencia. El reloj político avanza hacia 2026, mientras los partidos prueban consignas, miden coaliciones y calculan el costo de una amnistía. Entre ambos se alza un veredicto sin precedentes en la historia de Brasil: un presidente condenado por conspirar contra la democracia y una derecha obligada a decidir si su futuro está en la lealtad a un líder caído—o en la reinvención de su legado.
