Colombia, un país rico en recursos naturales, posee el 50% del total de paramos del mundo, ocupa el segundo puesto en biodiversidad a nivel mundial y, cuenta con la posición geográfica más estratégica de toda América Latina

Pese a estas ventajas, la situación agraria del país enfrenta un panorama difícil e históricamente incomprendido. Según el Ministerio de Agricultura, el país cuenta con 42,3 millones de hectáreas para uso agropecuario, el 80% de estas está destinado a la siembra de pasto para explotación ganadera y el 20% restante destinado a la agricultura. De este porcentaje, 7,1 millones de hectáreas son utilizadas para la siembra de café, yuca agria, palma de cera y caña de azúcar. Aproximadamente, 1,4 millones de hectáreas son sembradas por cerca de 5 millones de pequeños campesinos que producen el 43% de los alimentos que se consumen en Colombia.

De acuerdo con las cifras, los pequeños campesinos viven con $200.000 mil pesos durante un mes, equivalente a aproximadamente 66 dólares mensuales. Asimismo, el 15% de ellos son analfabetas, el 83% de los niños y niñas no van a la escuela, el 80% no termina la secundaria, el 1% va a la universidad. Adicionalmente, el 60% de campesinos no tiene agua, el 85% no cuenta con servicio de alcantarillado y, el 65% de ellos nunca ha recibido asistencia técnica, maquinaria o crédito. Entonces, para analizar la situación de derechos humanos de forma proporcional a las condiciones socioeconómicas de los campesinos en Colombia, es necesario recordar que los Estados violan los derechos humanos de las personas bien sea por complacencia directa e indirecta y por omisión. Lo anterior conlleva a una responsabilidad estatal directa en las condiciones de pobreza, difícil acceso a la tierra, y vulneración de las comunidades rurales, indígenas y afro descendientes.

La tierra ha sido el catalizador que permite la continuación de la guerra y la violencia en el país, es la fuente principal de financiación de los grupos armados y, es también la fuente de poder y dominio de unos sobre otros. Se trata de un contexto de conflicto que lleva alrededor de 7 millones de personas desplazadas en el marco de disputa y enfrentamiento entre grupos armados de corte paramilitar, grupos armados guerrilleros y, grupos armados legales en el país. Además, las relaciones de amiguismo entre grupos armados paraestatales y grupos legales estatales dan muestra de la convivencia de carácter estructural que deslegitima la creencia en un estado protector y garantizador de derechos. Ejemplo de esto es la zona del Urabá, donde organizaciones sociales e investigaciones de instituciones como del Centro Nacional de Memoria Histórica dan cuenta de la complacencia del Estado colombiano hacia grupos paramilitares en el dominio, control y usufructo de la tierra en la zona.

La concentración de la tierra encontró como aliado la violencia y la intimidación para despojar y apropiar. Por su parte, el asesinato de líderes sociales reclamantes y defensores de tierras en Colombia  ha sido una constante, es en una herramienta con fines de dominación, control y explotación. Lo anterior, tiene como consecuencia la negación de capacidades de acción colectiva y el impulso del miedo y desconfianza refuerzan y legitiman estándares y ordenes sociales sustentados en la violencia. La Defensoría del Pueblo, reconoce que los grupos armados dedicados a fundamentalmente al narcotráfico y a las económicas ilegales,  “asociadas con intereses particulares, dedicados a la apropiación y despojo de tierras e impedir futuros procesos de reparación y restitución a las víctimas, configuran estructuras que despliegan acciones violentas, agresiones y amenazas contra los líderes sociales y comunitarios; defensores de derechos humanos y representantes de organizaciones sindicales, así como víctimas de desplazamiento forzado”.

Los ataques a defensores y defensoras de derechos humanos están enfocados principalmente en atentados contra la vida y la integridad personal. La información recolectada por la Defensoría del pueblo expone que “durante el año 2016 fueron asesinados 134 líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos en Colombia. Del total de víctimas, en Antioquia se presentaron 18 casos, […] Por otra parte, entre el primero (01) de enero y hasta el cinco (05) de marzo de 2017 se habían registrado 22 homicidios contra líderes sociales en el departamento de Antioquia”. La misma entidad logró identificar que el 69% de las víctimas de ataques en el país desarrollaban una labor comunitaria de reivindicación de derechos de zonas rurales. El 25% pertenecían a líderes originarios de pueblos y comunidades indígenas. En este sentido, existe un alto nivel de víctimas que ejercieron como líderes de Juntas de Acción Comunal y se evidencia que el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos tienen un alto nivel de afectación.

Así, los conflictos territoriales destruyen la económica campesina, imponen proyectos de minería a gran escala, e implementan megaproyectos industriales o agropecuarios. Estas situaciones repercuten de manera significativa en la forma de vivir y estar en los territorios, pintando con colores maquiavelismos paisajes de desplazamiento, despojo, y destrucción ambiental.

Latin American Post | Laura María Díaz

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